El futuro de las pensiones y el 29N: entre la continuidad del modelo, la reforma y su capitalización

La última norma aprobada en España que puede considerarse una reforma relevante de las pensiones es, en sentido estricto, el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social. Además, muy cerca en el tiempo está el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, que introduce cambios estructurales en jubilación activa y parcial. Ambos han seguido el mismo patrón parlamentario: fueron convalidados por el Congreso y remitidos a tramitarse como proyecto de ley, pero esa tramitación ha caducado.

Según los datos parlamentarios:

• El Real Decreto-ley 3/2026 se aprobó en Consejo de Ministros el 3 de febrero de 2026 y se publicó en el BOE el 4 de febrero de 2026 (texto en el BOE). Su objeto es la revalorización de las pensiones públicas y otras prestaciones para 2026, fijando, entre otros elementos, la subida general del 2,7 %, el límite de las cuantías máximas y la actualización de bases de cotización y del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
• El Pleno del Congreso convalidó el decreto-ley el 26 de febrero de 2026 y acordó, además, tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En el registro del Congreso esta tramitación figura como proyecto de ley con identificador 121/000086, procedente del decreto-ley 3/2026 (identificador 130/000034).
• Esa tramitación como proyecto de ley no llegó a completarse: consta que el proyecto de ley caducó el 6 de octubre de 2026. Es decir, el Congreso no terminó el recorrido parlamentario (enmiendas, dictamen, Senado, etc.) antes de que se cerrara la legislatura o el plazo, y el expediente quedó extinguido.

En cuanto al Real Decreto-ley 11/2024, centrado en la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo y en la regulación de la jubilación activa, parcial y otros ajustes en Seguridad Social:

• Se aprobó en Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2024 y se publicó en el BOE el 24 de diciembre de 2024 (publicación en el BOE).
• El Congreso lo convalidó y, de nuevo, decidió tramitarlo como proyecto de ley por urgencia, con identificadores parlamentarios 130/000014 (decreto-ley) y 121/000045 (proyecto de ley).
• Al igual que en el caso anterior, la tramitación del proyecto de ley caducó el 6 de octubre de 2026, sin llegar a aprobarse un texto de ley definitivo que sustituyera íntegramente al decreto-ley.

Por tanto, a la pregunta sobre en qué fase parlamentaria se encuentra actualmente la última reforma de las pensiones, la situación es la siguiente:

• La última norma sobre pensiones de alcance general, el Real Decreto-ley 3/2026, ya fue convalidada por el Congreso. Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, su tramitación como proyecto de ley está caducada: el expediente 121/000086 se cerró el 6 de octubre de 2026 sin culminar el proceso legislativo ordinario.
• Lo mismo ocurre con la reforma estructural previa del Real Decreto-ley 11/2024 (expediente 121/000045), cuya tramitación como proyecto de ley también caducó en esa misma fecha.
• En términos materiales, esto significa que la “fase parlamentaria” está concluida por caducidad del proyecto de ley, mientras que el contenido de los decretos-leyes sigue vigente tal como se publicó y se convalidó, hasta que otra norma posterior lo modifique o derogue.

En síntesis: la última reforma relevante de pensiones aprobada y en vigor descansa hoy sobre decretos-ley (en particular, el Real Decreto-ley 3/2026 y, para aspectos estructurales, el Real Decreto-ley 11/2024), que ya superaron la convalidación, pero cuya conversión en ley ordinaria mediante proyecto de ley se ha interrumpido por caducidad. No hay, a día de hoy, un proyecto de ley vivo en tramitación parlamentaria que esté desarrollando o sustituyendo esas reformas de pensiones.

Las competencias legales de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en materia de pensiones derivan, principalmente, de las normas de organización del Gobierno y de la Administración General del Estado y, de forma directa, del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, que desarrolla la estructura orgánica básica de su departamento. Sobre esta base, la ministra dirige la política de Seguridad Social y clases pasivas, impulsa y coordina la gestión del sistema de pensiones y ejerce la iniciativa normativa y de representación del Gobierno en este ámbito.

1. Marco general: Gobierno y Administración General del Estado

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, configura al Gobierno como el órgano que dirige la política interior y exterior y establece tres principios clave: dirección presidencial, colegialidad y principio departamental. Este último otorga al titular de cada ministerio “una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión”, lo que fundamenta que la ministra sea la responsable política y administrativa última de la materia de pensiones dentro de su departamento.

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ordena el régimen jurídico de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. Aunque el extracto consultado es general, deja claro que esta ley fija la organización y funcionamiento de los entes públicos y las relaciones internas entre Administraciones, lo que incluye el marco de actuación del Ministerio y de las entidades de Seguridad Social que gestionan pensiones bajo su tutela.

2. Competencias específicas del Ministerio en pensiones

El Real Decreto 501/2024 es la norma central que explicita las funciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

• Su artículo 1 define al Ministerio como el departamento “encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas”. Esto sitúa a la ministra como responsable de diseñar, impulsar y aplicar la política de pensiones contributivas y, en lo que corresponda, de las clases pasivas.
• El mismo precepto indica que el Ministerio desarrolla sus funciones, bajo la “superior dirección de la persona titular del Departamento”, a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y otros órganos superiores y directivos. Es decir, la ministra dirige políticamente el conjunto, pudiendo fijar prioridades, criterios de actuación y objetivos en materia de pensiones.

3. Gestión del sistema y tutela de entidades gestoras

El artículo 2 del Real Decreto 501/2024 concreta que a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, bajo la autoridad de la ministra, le corresponden, entre otras, las funciones de:

• “La dirección y tutela de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, adscritas al Departamento”. Estas entidades incluyen el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, que el propio artículo 2.4 declara adscritos a esta Secretaría de Estado.
• El “impulso y la dirección de la ordenación jurídica del sistema de la Seguridad Social y de las pensiones”, así como la planificación y el análisis económico y financiero del sistema y de las pensiones, y la dirección y coordinación de la gestión de sus recursos financieros y gastos.

Aunque estas tareas se atribuyen formalmente a la Secretaría de Estado, lo hacen “bajo la superior autoridad de la persona titular del Departamento”, de modo que la ministra ostenta la responsabilidad política y la capacidad de dirección sobre dicha gestión y tutela.

4. Iniciativa normativa y desarrollo de la legislación de pensiones

El Real Decreto 501/2024 asigna a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social funciones de “realización de las funciones de ordenación jurídica del sistema de la Seguridad Social, elaborando e interpretando las normas y disposiciones que afecten a dicho sistema” y de estudio, informe y, en su caso, propuesta de normas que regulan la Seguridad Social y las pensiones.

Estas competencias se insertan en el marco de la Ley 50/1997, que reserva al Gobierno la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. En la práctica, esto significa que la ministra:

• Dirige la elaboración de proyectos de ley y reales decretos en materia de pensiones que el Gobierno somete a las Cortes o aprueba.
• Impulsa, a través de sus órganos directivos, las modificaciones del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) que afecten a pensiones contributivas y no contributivas, así como al resto de prestaciones económicas del sistema.

5. Control interno, fondos de pensiones de empleo y representación

El mismo Real Decreto 501/2024 refuerza la posición del Ministerio en el ámbito de pensiones con otras dos piezas:

• La Intervención General de la Seguridad Social, como órgano de control interno y de dirección de la contabilidad de las entidades que integran el sistema, está vinculada al Ministerio, lo que dota a la ministra de herramientas de supervisión financiera sobre el gasto en pensiones.
• La Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos se adscribe al Ministerio a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, lo que sitúa bajo su órbita política este nuevo instrumento complementario al sistema público.

Además, la Secretaría General Técnica del Departamento asume funciones de relaciones internacionales, coordinación con la Unión Europea y elaboración de tratados y acuerdos internacionales en materias de su competencia, lo que incluye la representación del Gobierno en foros internacionales donde se tratan cuestiones de Seguridad Social y pensiones, siempre bajo la dirección de la ministra.

En conjunto, las normas consultadas muestran que la ministra ejerce una competencia amplia que abarca: la definición de la política de pensiones, la dirección estratégica y control del sistema y de sus entidades gestoras, la iniciativa y desarrollo normativo y la representación del Gobierno dentro y fuera de España en este ámbito.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023, los resultados para las dos principales fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados fueron los siguientes:

• Partido Popular (PP): 137 escaños
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 escaños

Estos datos corresponden a la distribución definitiva de escaños al Congreso surgida de aquellas elecciones. El Partido Popular fue la fuerza más votada y logró situarse como primer partido de la Cámara, mientras que el PSOE quedó en segunda posición, aunque con un resultado muy elevado en términos históricos recientes.

Relación entre ambos resultados

Si se comparan exclusivamente PP y PSOE, la diferencia clave es la distancia en representación parlamentaria:

• El PP obtuvo 16 escaños más que el PSOE (137 frente a 121).
• Ninguno de los dos partidos alcanzó por sí solo la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados sobre un total de 350.

Esta situación configuró un Congreso muy fragmentado, en el que el partido ganador en escaños (el PP) necesitaba alianzas con otras fuerzas del bloque de la derecha para intentar articular una mayoría, mientras que el PSOE, pese a quedar por detrás en escaños, también conservaba opciones de tejer una mayoría alternativa mediante acuerdos con otros grupos parlamentarios.

Contexto del resultado del PSOE

En el caso del PSOE, los 121 escaños del 23 de julio de 2023 son especialmente significativos en la trayectoria de Pedro Sánchez como candidato. De acuerdo con los análisis que comparan todas las generales en las que se ha presentado (2015, 2016, abril y noviembre de 2019 y 2023), esos comicios de 2023 marcaron su récord de votos y de porcentaje —en torno al 31,7–31,8 %—, pero no su máximo histórico de escaños:

• Su mayor número de diputados se registró en abril de 2019, con 123 escaños.
• En 2023 obtuvo 121 diputados, es decir, dos menos que en ese máximo previo, aunque con más votos totales.

Este contraste ilustra cómo, en el sistema electoral español, no existe una conversión mecánica entre votos y escaños a nivel estatal: la distribución territorial del voto, la fortaleza relativa de los demás partidos en cada provincia y la forma en que se reparten los últimos escaños de cada circunscripción pueden hacer que un aumento en votos no siempre se traduzca en un aumento proporcional de diputados.

Significado del resultado del PP

Para el Partido Popular, los 137 escaños supusieron un salto muy relevante respecto a su posición en las elecciones de noviembre de 2019, cuando el partido había quedado claramente por detrás del PSOE. El 23J consolidó al PP como primera fuerza parlamentaria, con una distancia moderada pero clara sobre los socialistas, y le situó en el centro de cualquier fórmula de gobierno basada en el bloque de derechas.

Sin embargo, el hecho de que la suma de los 137 diputados del PP no llegara a la mayoría absoluta obligaba también a este partido a buscar apoyos adicionales para una eventual investidura. El equilibrio final del Congreso tras las elecciones hizo que el foco político se desplazara inmediatamente de los resultados en escaños a la capacidad de cada bloque para tejer acuerdos consistentes y estables.

Resumen

• Últimas elecciones generales: 23 de julio de 2023.
• PP: 137 escaños, primera fuerza del Congreso.
• PSOE: 121 escaños, segunda fuerza pero con uno de sus mejores resultados recientes.
• Diferencia entre ambos: 16 escaños a favor del Partido Popular.
• Ninguno alcanzó por sí solo la mayoría absoluta de 176 diputados, lo que hizo imprescindibles las alianzas postelectorales.

En síntesis, las últimas elecciones generales dejaron un escenario en el que el PP se impuso en número de escaños, pero el PSOE mantuvo una representación muy relevante, y el verdadero desenlace político dependió, más que nunca, de la aritmética de pactos entre partidos.