Encuesta elecciones generales: PP, Vox y SALF reúnen el 52% del voto, según 40dB

Un sondeo de 40dB con 2.000 entrevistas entre el 25 y el 28 de septiembre confirma la subida de Vox y el retroceso de PP y PSOE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España).  Jesús Hellín - Europa Press

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

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Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 21 de noviembre de 2026 · 19 institutos

  • PP31,0 %
  • PSOE28,0 %
  • Vox18,9 %
  • Frente Amplio6,2 %
  • ERC2,6 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

El PP conserva la primera posición en la estimación de voto del último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, con un 31,6%. El PSOE obtiene un 27,4% y Vox alcanza el 18,4%, mientras Sumar y Podemos se sitúan en el 5,6% y el 2,7%, respectivamente.

El estudio, elaborado a partir de 2.000 entrevistas online realizadas entre el 25 y el 28 de septiembre, refleja una diferencia de 16,3 puntos entre la suma de PP, Vox y SALF y la de PSOE, Sumar y Podemos. La encuesta recoge además los movimientos de los votantes respecto a las elecciones generales de 2023 y su distribución por edad y sexo.

PP, Vox y SALF concentran el 52% de la estimación

Los porcentajes atribuidos a PP, Vox y SALF suman el 52% del voto estimado. El PP aporta un 31,6%, Vox un 18,4% y SALF un 2%.

En el otro conjunto de partidos estatales analizado, PSOE, Sumar y Podemos reúnen el 35,7%. Los socialistas alcanzan el 27,4%, Sumar el 5,6% y Podemos el 2,7%.

Formación Estimación de voto Variación mensual
PP 31,6% -0,8 puntos
PSOE 27,4% -0,2 puntos
Vox 18,4% +0,6 puntos
Sumar 5,6% -0,1 puntos
Podemos 2,7% -0,1 puntos
SALF 2,0% -0,2 puntos

Los datos del estudio colocan al PP 4,2 puntos por encima del PSOE. Vox se encuentra 9 puntos por debajo de los populares y 9,0 puntos por debajo del porcentaje conjunto de PP y PSOE.

La comparación con las últimas elecciones generales muestra una evolución distinta entre las tres principales formaciones: el PP conserva una cifra próxima a la de 2023, aunque inferior; el PSOE se sitúa por debajo de aquel resultado y Vox se encuentra seis puntos por encima.

Sumar obtiene un 5,6% y Podemos un 2,7%. Entre ambas formaciones alcanzan el 8,3% de la estimación. En las elecciones generales de 2023, la candidatura de Sumar, que entonces incluía a Podemos, obtuvo el 12,3%. La comparación entre ambas cifras muestra una diferencia de cuatro puntos, aunque corresponde a dos configuraciones electorales diferentes.

El flujo de antiguos votantes del PP favorece a Vox

El estudio recoge también hacia dónde se desplazan quienes apoyaron a las distintas formaciones en las elecciones de 2023. Entre los antiguos votantes del PP, un 13,5% señala ahora a Vox como opción. En sentido contrario, el porcentaje de votantes de Vox que se trasladaría al PP es del 1,6%. Entre quienes se abstuvieron en las últimas generales, Vox recibe un 11,6% de intención de voto. El porcentaje es del 8,2% para el PP y del 5,3% para el PSOE.

El porcentaje de electores que votaron a cada formación en 2023 y que mantienen ahora su intención de repetir ese apoyo es del 87,4% en Vox, del 76,2% en el PP y del 68,4% en el PSOE. Sumar presenta una cifra inferior, del 39,9%. En el estudio anterior su fidelidad se situaba en el 44,5%.

Partido Fidelidad de voto
Vox 87,4%
PP 76,2%
PSOE 68,4%
Sumar 39,9%

Entre las personas que apoyaron a Sumar en 2023, un 21,7% declara ahora que votaría a Podemos y un 13,9% que optaría por el PSOE. Además, el 9,4% de quienes votaron entonces a Sumar permanece indeciso. El sondeo refleja así una diferencia notable respecto a los niveles de fidelidad registrados entre los votantes de PP, PSOE y Vox.

La intención de voto cambia según el sexo y la edad

Vox registra un 22,5% de intención directa de voto entre los hombres, el porcentaje más alto de esa distribución. Entre las mujeres, el PSOE alcanza el 24,8% y encabeza ese apartado.

El partido de Santiago Abascal obtiene sus mayores porcentajes de intención directa entre los electores de 18 a 44 años. Entre los mayores de 65 años desciende al 12,1%, mientras PP y PSOE alcanzan en esa franja el 28,2% cada uno.

La diferencia de Vox entre hombres y mujeres también es de 6,6 puntos en la intención directa de voto, según el estudio.

El sondeo se realizó antes de los decretos sobre vivienda

Las encuestas de este barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER se realizaron entre el 25 y el 28 de septiembre. El periodo de campo comenzó dos días después del desahucio de Maricarmen y terminó un día antes de que el Gobierno aprobara los dos decretos relacionados con la vivienda mencionados en el contexto del estudio.

Por tanto, los resultados recogen las respuestas obtenidas durante ese periodo concreto y no incorporan posibles cambios en la opinión pública posteriores al cierre de las entrevistas.

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¿Cuáles son los próximos pasos parlamentarios para la aprobación de los decretos de vivienda mencionados en el contexto del estudio?

Los “decretos de vivienda” del estudio son los Reales Decretos‑ley 26/2026 y 27/2026, aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre de 2026 y publicados en el BOE los días 30 de septiembre y 1 de octubre respectivamente. Su objetivo era, entre otros, reforzar la función social de la vivienda, ampliar la oferta asequible y dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler habitual.[2]

Desde el punto de vista formal, el itinerario parlamentario de cualquier real decreto‑ley es claro: el Gobierno lo aprueba por razones de extraordinaria y urgente necesidad, entra en vigor tras su publicación en el BOE y, en el plazo máximo de 30 días, el Congreso debe debatirlo y decidir si lo convalida (lo mantiene en vigor) o lo deroga (lo deja sin efecto). Además, el Congreso puede acordar que ese mismo texto se tramite como proyecto de ley, abriendo un proceso posterior de enmiendas, trabajo en comisión y nueva votación final.[2][4][5]

En este caso, el Congreso convocó un Pleno extraordinario el viernes 2 de octubre de 2026 con un único punto en el orden del día: la convalidación o derogación de los dos reales decretos‑ley en materia de vivienda. El propio orden del día del Pleno detalla que se trataba del:

  • Real Decreto‑ley 26/2026, de 29 de septiembre, de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (expediente 130/000055).[2]
  • Real Decreto‑ley 27/2026, de 29 de septiembre, de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (expediente 130/000056).[2]

Antes de la votación, tanto el Gobierno como los grupos impulsores (PSOE y Sumar) planteaban como “próximos pasos” la convalidación en el Pleno y, en paralelo, la posibilidad de que alguno de los decretos se remitiera como proyecto de ley exprés para introducir correcciones vía enmiendas. La propia ministra de Vivienda llegó a ofrecer a Junts tramitar el decreto como proyecto de ley “con celeridad” para incorporar sus demandas durante el trámite parlamentario.[220001.0]

Sin embargo, la secuencia se resolvió de forma distinta: según la información recopilada en la búsqueda en prensa general y especializada, el Congreso rechazó ambos decretos en la sesión del 2 de octubre, con votaciones negativas que impidieron su convalidación (por ejemplo, 172 votos a favor y 178 en contra en uno de los textos, y 166 a favor frente a 184 en contra en el otro).[1][7][10][11][14] Esto significa que:

  • No se han convalidado, por lo que pierden su vigencia como reales decretos‑ley.
  • Tampoco se abre automáticamente una tramitación como proyecto de ley, porque esta decisión requiere precisamente el aval del Pleno en el momento de la convalidación.

En consecuencia, estrictamente hablando ya no hay “próximos pasos parlamentarios” de aprobación para esos dos decretos concretos: su vía como decreto‑ley ha concluido con la derogación parlamentaria. El Senado no interviene en esta fase; toda la decisión sobre convalidar o derogar recae en el Congreso de los Diputados.[2][7][10]

Lo que sí puede haber son nuevas iniciativas legislativas que recojan total o parcialmente el contenido de los decretos derogados. A partir de ahora, si el Gobierno quiere recuperar esas medidas de vivienda, las opciones pasan por:

  • Presentar un nuevo proyecto de ley ordinario o una serie de proyectos de ley sectoriales (por ejemplo, sobre desahucios, alquileres o vivienda pública), que seguirían el procedimiento legislativo común: toma en consideración, enmiendas, comisión, Pleno del Congreso, paso por el Senado y aprobación definitiva.
  • Tratar de reconstruir una mayoría y replantear un nuevo real decreto‑ley de vivienda, asumiendo de nuevo el riesgo de la convalidación pero incorporando cambios negociados con los grupos que votaron en contra.
  • Impulsar reformas parciales a través de otras leyes en tramitación, incorporando enmiendas que reintroduzcan algunas de las medidas previstas en los decretos derogados.

Es decir, desde la perspectiva del estudio, los “próximos pasos” ya no son la fase natural de aprobación de aquellos decretos, sino la reconfiguración de la estrategia legislativa en materia de vivienda: nuevas normas, nuevas negociaciones y, eventualmente, un nuevo calendario parlamentario para intentar que medidas similares lleguen a aprobarse como ley estable.

¿Cuáles son las competencias del presidente del Partido Popular según los estatutos del partido?

Según los Estatutos vigentes del Partido Popular (reformados y aprobados en el XXI Congreso Nacional de 2025), el Presidente nacional del Partido Popular es el máximo responsable del partido y concentra funciones clave de representación, dirección política, configuración de la cúpula, coordinación del discurso y disciplina interna. Estas competencias se recogen principalmente en el artículo 44 de los Estatutos, completado por otros preceptos sobre órganos y designaciones.

1. Máxima representación y presidencia de los órganos

El artículo 44.1 establece, en primer lugar, que el presidente nacional ostenta la representación política y legal del Partido Popular. Esto implica que:

  • Actúa como principal portavoz y cara pública del PP ante instituciones, otros partidos y la opinión pública.
  • Puede representar al partido en actos y relaciones jurídicas que exijan una representación formal.
  • Preside la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, los principales órganos de dirección entre congresos.
  • En esos órganos, dispone de voto de calidad en caso de empate, lo que le permite deshacer equilibrios internos en decisiones clave.

Esta doble condición –representación externa y presidencia interna– sitúa al presidente en la cúspide tanto orgánica como política del partido.

2. Ejecución de acuerdos y dirección política

Otra función central, prevista también en el artículo 44.1, consiste en impulsar y ejecutar los acuerdos adoptados por:

  • El Congreso Nacional del PP.
  • La Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.

En la práctica, esto convierte al presidente en el responsable último de la línea política aprobada en los congresos y en los órganos colegiados, y en quien debe traducir las decisiones estratégicas en organización, mensajes, alianzas y oposición al Gobierno.

3. Nombramientos y configuración de la dirección

Los Estatutos atribuyen al presidente un poder determinante en la formación de la cúpula. El artículo 44.1 c) y d) le reconocen la facultad de:

  • Proponer al Comité Ejecutivo el nombramiento del Secretario General, del Coordinador General (si lo hay), de los Vicesecretarios, Coordinadores, Secretarios y del Director General de Finanzas y Organización.
  • Proponer también a las personas que integrarán órganos internos como el Comité Electoral Nacional, el Comité de Derechos y Garantías y el Comité de Afiliaciones.

Aunque formalmente estos nombramientos son acordados por el Comité Ejecutivo, el hecho de que nazcan de la propuesta del presidente le otorga una capacidad decisiva para configurar su equipo y alinear los órganos internos con su proyecto político.

4. Coordinación de la acción política y control del discurso

Otra competencia relevante que recogen los estatutos (art. 44.1 e)) es la de coordinar la acción política del Partido Popular. Esto incluye:

  • Marcar las grandes líneas de oposición o de apoyo al Gobierno.
  • Fijar la estrategia ante elecciones, pactos y negociaciones parlamentarias.
  • Velar por que los distintos órganos, portavoces y estructuras territoriales mantengan un mensaje coherente con la dirección nacional.

Los estatutos añaden que el presidente debe autorizar las declaraciones que se hagan en nombre del partido o que puedan comprometerlo políticamente, lo que le confiere un control efectivo sobre el discurso oficial del PP.

5. Disciplina interna y expedientes

En materia disciplinaria, el artículo 44.1 f) permite al presidente:

  • Ordenar la apertura de expedientes disciplinarios contra afiliados.
  • Decretar la suspensión provisional de un afiliado de todas sus responsabilidades en el partido mientras se tramita el expediente.

Estas facultades se ejercen en coordinación con el Comité de Derechos y Garantías, que es el órgano garante del procedimiento, pero refuerzan el papel del presidente como garante de la imagen pública y la integridad interna de la organización.

6. Facultades excepcionales en situaciones de urgencia

Finalmente, el artículo 44.2 prevé que, en caso de urgente necesidad, el presidente nacional pueda asumir temporalmente competencias de otros órganos colegiados, siempre que:

  • La medida sea proporcionada a la situación.
  • Se someta después a conocimiento y posible ratificación del Comité Ejecutivo o de la Junta Directiva Nacional.

Esta cláusula dota al presidente de un margen de maniobra extraordinario ante crisis internas o externas que exijan respuestas rápidas, aunque preservando un cierto control posterior de los órganos colegiados.

En conjunto, los Estatutos del Partido Popular configuran a su presidente nacional como una figura con una concentración muy elevada de poder orgánico y político: dirige la estrategia, propone la cúpula, controla el mensaje, impulsa la ejecución de acuerdos y puede intervenir en la disciplina y en situaciones de emergencia, siempre dentro del marco estatutario y con el contrapeso de los congresos y órganos colegiados.

¿Qué requisitos legales se deben cumplir para que una encuesta electoral sea considerada representativa en España?

En España no existe una definición legal cerrada de “encuesta representativa” con un tamaño muestral mínimo obligatorio o un método concreto impuesto por ley. Lo que sí hay son requisitos legales muy precisos para la realización y publicación de sondeos electorales, sobre todo durante el periodo electoral, y una serie de criterios técnicos que, en la práctica, determinan si una encuesta puede considerarse metodológicamente seria y, por tanto, representativa.

1. Marco legal básico: LOREG y Junta Electoral Central

El principal marco normativo es la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), en particular su artículo 69, que regula el régimen de publicación de encuestas electorales en campaña. A ello se añaden las instrucciones de la Junta Electoral Central (JEC), entre ellas la Instrucción 1/2024 sobre encuestas de intención de voto realizadas por organismos públicos en periodo electoral.

Según el artículo 69 LOREG, entre la convocatoria y la celebración de elecciones, toda publicación de sondeos o encuestas electorales debe cumplir las siguientes exigencias de transparencia:

  • Identificación del responsable: debe indicarse la denominación y domicilio del organismo, entidad (pública o privada) o persona física que ha realizado el sondeo, así como quien lo ha encargado.
  • Ficha técnica mínima, que incluya, al menos:
    • Sistema de muestreo utilizado.
    • Tamaño de la muestra.
    • Margen de error de la muestra.
    • Nivel de representatividad (habitualmente, nivel de confianza).
    • Procedimiento de selección de las personas encuestadas.
    • Fechas de realización del trabajo de campo.
  • Cuestionario: debe publicarse el texto íntegro de las preguntas y el número de personas que no han contestado a cada una de ellas.

La JEC, conforme al artículo 69, supervisa que los datos no contengan falsificaciones, ocultaciones o manipulaciones deliberadas y puede requerir información técnica adicional a quien haya realizado la encuesta.

Además, la ley establece una prohibición absoluta de publicar o difundir encuestas electorales durante los cinco días anteriores a la votación. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a rectificaciones obligatorias y sanciones.

2. Encuestas realizadas por organismos públicos

El artículo 69.8 LOREG y la Instrucción 1/2024 de la JEC regulan las encuestas de intención de voto elaboradas por organismos dependientes de las Administraciones Públicas (por ejemplo, el CIS, el CEO o centros autonómicos).

Durante el periodo electoral, cuando un organismo público decida realizar una encuesta con preguntas sobre intención de voto o valoración de partidos o líderes:

  • Debe comunicarlo previamente a la JEC, al menos 48 horas antes del inicio del trabajo de campo.
  • En esa comunicación ha de detallar las características técnicas (sistema de muestreo, tamaño previsto, margen de error, nivel de representatividad, método de selección, técnica de encuesta, fechas de trabajo de campo y de finalización, cuestionario previsto, etc.).
  • Los resultados deben ponerse a disposición de los partidos que los soliciten, en un plazo máximo de 48 horas desde que se disponga de ellos, garantizando igualdad de acceso.
  • Debe respetarse la protección de datos personales, de acuerdo con la normativa de protección de datos.

No cumplir estas condiciones no implica automáticamente que la encuesta sea “no representativa” desde el punto de vista estadístico, pero sí que puede vulnerar la LOREG y las instrucciones de la JEC y, por tanto, ser irregular en su uso público.

3. Qué se entiende por “representativa” desde la óptica técnica

Más allá de la ley, la representatividad es un concepto estadístico ligado a la calidad del diseño muestral, no solo al cumplimiento formal de la ficha técnica. En la práctica, para que una encuesta electoral sea considerada representativa se suele exigir que:

  • El universo esté bien definido (por ejemplo, población con derecho a voto en una comunidad concreta).
  • Se utilice un muestreo probabilístico o, al menos, un diseño muestral razonable (estratificación por provincia, tamaño de municipio, sexo, edad, etc.).
  • El tamaño muestral permita un margen de error aceptable (típicamente en torno a ±3 puntos porcentuales para resultados estatales, aunque la ley no fija un umbral).
  • Existan ponderaciones y controles de calidad para corregir desviaciones respecto a la estructura real del censo.
  • El trabajo de campo (teléfono, online, presencial) esté bien descrito y sea coherente con el tipo de población objetivo.

Estos criterios no están detallados numéricamente en la LOREG, pero se desprenden de las exigencias de transparencia del artículo 69 (especialmente la obligación de publicar sistema de muestreo, tamaño, margen de error y nivel de representatividad) y de las prácticas habituales de organismos como el CIS y de los códigos profesionales del sector.

4. Resumen práctico

En síntesis, en España una encuesta electoral se considera jurídicamente conforme y, en la práctica, representativa cuando:

  • Cumple las obligaciones de transparencia del artículo 69 LOREG (ficha técnica completa y publicación del cuestionario y no respuestas).
  • Respeta los plazos y prohibiciones de publicación (en especial, la prohibición de los cinco días previos a la votación).
  • Está sometida a la supervisión de la JEC, que puede exigir aclaraciones y rectificaciones.
  • Se apoya en un diseño muestral y un tamaño de muestra técnicamente sólidos, que permitan un margen de error razonable y una buena aproximación al electorado real.

La ley garantiza sobre todo la transparencia y el control; la verdadera representatividad viene dada por la combinación de ese cumplimiento legal con una metodología estadística robusta.

¿Puedes explicarme con ejemplos cómo se calcula el margen de error y el nivel de confianza de una encuesta electoral? ¿Qué sanciones se han impuesto en España por vulnerar las normas de publicación de encuestas electorales? ¿En qué se diferencian metodológicamente las encuestas del CIS de las que publican medios privados?

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¿En qué periodo se realizaron las entrevistas para el barómetro de 40dB.?

Pregunta 3 de 3