El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a audiencia pública el desarrollo reglamentario que establece las condiciones específicas que deberán cumplir los centros de datos que se instalen en España.
El proyecto de decreto podrá recibir alegaciones desde este jueves hasta el próximo 4 de septiembre, después de que el Consejo de Ministros aprobara su tramitación por la vía de urgencia.
La norma, todavía sujeta a cambios, es un primer borrador del reglamento que pende de la regulación en materia energética que el Gobierno aprobó en el decreto-ley con la respuesta económica a la crisis provocada por guerra en Irán, a finales de marzo.
A partir de 1 MW
El grueso de las obligaciones se aplicará a los centros de datos cuya potencia de acceso a la red sea igual o superior a 1 MW y que se instalen a partir de la aprobación de la norma.
El Gobierno utiliza la potencia de acceso, y no la capacidad informática de la instalación, porque lo que pretende ordenar es precisamente un recurso limitado: la capacidad disponible en las redes de transporte y distribución.
Existe un segundo umbral. Los centros con una potencia de tecnología de la información de 500 kW o más tendrán obligaciones específicas de comunicación y publicidad de información sobre su rendimiento energético, consumo de renovables, huella hídrica y demanda.
Permanencia UE
Se exige la permanencia dentro de la UE de determinados datos operativos bajo control del operador, la trazabilidad del soporte prestado desde terceros países y la supervisión de los subcontratistas directos.
También deberán adoptarse medidas frente a solicitudes de acceso o transferencia de datos realizadas por autoridades de terceros países cuando sean contrarias al Derecho aplicable.
Protección especial del dato público
Para los sistemas de información del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad se prevé una protección adicional: solo podrán alojarlos si los datos controlados por las entidades públicas se tratan, almacenan y transfieren exclusivamente dentro de la Unión Europea.
La obligación alcanza también a metadatos, datos de telemetría, registros, réplicas y copias de seguridad. El objetivo declarado es mantener esos sistemas y toda su información sometidos al marco jurídico y jurisdiccional europeo durante su tratamiento.
Consumo vinculado a la renovable
El reglamento contempla requisitos de adicionalidad y correlación horaria para que la nueva demanda eléctrica creada por los centros de datos esté respaldada, en una proporción elevada y hora a hora, por nueva producción renovable.
Mientras las renovables no representen más del 90% del mix eléctrico, los proyectos deberán acreditar que cubren al menos el 80% de su electricidad consumida mediante generación renovable, ya sea a través de autoconsumo o utilizando instrumentos de cobertura a plazo.
Y ese consumo deberá ser adicional: cada nuevo megavatio (MW) de demanda eléctrica tendrá que respaldarse con un nuevo MW de potencia renovable instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha del 'data center', ya sea mediante autoconsumo o a través de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
Recagos como penalización
La regulación contempla un sistema de recargos sobre los peajes y cargos eléctricos que pagan los centros de datos cuando incumplan los requisitos establecidos. La penalización dependerá del incumplimiento y de si existe reiteración.
El dinero adicional recaudado mediante esos recargos contribuirá a financiar el sistema eléctrico y, según la memoria del decreto, permitirá reducir la factura soportada por el resto de consumidores, compensando parte de los costes provocados por esos incumplimientos.
Cuando exista un incumplimiento significativo y reiterado, el centro de datos podrá perder sus permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas.
Consumo eficiente de agua y energía
Dado el elevado consumo de agua y energía de estas infraestructuras, se establece que deberán ajustarse a los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo específico para centros de datos, que está siendo desarrollado por la Comisión Europea y se prevé que entre en vigor en el plazo de un año.
La propuesta prevé que se exija el nivel más alto de la norma europea, la categoría 'A', tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica.