Azken orduko informazioa Espainiako suteei buruz: UMEk Guadalajarako sutean esku hartu du eta Lozoyuelako bizilagunak, konfinatuta

Al activarse el nivel o situación 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) se produce, sobre todo, un cambio en quién ejerce el mando de determinados grupos operativos y un refuerzo de la coordinación autonómica. Según la modificación del plan, cuando el incendio afecta a más de un municipio y/o se declara la situación 2, el mando de uno de los grupos clave pasa del responsable municipal al responsable de la Subdirección General de Coordinación Operativa de la Comunidad de Madrid. Además, la Dirección General competente en materia de emergencias asume funciones de organización del CECOP/CECOPI y de coordinación general de medios y recursos. En las normas consultadas no se detalla de forma expresa un listado cerrado de trámites administrativos o protocolos de aviso a la población específicos solo del nivel 2, por lo que solo puede describirse lo que aparece literalmente.

Marco normativo del INFOMA

El Plan INFOMA se aprueba mediante el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno. Posteriormente se modifica mediante el Decreto 83/2018, de 5 de junio, que ajusta, entre otros aspectos, la organización operativa y el reparto de competencias en emergencias.

Además, existen varios acuerdos de corrección de errores sobre el propio Plan y, en particular, sobre el Anexo 4 (Planes de actuación de ámbito local):

• Acuerdo de 28 de julio de 2017
• Acuerdo de 30 de enero de 2018
• Acuerdo de 19 de junio de 2018

Estos textos corrigen principalmente aspectos redaccionales y de denominación de los planes locales, pero no añaden una regulación detallada del nivel 2 más allá de lo que ya contiene el INFOMA.

Cambio de mando operativo en la situación 2

La referencia más clara a la situación 2 aparece en la nueva redacción del apartado 3.1.7.4 del Plan, introducida por el Decreto 83/2018. En este punto se describe la composición y funciones de un grupo operativo integrado por personal de la Subdirección General competente en Coordinación Operativa, personal de Protección Civil municipal y, eventualmente, voluntarios de Protección Civil. En relación con los niveles de emergencia, el texto establece:

• En las situaciones 0 y 1, si el incendio afecta a un solo municipio, el mando del grupo lo asume el responsable de Protección Civil municipal.
• Si el incendio afecta a más de un municipio y/o se declara situación 2, el mando del grupo lo asume el responsable de la Subdirección General competente en materia de Coordinación Operativa de la Comunidad de Madrid.
• En la situación 3, el mando lo designa la Delegación del Gobierno.

Por tanto, el efecto jurídico-operativo más explícito de la activación del nivel 2 que recoge la norma es el traslado del mando desde el ámbito municipal al autonómico en este grupo, reforzando así la dirección y coordinación de la Comunidad de Madrid cuando el incendio supera la escala local.

Órganos que se refuerzan y competencias autonómicas

El mismo Decreto 83/2018 reconfigura el apartado 3.5.1 del INFOMA y atribuye a la Consejería competente en emergencias y protección civil y a la Dirección General de Emergencias un papel central en la gestión de los incendios forestales, que se hace especialmente relevante en situaciones de mayor gravedad como la 2. Entre otras funciones, la Dirección General de Emergencias debe:

• Asumir la organización y mantenimiento del CECOP/CECOPI para que se puedan realizar las acciones previstas en el Plan INFOMA.
• Implantar el propio Plan INFOMA.
• Establecer la red de detección y alarma de incendios forestales.
• Organizar reuniones y convenios con otros organismos para fijar mecanismos de coordinación y colaboración en incendios forestales.
• Elaborar y proponer el Plan de Defensa contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid.
• Planificar, ejecutar y seguir los trabajos necesarios para implementar las medidas preventivas del Plan de Defensa.

Aunque el texto no indica expresamente que estas funciones solo se activen o modifiquen en la situación 2, en la práctica el nivel 2 implica un uso más intenso del CECOP/CECOPI y de la estructura autonómica de coordinación descrita.

Relaciones con la Administración General del Estado y comunicación

Las normas analizadas apenas detallan, de forma específica para la situación 2, los trámites formales de relación con la Administración General del Estado. Sí se menciona que, en la situación 3, el mando de ese grupo es designado por la Delegación del Gobierno, lo que evidencia un mayor protagonismo estatal en el máximo nivel de emergencia. Sin embargo, no se especifican protocolos diferenciados de comunicación con el Estado exclusivos del nivel 2.

En cuanto a la información a la población y a los medios de comunicación, el Decreto 83/2018 indica que la Consejería competente en emergencias y protección civil organiza las campañas de información y divulgación ciudadana y la información a los medios en materia de incendios forestales, “sin perjuicio de lo establecido en relación con la divulgación de información en caso de activación del INFOMA”. No se desglosan procedimientos de aviso diferenciados para el nivel 2 dentro del texto disponible.

Límites de la información disponible

El INFOMA se desarrolla en anexos extensos que no están reproducidos íntegramente en los extractos consultados. En estos extractos no aparece una regulación pormenorizada de todos los trámites administrativos (quién declara exactamente la situación 2, cómo se documenta, circuitos de comunicación internos, etc.), ni protocolos específicos de aviso a la población vinculados solo a ese nivel. Por ello, más allá del cambio de mando hacia la Subdirección General de Coordinación Operativa y del refuerzo del papel de la Dirección General de Emergencias y del CECOP/CECOPI, no se dispone de más información específica sobre trámites y procedimientos exclusivos del nivel 2 en las fuentes consultadas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza conjunta y permanente de las Fuerzas Armadas cuya misión principal es intervenir con rapidez en situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, complementando a los servicios civiles de protección civil. Sus competencias abarcan incendios forestales, grandes inundaciones, terremotos, riesgos tecnológicos y CNRB (químicos, nucleares, radiológicos y biológicos), atentados terroristas y otras emergencias de gran magnitud. Actúa en todo el territorio nacional y, cuando el Gobierno lo decide, también en operaciones internacionales de ayuda humanitaria. Su actuación se apoya en un marco legal específico (Ley 17/2015, varios reales decretos y el Protocolo de Intervención de 2011) que fija las condiciones de activación y sus funciones.

Misiones y funciones operativas principales

Según la nota explicativa de Moncloa sobre la UME (ficha de la UME) y el desarrollo posterior recogido en el periódico Demócrata (declaración del Ejecutivo, 20 años de la UME), sus funciones se articulan en torno a cuatro grandes ejes:

• Intervención directa en emergencias: unidad operativa de primera intervención del Estado en:
  • Incendios forestales de gran magnitud (ejemplos reiterados en verano en noticias de Demócrata, como artículo sobre incendios y UME o las solicitudes de CCAA: Girona, Castellón, Huelva, Murcia, Teruel–Tarragona).
  • Riesgos naturales: inundaciones y DANAs (por ejemplo en Baleares y Murcia: Ibiza, Los Alcázares), terremotos o grandes nevadas.
  • Riesgos tecnológicos y medioambientales, como la peste porcina africana en Catalunya (despliegue por peste porcina).
  • Emergencias CNRB y contaminación ambiental.
  • Consecuencias de atentados terroristas o actos violentos contra infraestructuras críticas.
• Salvaguarda de personas, bienes y medio ambiente: la UME adopta medidas para proteger la integridad de las personas, sus bienes, el medio ambiente, los espacios naturales y el patrimonio histórico-artístico, tal y como detalla Moncloa en su nota de misión y el propio Ministerio de Defensa en su página “Qué es la UME” ([enlace]).
• Planificación, adiestramiento y simulacros: la UME desarrolla una intensa actividad de preparación, como ilustra el ejercicio “Beta Multirriesgo 2026” en Talavera de la Reina, donde se ensayaron inundaciones, rescate urbano, salvamento acuático y coordinación institucional (simulacro en Talavera).
• Prevención vinculada a emergencias declaradas: la Orden DEF/160/2019, citada en el dossier especializado ([norma en BOE]), limita sus tareas preventivas a lo necesario para afrontar una emergencia declarada, pudiendo actuar en situaciones de alerta o preemergencia.

La unidad también mantiene capacidades específicas de búsqueda y rescate urbano (USAR), muy visibles en despliegues internacionales como los terremotos en Venezuela, donde se enviaron equipos caninos y personal especializado (llegada a Venezuela, dispositivo en Venezuela).

Ámbito de actuación y activación

El marco oficial establece que la UME puede intervenir en cualquier lugar del territorio nacional y, cuando el Gobierno lo decida, en el exterior. Moncloa y Defensa destacan su integración en el Mecanismo Europeo de Protección Civil y en el grupo INSARAG de la ONU (nota de Defensa, información de Moncloa).

En la práctica, como explica el periódico Demócrata en su análisis de incendios forestales (quién moviliza la UME), la UME:

• No actúa de oficio: lo habitual es que la comunidad autónoma solicite su intervención a través del Sistema Nacional de Protección Civil.
• En emergencias de interés nacional, la Ley 17/2015 permite que dependa directamente del Ministerio de Defensa, lo que acelera su activación.
• Su despliegue se ordena siempre por el Gobierno (Presidencia o Defensa), coordinándose con Interior y con los dispositivos autonómicos.

Marco legal y encaje en el sistema de protección civil

El encaje jurídico de la UME se ha ido construyendo progresivamente:

• Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional (citada en los estudios doctrinales sobre la UME: análisis doctrinal), habilita la participación de las Fuerzas Armadas en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad.
• Real Decreto 416/2006 (referido por Gobierno y Demócrata) crea y organiza inicialmente la UME como fuerza conjunta de carácter permanente desplegada en todo el territorio.
• Real Decreto 1097/2011 aprueba el Protocolo de Intervención de la UME, detallando los supuestos de activación: desastres naturales, incendios forestales, riesgos tecnológicos y emergencias CNRB, atentados terroristas, etc. (referencia en Demócrata).
• Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, refuerza su papel al definirla como “servicio público de intervención y asistencia en emergencias”, dependiente del Ministerio de Defensa, y la integra plenamente en la arquitectura de protección civil ([texto legal relacionado], estrategia de Protección Civil).
• Real Decreto 521/2020 y el Real Decreto 1399/2018 consolidan su organización dentro de las Fuerzas Armadas y su dependencia directa del titular de Defensa, garantizando una respuesta inmediata, como recuerda el Gobierno en la nota institucional por su XX aniversario (20 años de la UME, declaraciones de Robles).

Con este marco, la UME se ha convertido en el “brazo militar” del sistema de protección civil español, altamente valorado en el ámbito político y social, como reflejan las iniciativas parlamentarias de reconocimiento (propuesta del PSOE, respaldo del Congreso) y las frecuentes referencias del Ejecutivo a su profesionalidad y capacidad de respuesta.

Para completar el contexto, pueden consultarse otros materiales generales sobre la UME y su evolución histórica y doctrinal en los dosieres de Defensa y análisis sectoriales: dossier UME, historial de la UME, artículo divulgativo, explicación en Newtral y resumen práctico. Otras noticias institucionales y políticas en torno a emergencias, defensa y normativa pueden verse, entre muchas, en: unidad de drones, acto del XX aniversario, campaña de incendios, petición del PP, nuevo real decreto de coordinación contra incendios y orden sobre la Base de Morón.

Para ordenar la evacuación o el confinamiento de uno o varios municipios ante un incendio forestal en España no es necesario declarar un estado de alarma: se actúa, en la práctica, mediante los instrumentos ordinarios de protección civil. La base jurídica es la combinación de la legislación básica estatal de protección civil, la normativa forestal y los planes de emergencia (estatales, autonómicos y municipales) específicamente previstos para incendios forestales. La orden debe emanar de la autoridad de protección civil competente, estar prevista o encuadrada en un plan de protección civil y respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación temporal y adecuada información a la población, con posibilidad de control judicial a posteriori.

Marco básico de protección civil

La pieza central es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015). Esta ley:

• Define la emergencia de protección civil como una situación de riesgo colectivo que exige gestión rápida de los poderes públicos, y crea el Sistema Nacional de Protección Civil y los planes de protección civil (plan estatal general, planes territoriales, especiales y de autoprotección).
• Reconoce el deber de colaboración de ciudadanos y personas jurídicas “al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares” de las autoridades de protección civil, apoyándose en el artículo 30.4 de la Constitución.
• Autoriza a las autoridades competentes a adoptar medidas intensas: prestaciones personales obligatorias, requisa de bienes, ocupación transitoria y suspensión de actividades, siempre “limitadas al tiempo estrictamente necesario” y adecuadas a la entidad de la emergencia.
• Prevé que, cuando la emergencia exija entrada en domicilio y evacuación de personas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, es decir, con las garantías propias de la inviolabilidad del domicilio.

De aquí se desprende que una orden de evacuación o confinamiento generalizado es una medida restrictiva de derechos que debe estar motivada, ser temporal y proporcionada, y quedar integrada en los planes de protección civil.

Planificación específica frente a incendios forestales

Para el riesgo concreto de incendios forestales, la planificación se articula en varios niveles:

• La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Ley de Montes, modificada por la Ley 21/2015, Ley 21/2015) establece que la organización de la defensa contra los incendios forestales corresponde a las Administraciones públicas competentes, que deben actuar de modo coordinado y tener en cuenta la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.
• Esa directriz se aprobó por el Real Decreto 893/2013 (RD 893/2013, parcialmente sustituido por la Norma Básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 524/2023). En su desarrollo exige que los planes frente a incendios incluyan:
  • “Confinamiento, evacuación y albergue”: previsión de vías de evacuación, puntos de reunión, traslado de población en zona de riesgo y alojamiento en lugares seguros.
  • Un “procedimiento específico para la gestión y actuaciones para la evacuación de la población en emergencias por incendios forestales”.
  • Especificación de procedimientos de información a la población para su autoprotección, evacuación y albergue.
• A nivel estatal, el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros y publicado por Resolución de 31 de octubre de 2014 (Plan Estatal de incendios), prevé expresamente:
  • Planes de coordinación y apoyo como el “Plan de evacuación y albergue”, que desarrolla la movilización de recursos para evacuar y alojar población afectada.
  • Que el Mando Unificado de Extinción informe a los órganos autonómicos de dirección sobre las medidas que es necesario tomar: evacuaciones, cortes de carreteras, etc.

Sobre esa base, cada comunidad autónoma aprueba su plan especial de protección civil por incendios forestales y los municipios sus planes municipales, donde se concreta quién ordena la evacuación de cada núcleo, qué zonas se evacúan, recorridos seguros y puntos de albergue.

Competencias y niveles de decisión

De forma general:

• Las comunidades autónomas son la autoridad principal de protección civil y de lucha contra incendios forestales en su territorio; en sus normas y planes designan la autoridad que puede ordenar evacuaciones (normalmente el director del plan autonómico o el órgano de emergencias competente).
• Los alcaldes ejercen funciones de protección civil en el término municipal, activando el plan municipal y dictando órdenes a la población (incluidos confinamientos puntuales), siempre coordinados con el mando de emergencias autonómico.
• La Administración General del Estado, a través del Ministro del Interior y de la dirección del Sistema Nacional de Protección Civil, asume dirección y coordinación cuando se declara una emergencia de interés nacional (artículo 29 de la Ley 17/2015 interpretado por la STC 58/2017), pudiendo integrar y coordinar las decisiones de evacuación que ejecutan las autoridades autonómicas y locales.
• La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional (Ley de Seguridad Nacional) sitúa estas emergencias dentro de la seguridad nacional, pero las medidas concretas de evacuación y confinamiento siguen canalizándose por la legislación y planes de protección civil.

Requisitos materiales y garantías

En conjunto, para ordenar evacuación o confinamiento por un incendio forestal deben concurrir, al menos, estos elementos:

• Habilitación normativa: previsión en la Ley 17/2015 y en los planes de protección civil (estatal, autonómico, territorial o municipal) elaborados conforme a la Norma Básica de Protección Civil.
• Competencia de la autoridad: que la orden la dicte el órgano de dirección del plan activado (autonómico, municipal o, en caso extremo, estatal).
• Motivación por riesgo grave e inminente para personas y bienes, documentado en la gestión de la emergencia.
• Proporcionalidad y limitación temporal: medida estrictamente necesaria, limitada al área en riesgo y al tiempo imprescindible (la propia Ley 17/2015 exige esta limitación para todas las medidas restrictivas).
• Información clara a la población: los planes deben contener mecanismos de aviso y pautas de autoprotección; los medios de comunicación están obligados a colaborar gratuitamente en la difusión de avisos operativos.
• Respeto a derechos fundamentales reforzados (inviolabilidad del domicilio) cuando la evacuación exige entrar en viviendas, conforme a la Ley Orgánica 4/2015.
• Control judicial a posteriori, posible frente a órdenes concretas de la autoridad de protección civil, especialmente si se alega vulneración de derechos fundamentales.