Bruselas cree que la crisis de vivienda puede poner techo al crecimiento español

La Comisión Europea identifica el déficit de vivienda como el principal riesgo para la economía española y advierte de que la falta de oferta puede limitar la movilidad laboral, presionar los salarios y comprometer la continuidad de la expansión del PIB

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Pese al buen comportamiento de la economía española, que Bruselas ha vuelto a constatar al revisar al alza sus previsiones para 2026, la Comisión Europea ha identificado un riesgo de primer orden para mantener esta trayectoria. Por primera vez, las instituciones comunitarias advierten de forma explícita del impacto directo que la crisis de la vivienda puede tener sobre el crecimiento económico del país. "La vivienda es el principal riesgo económico para España", reconoce abiertamente un funcionario de la Comisión Europea.

Los analistas del Ejecutivo comunitario advierten de que la falta de vivienda asequible puede actuar como un "techo o límite" para la expansión del PIB español. El crecimiento registrado por España en los últimos años se ha apoyado especialmente en la creación de empleo y la incorporación de nuevos trabajadores, más que en avances significativos de productividad. En este contexto, la imposibilidad de encontrar alojamiento a precios asumibles en los principales núcleos de actividad económica puede terminar bloqueando la movilidad laboral interna y dificultando la atracción de mano de obra, tanto nacional como extranjera. "En una economía de rápido crecimiento como España, este es un problema real más que en cualquier otro país porque realmente podría poner un tope al crecimiento económico", detallan fuentes comunitarias desde el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea.

El diagnóstico de Bruselas va más allá de las dificultades de acceso a la vivienda para los hogares. La institución advierte de que el encarecimiento residencial también puede trasladarse al conjunto de la economía a través de los salarios y los precios. La inaccesibilidad de la vivienda eleva el coste de la vida percibido por las familias y genera presiones para negociar incrementos de los salarios nominales. Cuando estas subidas se producen en un entorno de productividad estancada, terminan elevando los costes laborales unitarios y pueden afectar a la competitividad de las empresas.

Este mecanismo adquiere especial relevancia en un contexto en el que la inflación de los servicios continúa mostrando una elevada persistencia. El coste residencial puede alimentar así los efectos de segunda vuelta sobre los precios finales, dificultando la convergencia de la inflación y añadiendo nuevas tensiones a la evolución de los costes empresariales.

Un déficit estructural de oferta que limita el crecimiento

El problema central que identifica el Ejecutivo comunitario reside en la incapacidad estructural de la oferta para responder al volumen de demanda existente. Una situación que, según las fuentes consultadas, se ve agravada por las condiciones financieras y el encarecimiento de los costes de producción. Los informes presentados este martes constatan que los elevados tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito bancario continúan lastrando la construcción residencial en la eurozona. Aunque el déficit de vivienda responde a factores estructurales, las dificultades de financiación han añadido obstáculos a la puesta en marcha de nuevos proyectos inmobiliarios.

"Obviamente hay un problema de oferta, hay un déficit en la oferta de vivienda en relación con la demanda, pero también con la formación de hogares, el creciente número de hogares en España y el número de unidades de vivienda disponibles", explican las fuentes técnicas comunitarias. Los datos que maneja Bruselas reflejan el deterioro de la actividad constructora en el conjunto europeo. Las entregas de vivienda han pasado de cuatro inmuebles por cada mil habitantes hace cuatro años a 3,1 en 2025, mientras que las licencias de edificación se mantienen un 16% por debajo de sus niveles anteriores. En España, además, el ritmo de creación de nuevos hogares supera con frecuencia el número de viviendas que se incorporan al mercado.

A las dificultades financieras se suma el encarecimiento de los materiales de construcción, la energía y la escasez de mano de obra cualificada. Estos factores presionan los márgenes de los promotores, elevan el coste de los proyectos y ralentizan la ejecución de nuevas promociones. El resultado es una capacidad de respuesta limitada ante una demanda que continúa creciendo. Se añade a esto el reducido tamaño del parque público de vivienda social. En España, este segmento representa alrededor del 2,5% del total, una proporción que limita la capacidad de las administraciones para ofrecer alternativas residenciales asequibles a los hogares con mayores dificultades de acceso.

La combinación de una oferta insuficiente y una demanda creciente provoca que los repuntes de esta última se trasladen principalmente a los precios, en lugar de traducirse en un aumento equivalente del parque inmobiliario. De esta manera, las tensiones del mercado residencial terminan convirtiéndose en un obstáculo para la actividad económica y la capacidad de absorción de nuevos trabajadores.

El efecto riqueza inmobiliaria pierde capacidad para impulsar el consumo

La Comisión Europea también detecta un cambio en la relación tradicional entre el precio de la vivienda y el consumo de los hogares. Históricamente, el encarecimiento de los inmuebles generaba un efecto riqueza positivo para sus propietarios, que al percibir un aumento del valor de sus activos tendían a incrementar su gasto. Sin embargo, los estudios recientes del Ejecutivo comunitario apuntan a que la propensión marginal al consumo derivada de la riqueza inmobiliaria ha caído hasta niveles cercanos a cero. Esto significa que las subidas del precio de los inmuebles ya no generan el mismo impulso sobre el consumo que en etapas anteriores.

La evolución introduce un elemento adicional de preocupación para España. El encarecimiento residencial no solo dificulta el acceso a la vivienda de quienes todavía no son propietarios, sino que tampoco se traduce necesariamente en un estímulo significativo para el consumo de quienes ya cuentan con un inmueble. El resultado es una distribución desigual de los efectos de la revalorización inmobiliaria, con un impacto especialmente intenso sobre los hogares jóvenes y aquellos que deben incorporarse al mercado.

El comisario económico, Valdis Dombrovskis. ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL -

Fotocasa alerta de una crisis de accesibilidad y emancipación

El diagnóstico comunitario coincide con las advertencias del sector inmobiliario sobre el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda en España. Los precios de compra y alquiler se sitúan en máximos históricos, mientras que la distancia entre los ingresos de los hogares y el coste residencial continúa ampliándose. "Las consecuencias ya afectan de lleno al modelo social de nuestro país. La edad media de emancipación supera los 30 años, la segunda más elevada de Europa, la natalidad continúa retrasándose y cada vez más jóvenes permanecen en casa de sus padres", apunta la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Al igual que la Comisión Europea, el portal inmobiliario sitúa buena parte del origen del problema en la insuficiencia de la oferta. Sus datos apuntan a que España construye alrededor de 100.000 viviendas al año, mientras que la creación de nuevos hogares supera las 240.000. En términos de capacidad de respuesta, apenas se edifica el 40% de las viviendas necesarias para absorber la nueva demanda. A esta brecha se añade, según Matos, que España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa, lo que limita las alternativas para los colectivos con mayores dificultades económicas.

Desde Fotocasa consideran que el país debería elevar su ritmo de construcción hasta aproximadamente 250.000 viviendas anuales para acompasar la incorporación de nuevos hogares al mercado. La diferencia con otros Estados europeos también refleja el déficit de actividad constructora: mientras algunos países levantan alrededor de cuatro viviendas por cada mil habitantes, España construye aproximadamente dos. Entre las prioridades para revertir esta situación, el sector señala la necesidad de aumentar la disponibilidad de suelo, agilizar los procedimientos administrativos y mejorar la fiscalidad de la promoción residencial. También reclama reforzar la colaboración público-privada e impulsar tanto la construcción de vivienda asequible como la rehabilitación del parque existente.

El diagnóstico de Bruselas incorpora así la vivienda a la lista de factores que pueden condicionar la continuidad del crecimiento español. Más allá de su dimensión social, la falta de oferta residencial empieza a ser considerada un riesgo macroeconómico: puede limitar la movilidad de los trabajadores, dificultar la contratación de empresas, alimentar las presiones salariales y trasladar nuevos costes al conjunto de la economía. La capacidad de España para sostener su expansión dependerá también de que consiga resolver un déficit de vivienda que amenaza con convertirse en un límite estructural a su crecimiento.