La Comisión Europea ha revisado al alza sus previsiones económicas para España y sitúa ahora el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,65% para 2026, frente al 2,4% que contemplaba en sus anteriores estimaciones. La mejora de las perspectivas vuelve a colocar al país entre las principales locomotoras del crecimiento comunitario y confirma una resistencia de la economía española superior a la inicialmente prevista. No obstante, el avance estará acompañado de una mayor presión inflacionista, derivada fundamentalmente del encarecimiento de los costes energéticos en los mercados internacionales.
Crecer un 2,65% este año consolida a España como una de las economías con mayor dinamismo de la Unión Europea. La revisión de Bruselas refleja que la actividad nacional continúa absorbiendo mejor que buena parte de sus socios comunitarios el impacto de las tensiones internacionales, entre ellas la guerra en Irán y sus consecuencias sobre los mercados energéticos. Una evolución que encuentra parte de su explicación en la fortaleza de la demanda interna, especialmente en el consumo privado, impulsado por el comportamiento del empleo y los flujos migratorios.
A estos factores se suma la contribución de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos recursos europeos continúan desempeñando un papel relevante en la actividad económica. La combinación de estos elementos permite a España mantener un ritmo de expansión superior al de las principales economías del continente, en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, el encarecimiento de los suministros y unas condiciones financieras menos favorables para la inversión.
La deuda cae por debajo del 100% y el déficit se acerca al objetivo europeo
En el apartado fiscal, las perspectivas de la Comisión también apuntan a una evolución favorable de las cuentas públicas españolas. Bruselas prevé que la deuda pública continúe reduciéndose y se sitúe por debajo de la barrera del 100% del PIB, un umbral que no se había vuelto a alcanzar desde 2019. La trayectoria permitiría prolongar el proceso de consolidación fiscal, aunque todavía con un volumen de endeudamiento elevado en términos históricos.
Por su parte, el déficit público se situaría en torno al 2,6% del PIB, dentro del límite de referencia del 3% establecido por las reglas fiscales europeas. Esta evolución coloca a España en una posición relativamente más holgada que la de otros grandes Estados miembros que afrontan mayores dificultades para ajustar sus cuentas públicas, como Francia o Alemania.
La evolución de estos indicadores adquiere especial relevancia en el contexto de la reactivación del marco de gobernanza económica de la UE y de las nuevas exigencias de disciplina presupuestaria. El margen fiscal de los Estados miembros condicionará su capacidad para responder a posibles perturbaciones económicas y, al mismo tiempo, financiar las inversiones necesarias para reforzar su competitividad, modernizar el tejido productivo y avanzar en las transiciones energética y digital.
Sin embargo, el escenario no está exento de riesgos. La Comisión anticipa que la inflación española repuntará hasta el 3,9% este año, lo que supondrá una presión adicional sobre el coste de la vida antes de que los precios comiencen a moderarse en los ejercicios posteriores. Se trata de uno de los principales elementos que matizan la mejora de las perspectivas de crecimiento y que podría limitar parte de los efectos positivos de la expansión económica sobre los hogares.
La energía vuelve a presionar los precios
El encarecimiento de los suministros energéticos constituye uno de los principales factores detrás de esta revisión de las previsiones de inflación. Las fuentes comunitarias apuntan a que el escenario de costes energéticos ha empeorado sustancialmente respecto a los últimos supuestos técnicos utilizados por los servicios de la Comisión. El precio del petróleo Brent mantiene una trayectoria alcista, mientras que el gas natural ha experimentado un fuerte encarecimiento durante los últimos meses.
La repercusión de estos movimientos sobre los precios se ha trasladado a las estimaciones de Bruselas, que ha tenido que revisar significativamente al alza sus perspectivas de inflación. La evolución de los mercados energéticos vuelve así a situarse entre las principales variables que condicionan las perspectivas macroeconómicas europeas, especialmente en un contexto de inestabilidad geopolítica y exposición de las economías comunitarias a los mercados internacionales de materias primas.
En el caso español, el repunte de los precios podría erosionar parte de la capacidad adquisitiva de los hogares y elevar los costes operativos de las empresas. Aunque el dinamismo del empleo y del consumo privado proporciona cierto colchón frente a estas perturbaciones, la persistencia de las tensiones energéticas podría terminar trasladándose a otros componentes de la cesta de consumo y condicionar la evolución de la demanda interna.
A esta situación se suma el problema estructural de la vivienda. La Comisión Europea advierte de que la escasez de oferta continuará ejerciendo presión sobre los precios, lo que podría tener consecuencias que van más allá del propio mercado inmobiliario. El encarecimiento del acceso a la vivienda amenaza con limitar la movilidad laboral entre regiones y reducir la capacidad de consumo de los hogares, especialmente de aquellos que destinan una mayor proporción de sus ingresos al alquiler o a la compra de un inmueble.
Bruselas también identifica riesgos asociados a la evolución de los salarios. Si las remuneraciones continúan creciendo por encima de los avances de la productividad, los costes laborales unitarios podrían aumentar a un ritmo superior al registrado en la zona euro. Esta diferencia supondría un factor de presión para la competitividad exterior de las empresas españolas, especialmente en aquellos sectores más expuestos a la competencia internacional.
Una Europa a dos velocidades
La revisión de las previsiones españolas contrasta con un escenario comunitario mucho más moderado. La Comisión sitúa el crecimiento medio del PIB de la Unión Europea en torno al 1,4%, aunque reconoce que esta cifra agregada esconde diferencias importantes entre los Estados miembros. Mientras las economías del sur y del este del continente mantienen ritmos de expansión y convergencia relativamente dinámicos, las principales economías tradicionales de la UE muestran mayores dificultades para recuperar el impulso.
Alemania apenas registrará un crecimiento del 1,3% en 2026, antes de moderarse hasta el 1% en 2027. La evolución refleja los problemas estructurales que arrastra la economía germana, entre ellos el envejecimiento demográfico y las dificultades de su sector manufacturero para adaptarse a un entorno internacional cada vez más competitivo. El comportamiento de la industria continúa condicionando las perspectivas de recuperación de la que tradicionalmente ha sido una de las principales referencias económicas del continente.
Francia, por su parte, afronta un escenario todavía más limitado. La Comisión prevé que su economía crezca apenas un 0,4%, lastrada por el ajuste fiscal y la debilidad de la inversión. La evolución de las dos principales economías de la zona euro evidencia las dificultades para recuperar el dinamismo de la actividad y pone de manifiesto las divergencias que atraviesan el mercado único.
A este escenario se añade el endurecimiento de las condiciones financieras. Las fuentes consultadas apuntan a que la evolución de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), con el tipo de interés de la facilidad de depósito proyectado en el 3,3% hacia mediados de 2027, seguirá encareciendo el acceso al crédito para familias y empresas. Un factor que podría desincentivar la inversión privada precisamente cuando las economías europeas afrontan importantes necesidades de transformación industrial, tecnológica y energética.
La incertidumbre geopolítica condiciona las perspectivas
Pese a la mejora de las estimaciones para España, la Comisión Europea mantiene un escenario condicionado por numerosos factores externos. Las perspectivas económicas seguirán expuestas a la evolución de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, así como a las tensiones comerciales internacionales y a posibles nuevas perturbaciones en los mercados de materias primas.
A estos riesgos se añaden los choques climáticos, que también pueden condicionar la actividad económica. Las olas de calor y los episodios de sequía registrados durante el verano han restado actividad al sector agrario y vuelven a poner de manifiesto la exposición de determinadas ramas productivas a los fenómenos meteorológicos extremos.
De este modo, aunque España mantiene unas perspectivas de crecimiento superiores a las de buena parte de sus socios comunitarios, Bruselas advierte de que el escenario seguirá condicionado por la evolución de los precios energéticos, la capacidad de consolidación fiscal y los desequilibrios estructurales. La economía española gana peso en el crecimiento europeo, pero deberá afrontar el reto de mantener su dinamismo sin trasladar las presiones inflacionistas a su competitividad y a la capacidad adquisitiva de los hogares.