Pedro Sánchez afronta este lunes con los preparativos para un posible adelanto electoral avanzados y una alternativa sobre la mesa para recuperar parte de las medidas de vivienda rechazadas por el Congreso.
Según afirman diversas fuentes consultadas por DEMÓCRATA y como también publican algunos de los principales medios españoles, el equipo del presidente estudia aprobar un nuevo decreto y someterlo, una vez disueltas las Cortes, a la Diputación Permanente. Pedro Sánchez estaría pues, inclinándose por anunciar mañana un adelanto electoral.
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Elecciones el 29 de noviembre y decretos de vivienda: ¿el “todo a la vez en todas partes” de Pedro Sánchez?
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Las fuentes consultadas en el Gobierno y el PSOE apuntan a un anuncio este lunes, aunque la decisión sigue en manos de Sánchez. No se descarta otra estrategia o algunas sorpresas pero ellos están listos para el adelanto. Cautela, eso sí, porque aún no hay confirmación del presiente de que finamente vaya a optar a un adelanto que llevaría las elecciones al 29 de noviembre, como fecha provisional si disolviera mañana o pasado, aunque tampoco se descartan otra fechas como el 6 o el 13 de diciembre.
La novedad tiene una consecuencia política relevante: una disolución cambiaría el órgano encargado de votar los decretos y, con él, el peso de los grupos. Junts podría dejar de ser decisivo para aprobar el escudo antidesahucios.
Por qué disolver el Congreso cambiaría la votación
La Diputación Permanente mantiene determinadas funciones parlamentarias cuando las Cámaras están disueltas. Entre ellas figura la convalidación o derogación de los decretos-leyes, conforme a los artículos 78 y 86 de la Constitución.
Por tanto, convocar elecciones no eliminaría el control parlamentario sobre una nueva norma urgente. Ese control pasaría del pleno del Congreso a un órgano más pequeño, que continúa funcionando hasta la constitución de la nueva Cámara.
En esta legislatura, la Diputación Permanente tiene 69 integrantes. Su composición incluye 27 representantes del PP, 24 del PSOE más la presidenta del Congreso, seis de Vox y seis de Sumar. ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto disponen de un representante cada uno.
La suma que permitiría aprobarlo sin Junts
En el escenario descrito por EL PAÍS, los 25 votos socialistas, contando a Francina Armengol, y los seis de Sumar sumarían 31. Con los representantes de ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, a través del Grupo Mixto, alcanzarían 35.
Frente a ellos, PP, Vox y Junts reunirían 34 votos. Si se mantuvieran esos apoyos, el rechazo de Junts no bastaría para impedir la convalidación.
Hay un matiz importante: los decretos-leyes se convalidan por mayoría simple, con más votos a favor que en contra. Los 35 apoyos asegurarían la victoria con los 69 miembros votando, pero no existe una exigencia general de mayoría absoluta para este trámite.
La operación dependería, en cualquier caso, del contenido del nuevo texto y del voto efectivo de cada grupo. No bastaría con trasladar la votación a otro órgano.
El Gobierno no entra en funciones al convocar elecciones
La disolución de las Cortes tampoco convierte automáticamente al Ejecutivo en un Gobierno en funciones. La Constitución y la Ley del Gobierno sitúan ese paso después de la celebración de las elecciones, salvo otros supuestos de cese.
Durante el periodo electoral, el Ejecutivo conservaría sus atribuciones, incluida la posibilidad de aprobar decretos-leyes dentro de los requisitos y límites constitucionales.
Eso no resucitaría los decretos rechazados el viernes. Sería necesario aprobar una nueva norma, justificar su extraordinaria y urgente necesidad y someterla de nuevo al control parlamentario.
El PNV seguiría siendo decisivo
Como adelantó DEMÓCRATA y corrobora El País, Moncloa concentra sus esfuerzos en recuperar el primer decreto, el de protección frente a los desahucios. La misma fórmula no garantizaría la aprobación del segundo, relativo a la estabilidad de los contratos de alquiler, por la oposición del PNV.
La diferencia muestra los límites de la alternativa: Sánchez podría encontrar una mayoría para algunas medidas, pero no disponer de un respaldo automático para todo el paquete.
Políticamente, recuperar el escudo antes de las urnas le permitiría acompañar una eventual convocatoria con una decisión concreta sobre vivienda. El presidente podría presentar las elecciones como una petición de una nueva mayoría mientras intenta aprobar parte de la respuesta inmediata.