Pensiones en España: 8 claves para entender cuánto cuestan, cómo se financian y qué retos afrontan hasta 2050

Gasto, financiación, déficit, cotizantes, edad de jubilación y previsiones hasta 2050: las claves para entender las cifras y los retos del sistema público de pensiones

Manifestación de pensionistas el pasado 16 de septiembre en Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

Manifestación de pensionistas el pasado 16 de septiembre en Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

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Unos y otros dan la versión de la situación y sostienen que su estrategia es la adecuada. Es algo subjetivo y, por tanto, el tiempo dará o quitará razones. Pero también hay datos, hechos objetivos, que pueden servir servir para entender mucho mejor cuál es la estado actual y, por qué no, también para analizar las propuestas políticas con una base de conocimiento que permita entenderlas y valorarlas.

En DEMÓCRATA planteamos 8 preguntas y respuestas sobre las pensiones, obtenidas todas ellas con cifras oficiales.

¿Cuánto gasta España en pagar las pensiones?

En septiembre de 2026, la Seguridad Social abonó 10.547.417 pensiones y la nómina mensual ascendió a 14.498,2 millones de euros. La cifra incluye las prestaciones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares. En el conjunto de 2025, el gasto anual en pensiones contributivas se situó en torno a los 189.600 millones de euros. La media aritmética mensual supera los 15.800 millones, aunque no equivale a una nómina ordinaria porque existen dos pagas extraordinarias.

¿Cuántas pensiones superan los 2.000 euros?

La distribución por cuantía permite observar el peso de las prestaciones de menor importe y de las pensiones más elevadas. Según los datos recopilados para septiembre de 2026, algo más de una de cada cinco pensiones supera los 2.000 euros mensuales.

Importe mensual Pensiones Porcentaje
Hasta 1.500 € 7.155.614 67,84 %
De 1.500,01 a 2.000 € 1.267.765 12,02 %
Más de 2.000 € 2.124.038 20,14 %

La estadística contabiliza pensiones, no personas: un mismo beneficiario puede percibir más de una prestación contributiva.

¿Cómo se financia el sistema?

Las cotizaciones sociales son la principal fuente de ingresos, pero el sistema también recibe transferencias públicas. En 2025, las cotizaciones sumaron 176.918 millones de euros y las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendieron a 52.990 millones, de los que 47.815 millones procedieron del Estado y organismos autónomos.

Magnitud de 2025 Importe
Cotizaciones sociales 176.918 millones €
Transferencias recibidas 52.990 millones €
Transferencias del Estado y organismos autónomos 47.815 millones €

Las transferencias no se destinan exclusivamente a pagar pensiones: la Seguridad Social cubre también otras prestaciones y obligaciones. Por eso, no puede calcularse con estas cifras un porcentaje exacto de las pensiones financiado por cada vía.

¿Qué déficit y deuda tiene la Seguridad Social?

La Seguridad Social cerró 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, equivalente al 0,4 % del PIB. El saldo negativo había sido de 9.834 millones en 2024, por lo que se redujo en 2.447 millones en un año.

La deuda de las Administraciones de la Seguridad Social es un indicador distinto del déficit anual y no debe atribuirse íntegramente al pago de las pensiones. La deuda pública total incluye, además, al Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

¿Cuántos cotizantes hay por pensionista?

La relación entre cotizantes y pensionistas alcanzó 2,51 en septiembre de 2026, su nivel más alto desde 2011, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ratio había sido de 2,08 en junio de 2016 y de 2,37 en junio de 2026. Este indicador ofrece una referencia sobre la relación entre empleo y pensiones, pero no basta por sí solo para medir la sostenibilidad del sistema: también influyen los salarios, las bases de cotización, el importe de las prestaciones y las transferencias públicas.

¿Cuánto subirán las pensiones en 2027 y a qué edad se jubilará la población?

La subida de las pensiones contributivas se calcula con la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses previos a diciembre. Para enero de 2027, el porcentaje definitivo dependerá de la inflación hasta noviembre de 2026. A 15 de octubre todavía no se conocía la cifra final; las estimaciones publicadas hasta entonces eran provisionales.

Año Cotización exigida para jubilarse a los 65 Edad ordinaria con menos cotización
2026 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses
2027 38 años y 6 meses 67 años

La edad efectiva media de acceso a la jubilación se situó en 65,3 años en 2025, frente a los 64,4 años de 2019. Ese mismo año, el 27,9 % de las nuevas jubilaciones fueron anticipadas y el 10,9 % demoradas.

¿Cuánto aumentará el gasto en pensiones hasta 2050?

La AIReF prevé que el gasto bruto en pensiones pase del 13 % del PIB en 2025 al 16,4 % en 2050, un aumento de 3,4 puntos porcentuales. El envejecimiento de la población y la jubilación de las generaciones del baby boom explican buena parte del incremento.

Previsión de la AIReF Porcentaje del PIB
Gasto bruto en 2025 13 %
Gasto bruto en 2050 16,4 %
Media del gasto bruto entre 2022 y 2050 14,6 %
Media neta de medidas de ingresos entre 2022 y 2050 13 %

La media neta descuenta el efecto estimado de las medidas aprobadas para aumentar los ingresos. No es una previsión del gasto neto para 2050, sino el promedio del periodo 2022-2050.

¿Cuánto dinero tiene la hucha de las pensiones?

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social tenía un valor de 13.683,81 millones de euros a 30 de noviembre de 2025. En diciembre, el Ministerio anunció que esperaba cerrar el ejercicio por encima de los 14.000 millones, aunque esa previsión no equivale a un saldo definitivo actualizado a octubre de 2026.

El fondo sirve como reserva para afrontar necesidades del sistema de pensiones. Desde 2023 recibe ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya recaudación se destina íntegramente a nutrirlo. Sus activos están invertidos casi en su totalidad en deuda pública española.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿En qué punto se encuentra la tramitación parlamentaria de las reformas recientes sobre el sistema de pensiones en España?

Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, las grandes reformas del sistema público de pensiones acordadas entre 2021 y 2023 están ya cerradas (no hay un proyecto de ley global en trámite), y lo que queda vivo en las Cortes en octubre de 2026 son ajustes parciales y debates sobre aspectos concretos (jubilación anticipada, mutualidades, compatibilidad pensión‑trabajo, etc.).

1. Bloque central de reforma (2021‑2023): ya consolidado

El núcleo de la reforma reciente se articula en:

  • Ley 21/2021 (garantía del poder adquisitivo y revalorización con el IPC).
  • Ley 12/2022 sobre planes de pensiones de empleo.
  • Real Decreto‑ley 13/2022 sobre cotización de autónomos.
  • Real Decreto‑ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y establecer un nuevo marco de sostenibilidad (texto en el Congreso).

Este último decreto‑ley —la pieza más claramente “estructural”— fue convalidado por el Congreso en marzo de 2023 y no se tramitó como proyecto de ley. Eso significa que, hoy, no hay tramitación parlamentaria abierta sobre ese bloque: la reforma rige ya como derecho vigente y los ajustes se hacen por reales decretos‑ley y normas de desarrollo, no mediante una nueva “ley general de reforma de pensiones”.

2. Ajustes recientes vía reales decretos‑ley: convalidados pero con proyectos caducados

Desde 2024 el Gobierno ha utilizado sobre todo el decreto‑ley para adaptar el sistema y fijar las subidas anuales:

  • Real Decreto‑ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. El Congreso lo convalidó el 22‑01‑2025, con 298 votos a favor y acordó su tramitación como proyecto de ley por vía de urgencia (nota oficial). Ese proyecto (121/000045) ha caducado el 6‑10‑2026, por lo que solo permanece en vigor el texto del decreto‑ley convalidado.
  • Real Decreto‑ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social (BOE). Fue convalidado por el Congreso el 26‑02‑2026 y enviado a tramitación urgente como proyecto de ley (nota del Congreso), pero el proyecto resultante (121/000086) también ha caducado el 6‑10‑2026. De nuevo, las medidas de revalorización rigen vía decreto‑ley, sin ley posterior modificada por enmiendas.
  • Otros decretos‑ley (por ejemplo el RDL 1/2025, de medidas urgentes en materia económica y de Seguridad Social) se tramitaron como proyectos de ley (121/000047), pero esos proyectos han caducado igualmente el 6‑10‑2026.

En resumen: las piezas recientes clave están ya convalidadas y en vigor, pero sus desarrollos como proyectos de ley han decaído con la disolución de las Cortes.

3. Reformas parciales aprobadas: mutualidades alternativas

Sí hay una reforma específica aprobada ya con el circuito completo Congreso‑Senado:

  • La proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas (122/000143), impulsada en el Congreso y tramitada también en el Senado ((15)624/000008), ha sido aprobada definitivamente en julio de 2026, incorporando enmiendas del Senado, y “queda lista para su publicación en el BOE y su entrada en vigor” (nota del Congreso).

Esta ley afecta de lleno al sistema de Seguridad Social (integración de profesionales colegiados en el RETA, cómputo de derechos para pensión, etc.), pero no reabre el diseño global del sistema de pensiones.

4. Iniciativas y reformas sobre jubilación anticipada y poder adquisitivo: muchas caducadas

En la actual legislatura se han registrado varias proposiciones de ley centradas en pensiones, que han decaído el 6‑10‑2026:

  • Proposiciones del Grupo Popular para garantizar el poder adquisitivo y la revalorización de las pensiones en 2025 y 2026 (122/000235, 122/000151): caducadas.
  • Proposiciones para reconocer coeficientes reductores de la edad de jubilación a Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera (124/000011, 124/000031): caducadas.

La excepción es una iniciativa muy reciente:

  • La Proposición de Ley de jubilación sin penalización tras 40 años cotizados, impulsada por el Grupo Mixto a iniciativa de Podemos, fue tomada en consideración por el Pleno el 22‑09‑2026. Tras superar ese primer debate, está ahora en fase de comisión y de presentación de enmiendas, según explica el propio Congreso en su nota de prensa sobre el inicio de la tramitación.
5. Papel del Senado y del debate político

El Senado no interviene en la convalidación de los reales decretos‑leyes, de modo que las grandes decisiones sobre revalorización y compatibilidad pensión‑trabajo se han tomado en el Pleno del Congreso. El Senado solo entra cuando hay proyecto de ley derivado de esos decretos (como en la ley de mutualidades); muchos de esos proyectos, sin embargo, han caducado antes de cerrar su recorrido.

Paralelamente, la Comisión del Pacto de Toledo mantiene comparecencias y debates de evaluación del sistema, pero sin un nuevo texto de reforma integral en marcha. El mensaje político dominante del Gobierno, avalado por análisis como los de la AIReF y recogido en diversas notas de prensa, es que el ciclo de reformas 2021‑2023 y los ajustes posteriores permiten considerar el sistema sostenible a medio plazo, sin necesidad inmediata de otra gran reforma legislativa.

En síntesis: hoy no hay una “nueva gran reforma de pensiones” en tramitación parlamentaria; lo que está vivo son piezas concretas (jubilación sin penalización tras 40 años, integración de mutualistas, compatibilidad empleo‑pensión ya aprobada) sobre la arquitectura que dejaron cerrada las reformas de 2021‑2023.

¿Cuáles son las competencias legales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación con las pensiones?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) es el departamento del Gobierno responsable de dirigir y ejecutar la política estatal en materia de Seguridad Social y pensiones. Sus competencias legales se definen fundamentalmente en normas de estructura ministerial y en la legislación de Seguridad Social.

1. Marco normativo básico de las competencias

Las funciones del MISSM en relación con las pensiones se apoyan, principalmente, en:

  • Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, que atribuye al MISSM la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas.
  • Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, sobre estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Su artículo 20 configura la estructura del MISSM (Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, etc.). Texto en BOE
  • Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, que desarrolla la estructura orgánica básica del MISSM y concreta las funciones de cada órgano. Es la norma clave para las competencias en pensiones. Texto en BOE
  • Sus modificaciones posteriores, en particular:
    • Real Decreto 689/2025, de 29 de julio, que ajusta varios artículos del RD 501/2024. Texto en BOE
    • Real Decreto 616/2026, de 22 de julio, que vuelve a modificar el RD 501/2024. Texto en BOE
  • La normativa material de Seguridad Social, sobre todo el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula el sistema de pensiones y a cuya aplicación da contenido la acción del Ministerio.

Estas normas sitúan al MISSM como responsable político y normativo del sistema, mientras que la gestión directa se encomienda a entidades gestoras y servicios comunes adscritos al propio Ministerio.

2. Dirección política y normativa del sistema de pensiones

El artículo 1 del RD 501/2024 define al MISSM como el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas. Sobre esta base, el Ministerio asume funciones de:

  • Impulso normativo: elaboración y propuesta de leyes y reglamentos que regulan el sistema de pensiones (jubilación, incapacidad, supervivencia, revalorización, sostenibilidad, etc.), incluyendo reformas como las vinculadas a la garantía del poder adquisitivo o a la sostenibilidad financiera.
  • Ordenación jurídica del sistema: el artículo 2 del RD 501/2024 atribuye a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones el impulso y dirección de la ordenación jurídica de la Seguridad Social y de las pensiones.
  • Planificación económico-financiera: la Secretaría de Estado dirige la planificación y análisis económico y financiero del sistema de la Seguridad Social y de las pensiones, así como la coordinación de la gestión de sus recursos financieros y del gasto en pensiones.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (art. 3 RD 501/2024) realiza, entre otras, las funciones de elaboración e interpretación de las normas del sistema, estudios económicos y actuariales y propuestas de reforma del marco de pensiones.

3. Competencias de gestión y tutela de las pensiones

El MISSM no paga directamente la mayoría de las pensiones, pero tiene la dirección y tutela del entramado gestor:

  • La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ejerce la dirección y tutela de las entidades gestoras y servicios comunes adscritos al Ministerio, en particular:
    • Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado del reconocimiento y gestión de las prestaciones económicas contributivas (jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad, etc.).
    • Tesorería General de la Seguridad Social, responsable de la afiliación, cotización y recaudación, esenciales para la financiación de las pensiones.
    • El Instituto Social de la Marina y otros servicios comunes, en sus regímenes específicos.
  • La Intervención General de la Seguridad Social, adscrita también al ámbito del MISSM, es el órgano de control interno y dirección de la contabilidad de las entidades del sistema, con impacto directo en el control del gasto en pensiones.

En materia de Clases Pasivas del Estado, el Ministerio ha asumido las funciones de reconocimiento, gestión y propuesta de pago de las prestaciones, de acuerdo con la legislación específica de este régimen y con los reales decretos de estructura que le atribuyen estas competencias.

4. Revalorización y cuantías de las pensiones

En aplicación de la LGSS (por ejemplo, su artículo 58), y de las leyes anuales de presupuestos, el MISSM:

  • Propone y tramita las normas que fijan la revalorización anual de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas.
  • Desarrolla reglamentariamente los criterios de actualización y límites (pensiones mínimas, complementos a mínimos, topes máximos, etc.).
  • Gestiona, a través del INSS u otros entes, la aplicación de esas normas en las nóminas mensuales y pagas extraordinarias.

Los acuerdos de Consejo de Ministros sobre revalorización o sobre complementos de pensiones mínimas se tramitan “a propuesta” de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que refleja su liderazgo político en este ámbito.

5. Pensiones no contributivas, inclusión y dimensión migratoria

Dentro de la acción protectora regulada por la LGSS, el MISSM también ejerce competencias en relación con las pensiones no contributivas (jubilación e invalidez), en términos de diseño normativo, financiación estatal y coordinación de la gestión que realizan comunidades autónomas e IMSERSO.

Aunque las políticas de migraciones se regulan en otros títulos del RD 501/2024, tienen impacto indirecto en pensiones (por ejemplo, en la configuración de derechos de Seguridad Social de personas migrantes y retornados), de forma que el Ministerio integra esta dimensión en la ordenación general del sistema.

6. Límites y coordinación interinstitucional

Finalmente, las competencias del MISSM se ejercen:

  • Sin sustituir al legislador: el Ministerio impulsa proyectos, pero las leyes de pensiones las aprueban las Cortes Generales.
  • En coordinación con otros ministerios (por ejemplo, Trabajo en materia laboral) y con las comunidades autónomas, en los ámbitos en que estas tienen funciones de gestión.
  • Respetando el marco constitucional (artículos 41 y 50 CE) y la legislación básica de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
¿Puedes detallar el contenido del artículo 2 del Real Decreto 501/2024 sobre la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones? ¿Qué papel tiene exactamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el reconocimiento de las distintas modalidades de pensión? ¿Cómo se coordina el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con otros ministerios en las reformas del sistema de pensiones?

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para acceder a una pensión contributiva en el sistema español?

El acceso a una pensión contributiva de jubilación en España se rige principalmente por el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sucesivamente modificado por normas como la Ley 21/2021 y varios reales decretos-ley (entre otros, los de 2018, 2022, 2023 y 2024). Sobre esa base legal, pueden resumirse los requisitos esenciales de la pensión contributiva de jubilación ordinaria.

1. Marco general de la pensión contributiva

La pensión contributiva de jubilación es una prestación económica vitalicia de la Seguridad Social que protege la pérdida de ingresos derivada del cese definitivo o parcial en el trabajo por llegar a la edad de jubilación. No es una prestación asistencial: está vinculada a las cotizaciones previas del trabajador a la Seguridad Social.

2. Requisitos básicos de acceso

a) Edad ordinaria de jubilación

El TRLGSS establece una edad legal de jubilación ordinaria (recogida en su artículo 205.1.a)), que se sitúa en un intervalo que depende de:

  • El año de nacimiento de la persona trabajadora.
  • Los años efectivamente cotizados a lo largo de su vida laboral.

Esa edad legal se ha ido elevando progresivamente, de acuerdo con un calendario transitorio, y puede ser algo inferior cuando se acredita una carrera de cotización especialmente larga, y superior cuando la vida laboral ha sido más corta. La normativa prevé, además, modalidades distintas (jubilación anticipada, demorada, parcial, activa…), pero el punto de referencia sigue siendo la edad ordinaria que fija el artículo 205.

b) Períodos de cotización

Para causar derecho a la pensión contributiva es necesario acreditar un período mínimo de cotización (lo que en la práctica se conoce como carencia genérica y específica). La ley exige:

  • Un mínimo global de años cotizados a lo largo de toda la vida laboral (carencia genérica).
  • Que una parte de esas cotizaciones se sitúe en un periodo de referencia inmediatamente anterior al hecho causante, es decir, en los años próximos a la jubilación (carencia específica).

El TRLGSS contiene reglas detalladas sobre cómo computar esos periodos y cómo integrar lagunas de cotización a efectos del cálculo de la base reguladora (por ejemplo, integrando ciertos meses sin obligación de cotizar con bases mínimas, según el artículo que regula la base reguladora de la pensión).

c) Situación de alta o asimilada al alta

Como regla general, el trabajador debe encontrarse:

  • En situación de alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social (por ejemplo, Régimen General, autónomos, etc.), o
  • En situación asimilada al alta prevista por la ley (ciertas situaciones de desempleo, convenios especiales, etc.).

Para supuestos en que el interesado no está en alta ni asimilada, la norma recoge supuestos específicos en los que, si se cumplen determinadas condiciones de cotización, sigue siendo posible causar derecho a la pensión.

d) Hecho causante y solicitud

El TRLGSS dispone que el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescriptible; sin embargo, los efectos económicos se limitan normalmente a los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud cuando la jubilación se produce desde situación de alta.

Es imprescindible solicitar la pensión ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el instituto social correspondiente, aportando la documentación que acredite identidad, cotizaciones y situación laboral.

3. Compatibilidades e incompatibilidades con el trabajo

El TRLGSS establece, con carácter general, que el disfrute de la pensión de jubilación contributiva es incompatible con el trabajo del pensionista, aunque introduce varias excepciones y modalidades de compatibilidad:

  • Compatibilidad limitada con trabajos por cuenta propia: la pensión es compatible con actividades económicas cuyos ingresos anuales no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Por estas actividades no existe obligación de cotizar, y no generan nuevos derechos de pensión.
  • Jubilación activa o compatibilidad amplia: una vez cumplida la edad legal de jubilación y acreditado el periodo mínimo de cotización, la norma permite compatibilizar el cobro de un porcentaje de la pensión con un trabajo por cuenta ajena (a tiempo completo o parcial) o por cuenta propia. La cuantía de la pensión en esta situación se fija como un porcentaje de la pensión reconocida, que aumenta en función de los años en que se haya demorado la jubilación ordinaria.
  • Jubilación parcial y contratos de relevo: se contempla la compatibilidad entre una pensión de jubilación parcial y un trabajo a tiempo parcial, bajo determinadas condiciones de reducción de jornada y de existencia de un contrato de relevo, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para socios trabajadores de cooperativas.
  • Incompatibilidades en el sector público y altos cargos: el desempeño de determinados puestos en el sector público, así como de los altos cargos regulados por la Ley 3/2015, es incompatible con el cobro simultáneo de la pensión contributiva de jubilación; en estos casos, el pago de la pensión queda suspendido mientras dure el cargo.

Además, normas recientes (como el Real Decreto 416/2026 y el Real Decreto-ley 11/2024) desarrollan y ajustan el régimen de compatibilidad de la pensión con el trabajo (jubilación flexible, demorada, jubilación activa), sin alterar los elementos básicos: edad legal, periodos de cotización y necesidad de alta o asimilación al alta.

En la práctica, para un caso concreto resulta aconsejable acudir a los servicios de información de la Seguridad Social o a la simulación oficial de jubilación, que aplica automáticamente la normativa vigente (incluidas las reformas más recientes) a la situación personal de cada trabajador.

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¿Cuál fue el gasto anual en pensiones contributivas en España durante 2025?

Pregunta 1 de 3

¿Qué porcentaje de pensiones contributivas superaron los 2.000 euros mensuales en septiembre de 2026?

Pregunta 2 de 3

¿Qué previsión hace la AIReF sobre el gasto en pensiones respecto al PIB en 2050?

Pregunta 3 de 3