Madrid llevará a los tribunales el decreto estatal sobre centros de datos y exigirá medidas cautelares

La Comunidad de Madrid recurrirá el decreto estatal de centros de datos, pedirá medidas cautelares y lo llevará a Europa por invasión de competencias.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde  Joaquin Corchero - Europa Press

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El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido impugnar ante la Justicia el Real Decreto sobre Centros de Procesamiento de Datos (CPD) aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, solicitar medidas cautelares y elevar el conflicto a las instituciones europeas con el objetivo de frenar su aplicación, al entender que supone una invasión de competencias autonómicas.

El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes a esta regulación, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto con el de Economía y Transformación Digital, con la que el Gobierno central culmina el marco normativo para los CPD antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que, sin esta norma, la expansión de estas instalaciones habría implicado un sobrecoste anual de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica y un incremento del 25% en el recibo de la industria.

Frente a este planteamiento, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha calificado el decreto como un "grave error" por imponer "unas exigencias desproporcionadas", generar "inseguridad jurídica" y "poner en riesgo miles de millones de euros en inversiones que son fundamentales para el futuro económico y tecnológico de nuestro país, y especialmente para la Comunidad de Madrid".

"Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez legisla a espaldas de las empresas, los sectores productivos y las comunidades autónomas", ha censurado el consejero, subrayando que desde el Ejecutivo autonómico no se puede consentir "que una regulación mucho más restrictiva que la europea expulse a las empresas, frene nuevos proyectos y comprometa la competitividad" de la región.

López-Valverde ha insistido en que el Gobierno regional llegará "hasta el final". "Recurriremos este decreto ante los tribunales, solicitaremos medidas cautelares y denunciaremos esta iniciativa ante las instituciones europeas. La Comunidad de Madrid va a defender sus competencias, pero también su empleo, sus inversiones y su liderazgo tecnológico", ha afirmado.

Desde la Comunidad de Madrid sostienen que, a partir del 30 de noviembre, un día después de los comicios generales, este decreto quedará derogado y se devolverá la seguridad jurídica al tejido industrial.

El consejero ha rememorado que, desde que el Gobierno central presentó el borrador en septiembre, la Comunidad de Madrid viene alertando de su impacto "nefasto" sobre el sector. "Este decreto nunca debería haber salido, ya que contaba con el rechazo frontal y críticas fundamentadas de todo el sector", ha señalado.

Según sus cálculos, la norma pone en riesgo 69.000 millones de euros en inversiones en el conjunto del país y más de 26.000 millones en la región, "por culpa de unos criterios demasiado restrictivos, que ahuyentan a las empresas hacia otros mercados menos exigentes", ha indicado, reiterando que "es una norma mucho más restrictiva que la europea, lo que hará que las compañías prefieran invertir en otros países".

A su juicio, la obligación de cumplir los parámetros energéticos fijados por el Ejecutivo central en este decreto obligaría a las empresas a afrontar inversiones multimillonarias adicionales, encarecería el coste de la electricidad y agravaría la incertidumbre en materia de suministro energético.