La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha señalado este lunes que el fraude ligado a los “falsos autónomos” continúa muy presente en el mercado laboral y ha reclamado un refuerzo de la Inspección de Trabajo, así como nuevas actuaciones para acabar con estas prácticas.
La reacción de la organización llega después de conocerse que Uber Eats ha admitido una deuda cercana a los 110 millones de euros en cotizaciones sociales vinculadas a unos 60.000 repartidores.
Según Uatae, este episodio pone de manifiesto un problema de carácter estructural en el ámbito laboral, basado en el empleo inadecuado de la figura del trabajador por cuenta propia para ocultar auténticas relaciones laborales por cuenta ajena.
La entidad insiste en que el denominado “falso autónomo” supone una situación ilegal, al existir una relación laboral encubierta en la que la empresa es la responsable del fraude.
En esta línea, la organización advierte de que el simple pago de las cotizaciones atrasadas no repara la merma de derechos laborales sufrida por las personas trabajadoras, como la ausencia de protección frente al despido, la falta de vacaciones pagadas o la carencia de cobertura adecuada ante distintas contingencias.
Uatae remarca también que este tipo de prácticas no solo impacta directamente en quienes las padecen, sino que daña al conjunto del colectivo de autónomos. Por ello, exige reforzar los sistemas de control e inspección y avanzar en medidas que frenen la expansión de estos modelos de organización del trabajo.
La organización reafirma su compromiso con la defensa de un trabajo autónomo con derechos y con la lucha contra fórmulas que, a su juicio, precarizan el empleo y erosionan el sistema de protección social, con el objetivo de avanzar hacia un mercado laboral más equilibrado y justo.
Asimismo, recuerda que se encuentra disponible para las personas interesadas la “Guía sobre Falsos Autónomos y Trades”, un material práctico que persigue detectar posibles situaciones de fraude laboral, explicar los derechos reconocidos y ofrecer herramientas concretas para que las personas trabajadoras puedan protegerse.