Hasta el 90% de inversiones en centros de datos en riesgo. En ese porcentaje cifra Spain DC el efecto que sobre el sector podría tener el nuevo marco regulatorio que prepara el Gobierno de España, y que obligaría a que el 80% de la energía de estos centros procediera de renovables cada hora.
La asociación ha anunciado que presentará alegaciones al Proyecto de Real Decreto y reclama más tiempo para analizarlo y una mesa técnica con el sector. Consideran que “la intensidad y acumulación de algunas de las exigencias previstas, junto con el calendario planteado para su aplicación, pueden comprometer inversiones ya en marcha y dificultar la viabilidad de proyectos que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo”.
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No obstante, desde SpainDC aseguran que comparten “los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y crecimiento ordenado que persigue el Gobierno, pero sostienen que determinadas condiciones del Proyecto pueden reducir la capacidad de España para competir con otros mercados europeos a la hora de atraer nuevas inversiones digitales”.
Si el Real Decreto se aprueba en los términos actuales, subrayan, España pasaría a contar con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea. Esta orientación, añaden, contrasta con la de otros países comunitarios que, a su juicio, están tratando de combinar los objetivos de sostenibilidad y soberanía digital con la capacidad de atraer nuevos proyectos.
Preocupación por los proyectos ya iniciados
Uno de los principales motivos de preocupación para SpainDC es que las nuevas exigencias afectarían también a proyectos que comenzaron a desarrollarse bajo el marco regulatorio anterior. Algunos de ellos pueden acumular años de trabajo y contar ya con compromisos de inversión.
El presidente de la asociación, Emilio Díaz, apunta que las decisiones de inversión en este sector se adoptan a muy largo plazo. Cuando una Administración concede un permiso de acceso y conexión, explica, un proyecto puede haber comenzado ya a comprometer suelo, financiación, obras, equipos, contratos energéticos y acuerdos con terceros.
Por ello, SpainDC considera especialmente problemático que puedan modificarse de manera estructural las condiciones de esas inversiones y que los proyectos dispongan de apenas seis meses para adaptarse al nuevo escenario. Díaz advierte de que esta combinación plantea un problema de seguridad jurídica y de proporcionalidad.
La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, coincide en que ordenar el crecimiento del sector no debería traducirse en la salida de inversiones que España ya ha conseguido atraer. A su juicio, una regulación diseñada para reforzar la soberanía digital podría acabar produciendo el efecto contrario si provoca que la inversión, el empleo y la capacidad de cómputo se sitúen fuera del país.
Proyectos que ya valoran otros mercados
La asociación asegura que el riesgo de pérdida de inversión no es únicamente una hipótesis. Según SpainDC, existen proyectos y planes de inversión que ya empiezan a valorar alternativas de localización en otros mercados europeos ante la posibilidad de que España adopte un marco más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los plazos reales que requiere el desarrollo de estas infraestructuras.
Villacís señala que la demanda de inteligencia artificial, servicios en la nube y otros servicios digitales continuará existiendo, aunque las infraestructuras necesarias para prestarlos no se construyan en España. En ese caso, agrega, los centros de datos se levantarían en otros mercados y serían esas instalaciones las que proporcionarían los servicios digitales a empresas y ciudadanos españoles.
El último Informe Anual de SpainDC estimaba en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada que podría producirse entre 2026 y 2030 en una situación de continuidad.
Ese mismo informe calculaba que, en un escenario restrictivo, la inversión podría reducirse un 36%. SpainDC indica ahora que esas previsiones pueden haberse quedado incluso cortas ante el contenido del nuevo proyecto normativo.
La estimación anterior ya contemplaba una tendencia negativa marcado por restricciones de red, mayores dificultades regulatorias, retrasos y desplazamiento de proyectos hacia otros mercados. Sin embargo, según la asociación, aquel cálculo no incorporaba un marco regulatorio de la intensidad del que plantea ahora el Proyecto de Real Decreto ni la acumulación de exigencias que contiene.
Las exigencias que preocupan al sector
SpainDC sí comparte la necesidad de combatir la especulación y de liberar capacidad eléctrica vinculada a proyectos de centros de datos que no tengan una expectativa real de ejecución. La asociación, sin embargo, considera que para hacerlo deberían utilizarse criterios relacionados con la madurez de los proyectos, la inversión ya comprometida, el avance efectivo de las iniciativas y el cumplimiento de hitos.
El objetivo sería diferenciar una reserva de capacidad de carácter especulativo de un proyecto que cuente con un desarrollo real y compromisos concretos.
Además de esta cuestión, identifican otras áreas del Proyecto de Real Decreto que generan preocupación. Entre ellas se encuentran la combinación de los requisitos de adicionalidad y correlación renovable, las exigencias de eficiencia energética e hídrica, la rigidez contractual y el régimen de recargos.