Los Estados miembros de la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo político provisional para intensificar la lucha contra el fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA). El objetivo es reforzar la cooperación entre las haciendas nacionales y organismos de la UE como la Fiscalía Europea (EPPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El marco revisado permitirá a estas instituciones acceder de forma “más directa” a los datos relativos a operaciones transfronterizas, entre ellos la información que recopila Eurofisc, la red europea especializada en combatir el fraude del IVA. Con ello se persigue mejorar la detección temprana de actividades irregulares y esquemas delictivos complejos.
Las nuevas disposiciones están diseñadas para facilitar las pesquisas sobre delitos vinculados al IVA, entre ellos el conocido fraude carrusel, mediante el cual determinadas empresas aparentan intercambios comerciales entre países de la UE para reclamar el impuesto y dejar de ingresarlo después. De acuerdo con la Comisión Europea, este tipo de prácticas provoca cada año pérdidas estimadas de entre 12.500 y 32.800 millones de euros.
Gracias a este pacto, la EPPO y la OLAF tendrán acceso a información “de primera mano” para abrir y respaldar investigaciones en el ámbito de sus competencias. Según los Veintisiete, esta mejora en el flujo de datos permitirá una coordinación más eficaz entre autoridades, agilizar los procedimientos y aumentar la capacidad de la UE para atajar el fraude que menoscaba sus intereses financieros.
La iniciativa se implementará mediante la modificación del reglamento sobre cooperación administrativa en materia de IVA. Una vez que el Parlamento Europeo emita su dictamen preceptivo, el Consejo procederá a la adopción formal del texto, que entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.