Costa propone un nuevo impuesto a los gigantes digitales para financiar el presupuesto europeo

El nuevo borrador del MFF contempla una contribución del 3% sobre los ingresos obtenidos por publicidad en línea, servicios de mercados digitales y monetización de datos de usuarios, dentro de una cesta de cinco nuevos recursos propios con la que el presidente del Consejo Europeo busca contener las aportaciones nacionales y financiar las prioridades estratégicas de la UE en el marco financiero plurianual 2028-2034

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha presentado este sábado los detalles de su propuesta para tratar de desatascar la negociación del próximo presupuesto comunitario, un marco financiero de casi dos billones de euros para el periodo 2028-2034. El documento plantea un ajuste del 10,2% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea y abre la puerta a dotar a la Unión Europea de nuevas fuentes de ingresos mediante cinco posibles recursos propios. El objetivo es doble: contener las contribuciones nacionales y, al mismo tiempo, preservar la capacidad del presupuesto para responder a las nuevas prioridades estratégicas del bloque.

Después de constatar el bloqueo en las conversaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP), los líderes europeos encomendaron a Costa la elaboración de una propuesta capaz de acercar las distintas sensibilidades que conviven en la negociación. Por un lado, los Estados miembros que reclaman ajustar las cuentas y limitar el esfuerzo de sus presupuestos nacionales. Por otro, las capitales y las instituciones que defienden una mayor ambición financiera para responder a los desafíos económicos, industriales y geopolíticos de la próxima década. "Creo que esta propuesta puede acercarnos a un acuerdo final", ha asegurado el presidente del Consejo Europeo desde la sala de prensa.

 

La principal novedad del documento, conocido como negobox, es la incorporación de una cesta de nuevos recursos propios que permitiría financiar parte del presupuesto sin trasladar todo el esfuerzo a las contribuciones de los Estados miembros. La estimación que acompaña a este planteamiento apunta a una capacidad de recaudación de alrededor de 60.000 millones de euros anuales, aunque esta cifra deberá contrastarse con las previsiones detalladas de cada mecanismo y con el diseño definitivo de los gravámenes. La intención política es que los nuevos ingresos permitan mantener las aportaciones nacionales en niveles próximos al 0,8% de la renta nacional bruta, sin elevar la presión sobre las economías de los Veintisiete.

"Hemos mantenido las contribuciones nacionales en un nivel razonable", ha defendido Costa. La propuesta busca así responder a una de las principales exigencias de las capitales: que el nuevo presupuesto no se traduzca automáticamente en un incremento de sus aportaciones. La creación de ingresos propios permitiría diversificar la financiación comunitaria y reducir la dependencia de las transferencias nacionales, aunque su aprobación exigirá todavía un acuerdo político entre los Estados miembros.

 

Cinco vías para ampliar los ingresos europeos

El borrador distribuido antes de la cumbre del Consejo Europeo de la próxima semana contempla cinco posibles fuentes de ingresos. Entre ellas destaca una nueva contribución sobre determinados servicios digitales, dirigida a las grandes compañías tecnológicas. Costa ha insistido en que el mecanismo "no va dirigido a ninguna empresa en concreto", sino que pretende establecer una base de tributación vinculada a determinadas actividades económicas desarrolladas en el mercado europeo.

El gravamen planteado sería del 3% sobre la facturación neta anual obtenida por publicidad en línea, servicios de mercados digitales y monetización de datos de usuarios. La propuesta contempla que afecte a las compañías que superen determinados umbrales de actividad: más de 50 millones de euros de facturación digital anual en la Unión Europea y 750 millones de euros de ingresos a escala mundial. La medida pretende que una parte del valor generado por estas actividades contribuya directamente a financiar las políticas comunitarias.

Junto a esta contribución, la cesta incluye ingresos procedentes del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), una tasa sobre los residuos electrónicos no recogidos y una parte de los ingresos del régimen europeo de comercio de emisiones. La quinta vía sería un gravamen específico sobre el tabaco, una iniciativa que ya había planteado la Comisión Europea en su propuesta inicial.

En este último caso, el documento contempla una contribución del 15% sobre los ingresos especiales aplicados a las labores del tabaco despachadas a consumo. Para evitar un impacto económico desproporcionado en los países con menores niveles de renta, el mecanismo se introduciría de manera progresiva. La aplicación comenzaría con un tipo del 5% entre 2028 y 2030, aumentaría al 10% durante el periodo 2031-2033 y alcanzaría el 15% definitivo a partir de 2034.

La propuesta no parte, en cualquier caso, de cero. Algunas de estas vías de financiación ya habían aparecido en el debate institucional. El Parlamento Europeo había defendido la posibilidad de establecer una contribución sobre las grandes compañías tecnológicas, mientras que la Comisión incluyó el gravamen sobre el tabaco entre sus propuestas para reforzar los ingresos del presupuesto. Costa incorpora ahora estos elementos a una negociación en la que los recursos propios se han convertido en una de las principales palancas para acercar posiciones.

El presidente del Consejo Europeo ha adelantado, además, que las discusiones seguirán abiertas en torno a un posible nuevo recurso propio basado en los criptoactivos. A ello se sumará el encargo a la Comisión Europea para que estudie la obtención de ingresos adicionales a partir de las futuras subastas del espectro radioeléctrico. Se trata, por tanto, de una cesta que combina mecanismos ya planteados por las instituciones con nuevas vías de financiación todavía pendientes de desarrollo.

Un ajuste para conciliar las prioridades con las exigencias nacionales

La búsqueda de nuevos ingresos responde a una de las contradicciones centrales de la negociación presupuestaria. Cuando la Comisión Europea presentó su propuesta en 2025, la presidenta Ursula von der Leyen defendió un marco financiero expansivo para dotar a la Unión de mayor capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos. Entre ellos figuraban la seguridad del continente, la competitividad industrial, la transición económica y el refuerzo de la posición geopolítica europea.

Sin embargo, esa ambición chocó con la resistencia de varios Estados miembros a aumentar sus aportaciones al presupuesto comunitario. Las capitales reclamaban un marco financiero que consideraban más realista y que no implicase elevar sustancialmente el esfuerzo nacional. La misión de Costa ha consistido en encontrar un punto intermedio: reducir el volumen de la propuesta inicial sin desmantelar por completo las prioridades que la Comisión había situado en el centro del próximo ciclo presupuestario.

El resultado es un ajuste general del 10,2% en los compromisos, hasta situar el presupuesto en torno a los 1,58 billones de euros a precios constantes de 2025. Pero el recorte no se distribuye de manera homogénea entre las distintas partidas. La propuesta protege algunas de las políticas tradicionales de la Unión, mientras concentra una parte importante del ajuste en los capítulos de competitividad, defensa y acción exterior.

La PAC y la cohesión resisten el ajuste

Costa ha amortiguado el recorte en las dos grandes políticas históricas del presupuesto europeo: la política agrícola común (PAC) y la política de cohesión. El mínimo garantizado para las ayudas directas a la renta de los agricultores se mantiene prácticamente intacto, con un ajuste positivo testimonial respecto a la propuesta de la Comisión. La dotación pasa de 261.009 millones a 261.012 millones de euros.

La política de cohesión también experimenta una reducción limitada. Su asignación baja de 404.877 millones a 402.374 millones de euros, un descenso del 0,6%. La diferencia contrasta con los ajustes aplicados a otros capítulos y refleja la voluntad de preservar el peso de los instrumentos que sostienen la convergencia territorial y el apoyo a las regiones europeas.

La protección de estas partidas no significa que todo el bloque presupuestario vinculado a la cohesión y a la PAC quede al margen de los recortes. La rúbrica que agrupa estas políticas, junto con otros instrumentos, reduce su dotación global en un 5,1%. Sin embargo, el ajuste resulta considerablemente más moderado que el previsto para otras áreas del presupuesto. La propuesta de Costa trata así de evitar que la negociación se traduzca en una reducción sustancial de los principales fondos que reciben los Estados miembros y sus territorios.

Competitividad y defensa, entre los principales damnificados

El mayor ajuste dentro del presupuesto se concentra en la rúbrica dedicada a la competitividad, la prosperidad y la seguridad. La propuesta de Costa reduce su dotación un 16,2% respecto al planteamiento inicial de la Comisión Europea, hasta situarla en 437.683 millones de euros. El recorte afecta especialmente al Fondo Europeo de Competitividad y a los instrumentos destinados a reforzar las capacidades industriales y estratégicas de la Unión.

Dentro de este capítulo, el eje dedicado a defensa, espacio y resiliencia pasa de 115.699 millones a 81.183 millones de euros, lo que supone una reducción cercana al 30%. Se trata de uno de los ajustes más significativos de toda la propuesta. El equipo de Costa defiende, no obstante, que la dotación resultante seguiría representando un incremento del 232% respecto al presupuesto actual. El argumento permite al Consejo Europeo presentar el recorte como una moderación de la ambición inicial, pero no como una renuncia al refuerzo de las capacidades europeas.

El ajuste también alcanza a otros programas considerados estratégicos. Horizonte Europa, el principal instrumento comunitario de investigación e innovación, reduce su asignación de 154.882 millones a 140.000 millones de euros. El Mecanismo Conectar Europa, destinado a financiar infraestructuras y redes de transporte y energía, pierde más de 10.000 millones respecto a la propuesta de la Comisión. Erasmus+, por su parte, registra una reducción más moderada, mientras que programas como AgoraEU y el Mecanismo de Protección Civil también ven disminuidos sus recursos.

La acción exterior, la rúbrica más castigada

Con todo, la rúbrica más perjudicada por la negobox de António Costa es la dedicada a la acción exterior de la Unión Europea, que registra una reducción del 21%. El instrumento Europa Global, principal vehículo de financiación de la acción exterior comunitaria, pasa de 176.830 millones a 142.183 millones de euros. Los distintos pilares geográficos, entre ellos África subsahariana, la ampliación y Oriente Próximo, sufren reducciones que se sitúan aproximadamente entre el 18% y el 19%.

La propuesta mantiene, en cambio, prácticamente intacta la reserva destinada a Ucrania, con una dotación de 88.869 millones de euros. Este instrumento se complementaría con los mecanismos de asistencia financiera y los préstamos previstos para apoyar a Kiev. Entre ellos figura el nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para 2026, que los Estados miembros también abordarán durante la cumbre de noviembre.

El reparto de los ajustes dibuja así las prioridades de la negociación. La PAC y la cohesión quedan relativamente protegidas, mientras que la competitividad, la defensa y, especialmente, la acción exterior absorben una parte sustancial del recorte. Costa presenta su propuesta como una base para acercar posiciones, pero la distribución de los recursos evidencia que el acuerdo seguirá dependiendo de cómo los Veintisiete resuelvan el equilibrio entre las políticas tradicionales, las nuevas prioridades estratégicas y el esfuerzo financiero que están dispuestos a asumir.

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¿En qué estado se encuentra actualmente la tramitación parlamentaria del marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034?

A 21 de noviembre de 2026, el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para 2028-2034 todavía no está aprobado. El Parlamento Europeo ya ha fijado su posición negociadora, pero los Estados miembros siguen intentando cerrar un acuerdo global. Por tanto, la votación parlamentaria de abril no fue la aprobación definitiva del marco: sigue pendiente el consentimiento final de la Eurocámara.

Qué ha aprobado el Parlamento Europeo

El principal hito parlamentario se produjo el 28 de abril de 2026: el Pleno aprobó su informe provisional sobre las cifras y la estructura del futuro presupuesto por 370 votos a favor, 201 en contra y 84 abstenciones. Previamente, la Comisión de Presupuestos había respaldado el informe el 15 de abril, por 26 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

La posición aprobada por el Pleno reclama:

  • Un presupuesto equivalente al 1,27 % de la renta nacional bruta de la UE, aproximadamente un 10 % por encima de la propuesta de la Comisión, excluyendo el reembolso de NextGenerationEU.
  • Mantener el servicio de esa deuda, equivalente al 0,11 % de la renta nacional bruta, fuera de los límites del marco.
  • Asignaciones diferenciadas para agricultura, pesca, cohesión y políticas sociales, con participación efectiva de las autoridades regionales y locales.
  • Nuevos recursos propios —ingresos de la UE— para financiar el presupuesto y devolver la deuda sin desplazar otras prioridades.

El 7 de octubre, la Eurocámara reiteró estas demandas y advirtió contra recortes que redujeran la capacidad de actuación europea. Ese debate reafirmó su posición, pero no constituyó una aprobación del reglamento definitivo, como explica el comunicado del Parlamento.

Dónde está ahora el principal obstáculo

El bloqueo se encuentra en la negociación entre los Estados miembros sobre el volumen total, el reparto del gasto y su financiación. La propuesta inicial de la Comisión, presentada el 16 de julio de 2025, se completó con otro paquete de propuestas sectoriales el 3 de septiembre de 2025.

La Presidencia irlandesa del Consejo presentó en octubre un documento negociador con una reducción aproximada del 8 % respecto de la propuesta de la Comisión. Los negociadores parlamentarios rechazaron ese planteamiento, según el balance oficial de octubre.

La novedad más reciente es la propuesta de compromiso presentada por António Costa el 21 de noviembre. Según Demócrata, plantea un ajuste del 10,2 % respecto del proyecto inicial y cinco posibles recursos propios. Es una propuesta para desbloquear las conversaciones, no un acuerdo adoptado.

Qué falta para culminar la tramitación

El reglamento del MFP necesita una decisión unánime del Consejo y el consentimiento del Parlamento por mayoría absoluta de sus miembros. La Eurocámara puede aprobar o rechazar el resultado final; disponer de una posición negociadora no sustituye ese consentimiento.

En paralelo, avanzan los reglamentos de los programas financiados por el marco. El Consejo ha alcanzado posiciones parciales sobre instrumentos como Europa Global, los planes nacionales y regionales y Horizonte Europa. Esos avances permiten negociar aspectos sectoriales, pero sus dotaciones dependen del acuerdo presupuestario global.

Los próximos hitos son el Consejo Europeo extraordinario del 26 y 27 de noviembre y la reunión del 17 y 18 de diciembre. El objetivo político es cerrar el acuerdo antes de terminar 2026, completar los actos legislativos durante 2027 y aplicar el nuevo marco desde el 1 de enero de 2028. Es un calendario previsto, no una aprobación garantizada.

¿Cuáles son las competencias y atribuciones del presidente del Consejo Europeo según los tratados de la UE?

El presidente del Consejo Europeo es una figura creada por el Tratado de Lisboa y regulada principalmente en el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Su función es dar continuidad, coherencia y visibilidad política al máximo órgano político de la UE, el Consejo Europeo, que reúne a jefes de Estado o de Gobierno.

Designación y estatuto básico

El presidente del Consejo Europeo es elegido por el propio Consejo Europeo por mayoría cualificada, por un mandato de dos años y medio, renovable una sola vez. No puede simultanear este cargo con un mandato nacional (por ejemplo, no puede ser al mismo tiempo jefe de Estado o de Gobierno de un Estado miembro). Esto subraya su carácter de figura europea, no de representante nacional.

Dirección de los trabajos del Consejo Europeo

La competencia central del presidente, según el artículo 15.6 TUE, es presidir y dirigir los trabajos del Consejo Europeo. Esto incluye:

  • Convocar las reuniones del Consejo Europeo, tanto las ordinarias (al menos cuatro al año) como las extraordinarias cuando la situación lo requiera.
  • Fijar y ordenar el orden del día, en diálogo con los Estados miembros y las demás instituciones, para orientar el debate hacia las prioridades estratégicas.
  • Conducir los debates durante las cumbres, dando la palabra, proponiendo métodos de trabajo y tratando de encauzar las posiciones hacia conclusiones comunes.

Preparación, continuidad y cohesión

El Tratado subraya que el presidente debe asegurar “la preparación y la continuidad” de los trabajos del Consejo Europeo en cooperación con el presidente de la Comisión y sobre la base de los trabajos del Consejo de Asuntos Generales. De ello se derivan varias atribuciones prácticas:

  • Coordinarse estrechamente con el presidente de la Comisión Europea y con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE (Consejo de Ministros), de modo que las prioridades estratégicas del Consejo Europeo se reflejen en la agenda legislativa.
  • Trabajar con el Consejo de Asuntos Generales (ministros de Asuntos Europeos) para preparar las cumbres, tanto en la definición de temas como en la búsqueda previa de compromisos.
  • Velar por la coherencia y la unidad política entre los Estados miembros, actuando como facilitador, mediador y, en la práctica, “constructor de consensos”.

En este sentido, el presidente no es un “jefe de gobierno de la UE”, sino un árbitro político que ayuda a los líderes nacionales a alcanzar acuerdos sobre las grandes orientaciones y prioridades de la Unión.

Representación externa de la Unión

Otra de sus funciones clave, prevista también en el artículo 15 TUE, es asegurar la representación exterior de la Unión al nivel de jefes de Estado o de Gobierno en los asuntos de política exterior y de seguridad común (PESC), “sin perjuicio” de las competencias del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

En la práctica, esto implica:

  • Representar a la UE en cumbres internacionales con terceros países y organizaciones (por ejemplo, G7, G20, cumbres UE–China, UE–Unión Africana), junto con el presidente de la Comisión.
  • Expresar las posiciones políticas acordadas por el Consejo Europeo en materia exterior y de seguridad, siempre dentro del mandato fijado por los Estados miembros.
  • Coordinarse con el Alto Representante, que es quien dirige el Servicio Europeo de Acción Exterior y se ocupa del día a día de la diplomacia y de la PESC.

Relaciones interinstitucionales y rendición de cuentas

El presidente tiene también obligaciones de rendición de cuentas y de relación con otras instituciones:

  • Informe al Parlamento Europeo: tras cada reunión del Consejo Europeo, debe presentar un informe ante el Parlamento y mantener con él un debate. Así se asegura un control democrático sobre las orientaciones políticas fijadas por los jefes de Estado o de Gobierno.
  • Seguimiento de las decisiones del propio Consejo Europeo, impulsando su aplicación y vigilando que otras instituciones y los Estados miembros avancen en lo acordado.

Papel en los nombramientos de altos cargos de la UE

Aunque las decisiones corresponden al conjunto del Consejo Europeo, el presidente desempeña un rol político central en:

  • La preparación del nombramiento del presidente de la Comisión Europea, que el Consejo Europeo propone al Parlamento teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas.
  • Las deliberaciones sobre otros nombramientos de alto nivel (Alto Representante, miembros de la Comisión, presidencia del Banco Central Europeo, etc.), mediante tareas de mediación y búsqueda de equilibrios políticos y geográficos.

En conjunto, los tratados confieren al presidente del Consejo Europeo un papel de liderazgo político colegiado: no decide por sí mismo, pero organiza, impulsa y representa las decisiones conjuntas de los jefes de Estado o de Gobierno, asegurando continuidad, visibilidad externa y coherencia en la acción de la Unión.

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para que se apruebe un nuevo recurso propio en el presupuesto de la Unión Europea?

Para introducir un nuevo recurso propio de la Unión Europea (es decir, una nueva fuente de ingresos del presupuesto de la UE) no basta con una simple decisión presupuestaria anual. El procedimiento está regulado a nivel de Derecho primario, principalmente en el artículo 311 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), y exige tanto un acuerdo unánime de los Estados miembros en el Consejo como la aprobación posterior conforme a los procedimientos constitucionales de cada país (normalmente, ratificación parlamentaria).

1. Base jurídica: artículo 311 TFUE

El punto de partida es el art. 311 TFUE, que establece que la Unión se dota de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y que su presupuesto se financia íntegramente con recursos propios. Ese mismo artículo prevé un “sistema de recursos propios” regulado mediante una decisión del Consejo que:

  • determina las categorías de recursos propios (por ejemplo, derechos de aduana, recursos basados en la RNB, recursos fiscales específicos);
  • puede introducir nuevos recursos propios o suprimir/modificar los existentes;
  • fija las normas generales para su cálculo y puesta a disposición de la UE.

Por tanto, crear un nuevo recurso propio siempre implica modificar o adoptar una nueva Decisión de Recursos Propios (DRP) con apoyo en el art. 311 TFUE.

2. Requisitos políticos y procedimentales en la UE

En el plano de la Unión, los pasos clave y sus requisitos legales son:

  • Propuesta de la Comisión Europea.
    La Comisión tiene el derecho de iniciativa y elabora una propuesta de decisión sobre el sistema de recursos propios que incluya el nuevo recurso (definición, base imponible, método de cálculo, calendario, etc.).
  • Consulta al Parlamento Europeo.
    El Parlamento Europeo emite un dictamen consultivo. Su opinión no es jurídicamente vinculante, pero es un requisito formal: el Consejo sólo puede adoptar la decisión final tras haber consultado al Parlamento.
  • Aprobación unánime en el Consejo.
    El Consejo de la UE, formado por los ministros de los Estados miembros competentes en la materia (normalmente Finanzas), debe aprobar la nueva DRP por unanimidad. Es decir, todos los Estados miembros deben votar a favor. No existe, aquí, la posibilidad de aprobarla por mayoría cualificada.
  • Coherencia con el Marco Financiero Plurianual (MFP).
    Aunque no es un requisito “técnico” aislado, en la práctica la creación de nuevos recursos propios suele estar ligada a la negociación del MFP, ya que el tope de recursos propios y la estructura de ingresos deben ser coherentes con los límites de gasto plurianual.

3. Requisitos a nivel nacional: ratificación por todos los Estados

El rasgo más exigente del sistema es que la Decisión de Recursos Propios no entra en vigor automáticamente tras la unanimidad en el Consejo. El propio art. 311 TFUE exige un nivel de legitimación equiparable al de una modificación cuasi-constitucional:

  • La decisión “no podrá entrar en vigor hasta que haya sido aprobada por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”.
  • En la práctica, esto significa que cada Estado miembro debe ratificarla internamente, normalmente mediante:
    • aprobación por el parlamento nacional (a veces por mayoría reforzada, si así lo exige la constitución interna);
    • eventuales controles adicionales, como revisión constitucional o, en casos muy excepcionales, referéndum si así lo impone el ordenamiento nacional.
  • Todos deben culminar este procedimiento. Si un solo Estado no ratifica, la decisión no puede entrar en vigor para ninguno.

4. Requisitos materiales mínimos del nuevo recurso propio

Además del procedimiento, existen exigencias materiales derivadas del propio Derecho de la UE:

  • Compatibilidad con los Tratados.
    El nuevo recurso no puede vulnerar libertades fundamentales (libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas) ni prohibiciones como los impuestos discriminatorios o derechos de aduana internos.
  • Respeto a los principios presupuestarios.
    Debe ajustarse a los principios de unidad, universalidad, equilibrio y disciplina presupuestaria. El objetivo es financiar el presupuesto, no crear un instrumento puramente sancionador o ajeno a la lógica presupuestaria.
  • Seguridad jurídica y previsibilidad.
    Las normas de cálculo, devengo, recaudación y transferencia a la UE han de ser claras, estables y suficientemente objetivas, para que los Estados puedan integrar el recurso en sus sistemas tributarios o de tasas sin generar inseguridad.
  • Respeto de las competencias fiscales nacionales.
    Aunque la UE crea el recurso propio, su recaudación se canaliza generalmente a través de las administraciones nacionales. El diseño debe ser compatible con los sistemas fiscales internos, de modo que la UE no se convierta en un “Estado fiscal” pleno que compita con los Estados.

5. Resultado: rango cuasi-constitucional

En conjunto, los requisitos pueden resumirse así: para aprobar un nuevo recurso propio de la UE se necesita iniciativa de la Comisión, consulta al Parlamento Europeo, unanimidad en el Consejo y, sobre todo, ratificación por todos los Estados miembros conforme a sus constituciones, garantizando además que el diseño del recurso respete los Tratados y los principios presupuestarios de la Unión. En términos políticos y jurídicos, es uno de los procedimientos más exigentes del sistema europeo.

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¿Cuál es una de las principales novedades de la propuesta presupuestaria presentada por António Costa?

Pregunta 1 de 3

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Pregunta 2 de 3

¿Qué partidas del presupuesto europeo se mantienen prácticamente intactas según la propuesta de Costa?

Pregunta 3 de 3