Mapa interactivo | Pacto PP-Vox para el Senado en las elecciones del 29N: qué partido se presenta y en qué provincia

Los acuerdos electorales entre partidos para concurrir al Senado no deben confundirse con iniciativas que estén en tramitación parlamentaria. La expresión puede referirse tanto a pactos para presentar candidaturas como a propuestas para cambiar las reglas electorales. En las fuentes consultadas no se ha localizado información que permita identificar un acuerdo concreto y atribuirle un estado parlamentario actual.

Por tanto, no sería correcto afirmar que esos acuerdos están pendientes de aprobación, han sido rechazados o han caducado sin precisar de qué pacto o iniciativa se trata. La distinción importante es qué han acordado los partidos y ante qué órgano tendría que producir efectos.

Un pacto electoral no equivale a una propuesta de ley

Si te refieres a acuerdos para concurrir conjuntamente a las elecciones al Senado, hablamos de decisiones entre organizaciones políticas sobre su participación electoral. No son, por ese solo hecho, textos que una cámara deba debatir y aprobar. En consecuencia, describirlos como una ley pendiente de votación mezclaría dos planos distintos: la negociación política y la actividad parlamentaria.

Para conocer la situación de uno de esos pactos, las preguntas relevantes serían si existe un anuncio compartido, si hay un acuerdo cerrado, qué partidos y territorios comprende y cómo se refleja en las candidaturas. Esos elementos permiten distinguir una posibilidad negociadora de un compromiso efectivo, pero no constituyen por sí mismos fases de un procedimiento legislativo.

• Negociación: las organizaciones exploran una fórmula común, sin que ello permita dar por cerrado el pacto.
• Acuerdo político: las partes anuncian un compromiso y explican su alcance.
• Concreción electoral: el compromiso se traduce en la fórmula de participación y en las candidaturas correspondientes.

Estas categorías sirven para interpretar la información sobre un pacto; no describen la situación comprobada de ningún acuerdo específico en esta respuesta. Tampoco un anuncio permite concluir automáticamente que todas las candidaturas previstas hayan quedado formalizadas.

Si se pretende modificar las reglas electorales

La cuestión sería diferente si con «acuerdos electorales» aludes a una iniciativa para modificar cómo se eligen los senadores o cómo pueden concurrir los partidos. En ese supuesto sí tendría sentido preguntar por su estado parlamentario, porque el objeto sería una propuesta normativa identificable, no únicamente un entendimiento entre organizaciones.

Para responder habría que conocer el título o el contenido de la propuesta y comprobar su recorrido: presentación, admisión, debate, posibles modificaciones y resultado. También habría que separar lo que los partidos han pactado políticamente de lo que finalmente haya quedado aprobado. Un compromiso de promover una reforma no equivale a una reforma aprobada.

Qué falta para precisar tu consulta

La referencia al Senado no identifica por sí sola un pacto determinado. Puede tratarse de una candidatura conjunta en una circunscripción, de un entendimiento entre varios partidos con alcance más amplio o de una propuesta relacionada con el sistema electoral. Cada supuesto requiere una comprobación distinta.

La conclusión es que no puede asignarse un estado parlamentario común a todos esos acuerdos. Si son pactos de candidaturas, interesa su grado de formalización electoral; si son propuestas de reforma, interesa su tramitación en las cámaras. ¿Te refieres a algún acuerdo anunciado por partidos concretos, o a una iniciativa para modificar las elecciones al Senado? Con el nombre de los partidos, el territorio o el anuncio al que aludes se puede delimitar exactamente la cuestión.

El Senado español es, según la Constitución de 1978, la “Cámara de representación territorial”, pero al mismo tiempo comparte buena parte de la función legislativa de las Cortes Generales junto con el Congreso de los Diputados. Sus competencias vienen principalmente de los artículos 66 a 75 y de diversas remisiones a lo largo del texto constitucional.

1. Papel general del Senado en el sistema constitucional

La Constitución define a las Cortes Generales (Congreso y Senado) como titulares de la potestad legislativa del Estado, del control de la acción del Gobierno y de la aprobación de los Presupuestos (art. 66). El Senado, por tanto, participa en esas tres grandes funciones, aunque con límites importantes frente al protagonismo del Congreso.

Además, el Senado es formalmente la Cámara de representación territorial (art. 69), lo que se refleja en la forma de elección de sus miembros (senadores elegidos por provincias y por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas) y en algunas competencias específicas ligadas al Estado autonómico.

2. Competencias legislativas

2.1. Participación en la elaboración de las leyes

El Senado actúa como cámara de segunda lectura o revisión de las leyes aprobadas inicialmente por el Congreso. El procedimiento básico es el siguiente:

• El Congreso aprueba un proyecto o proposición de ley y lo remite al Senado.
• El Senado puede:
  • Aprobar el texto tal cual, con lo que la ley queda definitivamente aprobada.
  • Proponer enmiendas, que se devuelven al Congreso para que este las acepte o rechace.
  • Formular un veto (es decir, oponerse al texto en su conjunto). Ese veto puede ser levantado por el Congreso, por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple (art. 90).

Este esquema se aplica tanto a las leyes ordinarias como a las leyes orgánicas, con la particularidad de que estas últimas exigen mayoría absoluta del Congreso en la votación final (art. 81), lo que refuerza todavía más la supremacía de la Cámara Baja.

2.2. Participación en leyes de especial relevancia

El Senado interviene también en procedimientos legislativos de especial trascendencia, por ejemplo:

• Leyes de armonización de disposiciones normativas de las comunidades autónomas (art. 150.3), que se aprueban como leyes orgánicas por las Cortes Generales.
• Reformas constitucionales, que deben ser aprobadas por ambas cámaras siguiendo los procedimientos reforzados de los artículos 167 y 168. El Senado, en este ámbito, puede forzar la disolución de las Cortes y la convocatoria de referéndum cuando se use el procedimiento agravado.
• Leyes de autorización para tratados internacionales que atribuyan competencias a organizaciones supranacionales o que tengan especial trascendencia (arts. 93 a 95), ya que se tramitan como leyes orgánicas u ordinarias y, por tanto, pasan por el Senado.

3. Competencias de control político

La Constitución atribuye la función de control del Gobierno a las Cortes Generales (art. 66), pero concreta que la responsabilidad política del Ejecutivo se exige ante el Congreso (cuestión de confianza y moción de censura, arts. 112 a 114). El Senado no puede derribar al Gobierno.

No obstante, el Senado tiene importantes potestades de control:

• Interpelaciones y preguntas al Gobierno y a sus miembros, que pueden dar lugar a debates políticos y a la adopción de mociones.
• Mociones que expresan la posición del Senado sobre determinada política pública, instando al Gobierno a actuar en un sentido u otro.
• Comisiones de investigación, que pueden crearse sobre asuntos de interés público, obligando a comparecer a miembros del Gobierno y a otros responsables públicos (art. 76).

Aunque estas herramientas no tienen la misma fuerza que una moción de censura en el Congreso, cumplen una función relevante de control y debate político.

4. Competencias en el Estado autonómico

Como Cámara de representación territorial, el Senado tiene atribuciones clave en relación con las comunidades autónomas:

• Participación de los parlamentos autonómicos en su composición: las asambleas legislativas de las comunidades designan senadores autonómicos (art. 69.5), reforzando el vínculo territorial.
• Autorización de las medidas del artículo 155: si una comunidad autónoma incumple gravemente sus obligaciones constitucionales o atenta gravemente al interés general de España, el Gobierno puede proponer medidas de “coerción federal”, que requieren la autorización del Senado por mayoría absoluta (art. 155.1).

Esta última es probablemente la competencia constitucional más específica y simbólica del Senado como garante del equilibrio territorial.

5. Otras competencias institucionales

La Constitución confía al Senado, junto con el Congreso, la elección o designación de órganos constitucionales importantes:

• Tribunal Constitucional: el Senado designa a cuatro de sus doce magistrados (art. 159.1), a propuesta de las asambleas legislativas autonómicas.
• Consejo General del Poder Judicial: el Senado elige a una parte de sus vocales (art. 122.3), también por mayoría reforzada.
• Defensor del Pueblo: se elige por las Cortes Generales, es decir, con participación de Congreso y Senado (art. 54).

En conjunto, estas competencias muestran que el Senado, aunque subordinado políticamente al Congreso, es una pieza esencial de la arquitectura constitucional española: co-legislador, cámara de revisión, foro de representación territorial y partícipe en el diseño de los principales órganos de control y garantía del sistema.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y Santiago Abascal, presidente de Vox, han seguido recorridos diferentes: el primero pasó de gobernar Galicia a dirigir la oposición nacional; el segundo consolidó un partido que entró en el Congreso en 2019. Este repaso recoge sus principales hitos recientes hasta octubre de 2026, cuando ambos vuelven a encabezar candidaturas a la Presidencia del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo: de la Xunta al liderazgo nacional

Feijóo llegó a la dirección nacional con experiencia ejecutiva: presidió la Xunta entre 2009 y 2022 y obtuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas. En 2018 decidió permanecer en Galicia, en lugar de competir por la sucesión de Mariano Rajoy. Su salto se produjo cuatro años después, tras la crisis entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que desembocó en el relevo del presidente del PP (perfil de Demócrata).

El 2 de abril de 2022 fue elegido presidente del PP en el congreso extraordinario de Sevilla, con el 98,35 % de los votos. Dejó la Xunta, donde le sucedió Alfonso Rueda, y pasó al Senado por designación del Parlamento gallego. Ese periodo sirvió de transición hasta su candidatura al Congreso (balance de su trayectoria).

En las generales del 23 de julio de 2023, el PP pasó de 89 a 137 diputados y fue la fuerza más votada. Sin embargo, Feijóo no consiguió los apoyos necesarios para ser investido presidente. Su trayectoria nacional quedó marcada por ese contraste: crecimiento electoral, pero sin acceso al Gobierno; desde entonces encabezó la oposición a Pedro Sánchez (balance de su trayectoria).

En julio de 2025 revalidó la presidencia del partido y reorganizó su equipo, con Miguel Tellado en la Secretaría General en sustitución de Cuca Gamarra. Para las elecciones del 29 de noviembre de 2026, vuelve a encabezar la lista de Madrid, acompañado por Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper (renovación de la dirección; candidatura de Madrid).

Santiago Abascal: consolidación parlamentaria y proyección europea

Abascal inició su carrera en el PP y fue diputado vasco antes de participar en la fundación de Vox en 2013. Preside la formación desde 2014. Su expansión electoral cobró impulso con los 12 escaños obtenidos en Andalucía en diciembre de 2018, antes del salto al Congreso al año siguiente (perfil de Demócrata; trayectoria de Abascal).

En 2019 fue elegido diputado por Madrid y, en las generales de noviembre, Vox alcanzó 52 escaños. En 2023 retrocedió a 33, aunque siguió siendo la tercera fuerza del Congreso. Paralelamente, el partido amplió su presencia institucional mediante acuerdos con el PP y su entrada en gobiernos autonómicos (trayectoria de Abascal).

En enero de 2024 fue reelegido presidente de Vox. Ese verano, la formación abandonó sus gobiernos autonómicos compartidos con el PP por las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes. En noviembre, Abascal añadió una responsabilidad internacional: la presidencia de Patriotas.eu, el partido político europeo, distinta de la dirección de su grupo parlamentario (trayectoria de Abascal).

Su continuidad ha coexistido con conflictos internos, incluida la expulsión de Javier Ortega Smith en 2026. Ese año también se recuperaron acuerdos autonómicos con el PP. Abascal afronta ahora otra candidatura por Madrid, con Montse Lluís como número dos: mantiene el liderazgo de Vox mientras renueva parte de sus representantes (ruptura con Ortega Smith; papel de Montse Lluís).