El Gobierno prepara una normativa que obligará a los centros de datos a cubrir con nueva generación renovable, y de forma horaria, al menos el 80% de la electricidad que consuman, según el proyecto de real decreto que fijará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital aplicables a los ‘data centers’.
El texto ha sido elaborado de forma conjunta por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública, y se someterá a audiencia pública después de que el Consejo de Ministros haya acordado este martes su tramitación urgente, en cumplimiento del mandato incluido en el Real Decreto 7/2026 de marzo dentro del plan integral de respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
Fuentes del Ejecutivo remarcan que la intención es ordenar la expansión de los centros de datos ante el fuerte aumento de proyectos, garantizando altos estándares que refuercen la seguridad jurídica y la atracción de capital, y subrayan que el Gobierno es favorable al despliegue de ‘data centers’ y, precisamente por ello, apuesta por dotarlos de un marco regulatorio claro.
En esta línea, señalan que se han analizado las dificultades surgidas en otros países -como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos- y que se considera que ahora es el momento adecuado para adelantarse con una regulación que permita evitar esos problemas.
La futura norma pretende asegurar el cumplimiento de los criterios más estrictos de eficiencia energética e hídrica, así como de soberanía digital, tecnológica y de capacidad de cómputo.
Poner orden al auge de los centros de datos
El objetivo es también ordenar el actual ‘boom’ de demanda de ‘data centers’, que ha llevado incluso a advertencias sobre una posible burbuja en torno al atractivo de España para este tipo de inversiones.
España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial (IA) que proyecta unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030, que requerirían entre 3,5 GW y 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las solicitudes y permisos para estas infraestructuras superan con creces ese horizonte, debido a la posición geográfica del país, su clima y su potencial renovable, habiéndose concedido desde 2021 más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red.
No habrá moratoria, pero sí nuevas exigencias
Las mismas fuentes insisten en que el proyecto de real decreto, que será detallado al sector y que el Gobierno confía en que será bien acogido, no implica en ningún caso una moratoria: los nuevos desarrollos podrán seguir adelante, aunque sometidos a los estándares y requisitos que se fijan.
La regulación establece condiciones específicas para las instalaciones con más de 1 MW de potencia eléctrica, por ser las que tienen mayor impacto territorial, hídrico y ambiental, con la finalidad de que España pueda seleccionar aquellos centros de datos que aporten más valor con el menor daño ambiental posible.
En el plano energético, y siguiendo la lógica ya aplicada a la producción de combustibles renovables de origen no biológico o al hidrógeno renovable, el borrador introduce la obligación de que el consumo de los centros de datos sea mayoritariamente renovable, con un mínimo del 80% hasta que la cuota de renovables supere el 90% del ‘mix’ eléctrico nacional.
Este consumo deberá ser adicional: cada nuevo megavatio (MW) de demanda tendrá que ir ligado a un MW de nueva generación renovable instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha del ‘data center’, bien mediante autoconsumo, bien a través de contratos a largo plazo (PPA).
El suministro se verificará hora a hora, de modo que, en cada franja de funcionamiento, al menos el 80% de la energía empleada deberá proceder de fuentes renovables generadas en esa misma hora.
Además, los proyectos de centros de datos que soliciten acceso a la red eléctrica tendrán que demostrar que cumplen estos criterios para obtener los derechos de acceso y conexión.
El incumplimiento de las obligaciones conllevará recargos crecientes en cargos y peajes y, en última instancia, la pérdida del derecho de acceso. Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el quebranto de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo renovable pueda trasladar al sistema y, por extensión, a la factura eléctrica.
Condiciones para conectarse a la red y uso eficiente del agua
Los proyectos de ‘data centers’ que ya estén en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias y acreditarlo -tres meses si están pendientes de un concurso de acceso a la red- o, en su defecto, podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin ejecución de garantías.
Dadas las elevadas necesidades de agua y energía de estas instalaciones, se establece que deberán ajustarse a los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica definidos por el etiquetado europeo específico para centros de datos, que está siendo desarrollado por la Comisión Europea y cuya entrada en vigor se prevé en el plazo de un año.
El proyecto de decreto prevé que, una vez vigente esa norma comunitaria, se exija el nivel más alto, la categoría “A”, tanto en eficiencia energética como en consumo de agua.
En materia de resiliencia y soberanía digital, el texto incorpora obligaciones como que la operación del centro y el control de los datos vinculados a dicha operación recaigan en entidades sometidas al derecho de la UE; que los datos, metadatos y registros tratados en el marco de la operación permanezcan dentro del territorio comunitario; y que se mantenga un control efectivo de los accesos desde terceros países.
Declaración responsable sobre soberanía digital
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, en el ámbito de sus competencias, verificará el cumplimiento de estas condiciones, cuya vulneración podrá suponer, en último término, la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
Así, todos los centros de datos que superen un determinado umbral estarán obligados a presentar una declaración responsable en la que aseguren que respetarán los criterios de soberanía digital establecidos.
Del mismo modo, los ‘data centers’ que pretendan alojar información de cualquier Administración Pública o relacionada con la seguridad nacional deberán comprometerse de forma expresa a que dichos datos no abandonarán el territorio de la Unión Europea (UE).