En la mesa de la cena: un presupuesto de dos billones de euros y Veintisiete países con ideas distintas sobre cómo financiarlo. Pero, si alguna conclusión sacaron los jefes de Estado y de Gobierno de su última cumbre en Bruselas, fue la necesidad de ahondar en las distintas propuestas que ahora estudian para dotar a la Unión de nuevos recursos propios. Lo que, traducido a un idioma comprensible fuera de la burbuja comunitaria, significa una cosa: nuevos impuestos europeos. Mientras los países del sur discuten con los llamados frugales y la Comisión Europea trata de acercar posiciones entre ambos bloques, la Eurocámara empieza a mover ficha para intentar llevar la voz cantante en una de las negociaciones más delicadas del próximo Marco Financiero Plurianual.
Bien es cierto que distintos equipos diplomáticos reconocieron durante el último Consejo Europeo la idoneidad de que los Estados miembros empiecen a fijarse en las propuestas que el Parlamento Europeo está elaborando sobre estas nuevas fuentes de ingresos. Entre todas ellas, hay una que destaca claramente por encima del resto: la recuperación de la denominada tasa digital, un gravamen dirigido a las grandes empresas tecnológicas que, a juicio de buena parte de los eurodiputados, siguen beneficiándose de una situación próxima a un paraíso fiscal dentro del mercado comunitario debido a la naturaleza transfronteriza y cambiante de sus modelos de negocio.
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De entrada, los eurodiputados reconocen que "abrazan" la cesta de recursos propios propuesta por la Comisión Europea, que se fundamenta en instrumentos ya conocidos como el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, los ingresos procedentes de la venta de derechos vinculados al tabaco o la réplica del sistema aplicado a los residuos plásticos no reciclados, aunque esta vez trasladado a los residuos electrónicos. La propuesta contempla un gravamen de dos euros por kilogramo para aquellos aparatos electrónicos que terminan convertidos en basura, además del controvertido impuesto sobre las empresas que operan en el mercado único con una facturación superior a los 100 millones de euros, conocido como CORE.
"Como poco tiene que ser eso", explican fuentes parlamentarias, aunque advierten de que si durante la negociación alguno de los recursos propios termina cayéndose de la cesta, necesariamente habrá que sustituirlo por otro que garantice un nivel de ingresos equivalente. El objetivo, insisten, es evitar que la discusión sobre los recursos propios desemboque nuevamente en un incremento de las aportaciones nacionales de los Estados miembros.
Los frugales empiezan a moverse
Uno de los cambios más significativos que ha dejado la última ronda de negociaciones tiene que ver precisamente con la posición de los conocidos como países frugales. Tradicionalmente reacios tanto al aumento del presupuesto europeo como a cualquier figura impositiva común, por primera vez han aceptado abrir una discusión sobre la necesidad de introducir nuevos recursos propios para financiar el presupuesto comunitario.
Ese giro, aunque todavía muy limitado, ha llevado a los líderes europeos a encomendar a la futura presidencia irlandesa del Consejo la elaboración de un primer borrador político que deberá presentarse en la cumbre de octubre con la aspiración de alcanzar un acuerdo definitivo durante el Consejo Europeo de diciembre.
Desde el Parlamento Europeo observan este movimiento con prudencia, aunque consideran que la ventana política para impulsar una reforma profunda de la financiación comunitaria nunca había sido tan amplia. La responsable presupuestaria del grupo de los Socialistas y Demócratas, Sandra Gómez, lanza una advertencia que resume buena parte del debate: "Si no hay un acuerdo sobre nuevos recursos propios, sí o sí acabaremos teniendo un Marco Financiero donde se recorten políticas como Agricultura o Cohesión".
La advertencia no es menor. Buena parte de las nuevas prioridades europeas —defensa, competitividad, digitalización, transición energética o seguridad industrial— compiten directamente por unos recursos presupuestarios que siguen siendo limitados, lo que obliga a elegir entre incrementar los ingresos o redistribuir el gasto existente.
La apuesta socialista: tecnológicas, criptomonedas y juego online
En ese contexto, Sandra Gómez explica cuál es la propuesta que el Parlamento empieza a perfilar para ampliar la cesta de recursos propios. La tasa digital vuelve a situarse en el centro del debate, acompañada de un gravamen sobre las criptomonedas y otro específico para las plataformas de juego online.
Los socialistas sostienen que las grandes empresas tecnológicas obtienen enormes beneficios dentro del mercado único sin que esos ingresos se traduzcan en una contribución proporcional a las arcas comunitarias. Al operar mediante modelos digitales altamente deslocalizados, explican, su capacidad para desplazar beneficios entre jurisdicciones reduce significativamente la tributación efectiva. "Todos los beneficios que logran en los Estados miembros no los redistribuyen porque son empresas que operan en el mundo digital, lo que hace que su aportación sea mínima", explica Gómez.
La eurodiputada también justifica la incorporación del juego online dentro de los futuros recursos propios comunitarios. "Este tipo de empresas monetizan la adicción de las personas más jóvenes. Aprovechan sus debilidades y su escasa educación financiera para generar ingresos de forma constante", sostiene la valenciana.
Desde el grupo socialista van incluso un paso más allá al responder a quienes consideran que este tipo de impuestos podrían penalizar la innovación."Hay quien nos dice que estamos castigando a empresas que crean valor. ¿Qué valor aporta el juego online? Son empresas que, en todo caso, generan externalidades muy cuestionables, nada especialmente positivo para la sociedad", resumen fuentes del grupo. Los eurodiputados, no obstante, reconocen que el diseño definitivo de estos impuestos deberá tener en cuenta los distintos modelos nacionales ya existentes, especialmente para evitar duplicidades y conflictos con los sistemas tributarios de los Estados miembros.
Sin embargo, fuentes diplomáticas recuerdan que varios de estos gravámenes ya existen actualmente en algunos países de la Unión, como ocurre con la tasa digital española. Por ello, la discusión ya no gira únicamente en torno a la creación de nuevos impuestos, sino también alrededor de la posibilidad de armonizar los mecanismos nacionales para convertirlos parcialmente en recursos propios europeos.
Los socialistas asumen que ese modelo supondría que los Estados que actualmente recaudan mediante estos impuestos cedieran parte de esos ingresos al presupuesto europeo.
Aun así, consideran que el intercambio sería favorable para muchos gobiernos. "Estoy segura de que a muchos Estados les parecerá mejor contribuir mediante este tipo de recursos que seguir haciéndolo a través de un porcentaje fijo de su renta nacional bruta", responde Gómez, especialmente pensando en los países con mayor capacidad económica.
Hasta 43.000 millones de euros de recaudación
Los cálculos que manejan actualmente los equipos negociadores sitúan la capacidad recaudatoria del nuevo paquete de recursos propios entre un mínimo de 25.700 millones de euros y un máximo cercano a los 42.900 millones. Según fuentes parlamentarias, estas cifras permitirían financiar entre el 13 % y el 29 % del conjunto del presupuesto comunitario, reduciendo de forma considerable la dependencia de las aportaciones nacionales.
No obstante, las mismas fuentes reconocen que la arquitectura definitiva de la tasa digital todavía está lejos de cerrarse. Las estimaciones actuales siguen basándose en una propuesta presentada por la Comisión Europea en 2018, antes de que las negociaciones internacionales sobre fiscalidad digital modificaran sustancialmente el escenario tributario mundial.
Precisamente por ello, Bruselas deberá rehacer buena parte de los cálculos económicos antes de presentar una propuesta legislativa definitiva, adaptándola tanto a la nueva realidad del mercado digital como a las reglas internacionales acordadas durante los últimos años.
En este contexto, dentro de la Eurocámara muchos consideran que la tasa digital podría terminar sustituyendo al impuesto CORE, cuya viabilidad política empieza a generar crecientes dudas entre varios gobiernos nacionales.
No ocurre lo mismo con el futuro impuesto sobre los residuos electrónicos. Aunque numerosos Estados miembros reconocen que será una medida especialmente exigente desde el punto de vista financiero, pocas delegaciones se atreven a cuestionar públicamente una figura impositiva vinculada directamente con la economía circular y la autonomía estratégica. "Estamos debatiendo sobre soberanía digital. Es un asunto transversal que aparece prácticamente en todas las conversaciones que hoy se mantienen en Bruselas", resumen fuentes comunitarias consultadas durante las negociaciones.
El Parlamento amenaza con bloquear el presupuesto
Mientras tanto, los equipos diplomáticos siguen negociando sobre un documento técnico elaborado por la presidencia chipriota del Consejo que plantea un recorte aproximado del 2 % en el próximo Marco Financiero Plurianual. La propuesta ha generado un notable malestar dentro del grupo de Socialistas y Demócratas. "Esperábamos una propuesta más clara. No hemos visto una apuesta decidida por los recursos propios", lamenta Sandra Gómez.
Dentro del grupo presidido por Iratxe García existe la convicción de que el Parlamento Europeo utilizará su capacidad de veto sobre el Marco Financiero como instrumento de presión política para obligar al Consejo a aceptar un compromiso más ambicioso en materia de financiación."No daremos el visto bueno si no se garantiza la autonomía financiera de la Unión", resumen fuentes parlamentarias.
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No obstante, desde la propia Eurocámara recuerdan también las limitaciones jurídicas del procedimiento. El Parlamento sí puede bloquear la aprobación final del Marco Financiero Plurianual, pero únicamente dispone de una función consultiva obligatoria en lo referente al sistema de recursos propios, cuya decisión corresponde finalmente al Consejo y requiere además la posterior ratificación de todos los Estados miembros. "El Consejo está obligado a escucharnos, pero después conserva autonomía para acordar el resultado final", reconoce un parlamentario implicado en las negociaciones.
Aun así, en Bruselas pocos dudan de que la batalla por los recursos propios se ha convertido ya en uno de los grandes frentes políticos de la próxima negociación presupuestaria. Con un presupuesto comunitario sometido a una presión creciente por las nuevas prioridades geopolíticas, industriales y de defensa, la discusión ya no se limita únicamente a cuánto gastar, sino también a quién debe pagar la factura de una Unión Europea que aspira a hacer más con unos recursos que, por ahora, siguen siendo prácticamente los mismos.