El tiempo apremiaba. Los colegisladores eran conscientes de que se enfrentaban a una auténtica carrera contrarreloj. Este miércoles, de madrugada, el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo sobre la aplicación y el despliegue de los textos legales vinculados a los conocidos como “aranceles cero” con Estados Unidos, después del pacto político firmado el año pasado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
En la capital comunitaria estaba ampliamente extendida la idea de que era necesario cumplir con lo pactado para exigir reciprocidad a Washington. “Un acuerdo es un acuerdo, y la UE honra sus compromisos”, celebró a primera hora de la mañana la dirigente comunitaria, que considera que “pronto” se cumplirá con “nuestra parte” del trato. “Ahora insto a los colegisladores a actuar con rapidez y finalizar el proceso”, advirtió además en redes sociales, en referencia a los próximos pasos previstos en el procedimiento legislativo europeo.
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Bruselas se compromete con Washington a cerrar el acuerdo arancelario antes de julio bajo la amenaza de Trump
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Antes de la cita, el dirigente republicano había amenazado a los europeos con un nuevo órdago arancelario en caso de que fueran incapaces de cerrar el texto antes del próximo mes de julio, cuando se cumplirá un año de la conocida foto de Turnberry, en Escocia. La presión recaía especialmente sobre las cláusulas que la Eurocámara había introducido en el acuerdo negociado inicialmente por el Ejecutivo comunitario. Estas modificaciones tenían que ver con los condicionantes para la suspensión del beneficio arancelario, su aplicación efectiva, así como con la fecha prevista para su expiración.
Los eurodiputados defendían que Bruselas pudiese activar la suspensión de todas o de algunas de las preferencias comerciales en caso de que Washington optase por imponer aranceles adicionales que superasen el límite máximo pactado del 15% o cualquier nuevo derecho de aduana sobre mercancías procedentes de la Unión Europea. Esta cláusula también podría aplicarse si Estados Unidos “socavase los objetivos del acuerdo, discriminase a los operadores económicos comunitarios o amenazase las políticas exterior o de defensa de los Veintisiete”.
Europa endurece las condiciones
En cuanto a la aplicación práctica del mecanismo, Estrasburgo planteaba que el acuerdo solo pudiera entrar plenamente en vigor una vez Washington respetara sus compromisos. Esto pasaba por reducir sus aranceles a un máximo del 15% para los productos europeos con un contenido de acero y aluminio inferior al 50%.
“En el caso de productos con más del 50% de acero y aluminio, si Washington no rebaja los gravámenes a un máximo del 15%, las preferencias arancelarias para las exportaciones estadounidenses de acero, aluminio y otros derivados dejarían de aplicarse seis meses después de la entrada en vigor del reglamento”, explicaban entonces las fuentes consultadas.
La Eurocámara buscaba así introducir un sistema de condicionalidad reforzada que evitase una aplicación automática del acuerdo sin garantías jurídicas suficientes por parte de Estados Unidos. En Bruselas existía el temor de que la Administración Trump optase por reinterpretar unilateralmente determinados compromisos comerciales una vez el texto estuviera plenamente operativo.
La batalla por la fecha de expiración
Con todo, el Parlamento había puesto también sobre la mesa durante las negociaciones la necesidad de que esta suerte de beneplácito comercial expirase el 31 de marzo de 2028, apenas un año antes del final del mandato presidencial del dirigente norteamericano. Los negociadores, eso sí, abrían la puerta a un posible aplazamiento mediante una nueva propuesta legislativa elaborada tras una evaluación detallada del impacto del recorte arancelario, especialmente en los sectores industriales más expuestos.
El objetivo era ganar margen político para acompasar la duración del acuerdo con la evolución de la relación transatlántica y con la permanencia de Trump en la Casa Blanca.
Finalmente, tras horas de negociación entre las tres instituciones comunitarias, la fecha prevista de expiración quedará fijada a finales de 2029, según las fuentes conocedoras del acuerdo.
Unos mecanismos que, según los negociadores, aparecerán reflejados expresamente en el texto acordado durante la noche. “Los colegisladores acordaron reforzar el reglamento principal mediante el establecimiento de un sólido mecanismo de salvaguardia, el refuerzo de las disposiciones de la cláusula de suspensión y la introducción de una cláusula de puesta en marcha, entre otros elementos”, aseguran fuentes del Consejo Europeo, que matizan además que parte de estos elementos se trasladaron al segundo reglamento relativo a las importaciones de langosta estadounidense.
El nuevo mecanismo de salvaguardia
En concreto, el mecanismo de salvaguardia funcionará de tal manera que, tras una solicitud debidamente fundamentada de tres o más Estados miembros, de la industria o de los sindicatos de la UE, o incluso por iniciativa propia, la Comisión Europea iniciará un examen para evaluar si el aumento de las importaciones ha causado daños graves a los productos comunitarios.
Si se detectan pruebas suficientes, Bruselas podrá suspender parcial o totalmente el acuerdo comercial.
La inclusión de esta cláusula era una de las principales exigencias tanto del Parlamento Europeo como de varios Estados miembros del sur y del este de Europa, preocupados por el impacto que una liberalización comercial asimétrica podría tener sobre determinados sectores manufactureros, especialmente aquellos vinculados al acero, el aluminio y determinados componentes industriales estratégicos.
Fuentes comunitarias sostienen que el objetivo de este mecanismo es ofrecer a la Unión una herramienta de reacción rápida frente a eventuales desequilibrios comerciales o prácticas consideradas desleales por parte de Washington.
La presión del calendario marca las negociaciones
Lo cierto es que el calendario jugaba claramente en contra de quienes todavía reclamaban más tiempo para blindar jurídicamente la propuesta. El acuerdo alcanzado tendrá que superar ahora, una vez más, el filtro del Parlamento Europeo, así como recibir el respaldo formal de los Veintisiete en el Consejo.
En Bruselas existía el temor de que cualquier retraso adicional pudiese ser interpretado por Washington como un incumplimiento político del pacto alcanzado el año pasado entre Von der Leyen y Trump. La Comisión llevaba semanas insistiendo en que el bloque comunitario debía enviar una señal de fiabilidad institucional y estabilidad regulatoria en un momento marcado por el aumento de las tensiones comerciales internacionales y por la creciente competencia geoeconómica entre potencias.
Bruselas renuncia a represalias a cambio de un techo del 15%
Bruselas terminó renunciando finalmente a imponer medidas arancelarias de represalia contra la Casa Blanca a cambio de un techo fijo del 15% para los productos europeos exportados a Estados Unidos.
Un límite que, sin embargo, no será aplicable al acero y al aluminio europeos, que seguirán enfrentándose a un gravamen del 50%, uno de los puntos más controvertidos del entendimiento político alcanzado entre ambas partes.
El texto, que ya provocó no pocas críticas contra Von der Leyen dentro y fuera de la Eurocámara, incluye además el compromiso político de la Unión Europea de adquirir energía estadounidense por un valor de 750.000 millones de dólares e impulsar inversiones en Estados Unidos por otros 600.000 millones.
Unos compromisos que, sin embargo, no formaban parte de las propuestas legislativas discutidas durante la noche del martes, dado que corresponden fundamentalmente a competencias nacionales y no estrictamente comunitarias.
Varios eurodiputados cuestionaron además la viabilidad real de estas cifras y advirtieron del riesgo de presentar compromisos políticos difíciles de materializar jurídicamente. La Comisión, por su parte, ha defendido que estas previsiones deben interpretarse como objetivos orientativos vinculados al fortalecimiento de la relación económica transatlántica y no como obligaciones jurídicas directamente exigibles a los Estados miembros.
La industria europea exige certidumbre
“Sería beneficioso que los aspectos principales del acuerdo estuvieran en vigor antes de su primer aniversario”, afirmaba hace unas semanas un funcionario del Ejecutivo comunitario conocedor de estas discusiones, subrayando la urgencia que impera desde hace meses en las instituciones europeas.
En este contexto, la presión no respondía únicamente a una cuestión de plazos políticos, sino también a la necesidad de ofrecer certidumbre regulatoria a los mercados y a los sectores industriales más expuestos, especialmente el automovilístico, que teme un deterioro de las relaciones comerciales con Estados Unidos en un momento especialmente delicado para la transición industrial europea.
“Resulta útil e importante mantener un diálogo frecuente para aclarar la posición de cada parte en el proceso de implementación del acuerdo”, apuntaban desde el Ejecutivo comunitario en las últimas semanas. La Comisión considera que la arquitectura jurídica finalmente pactada permite disponer de herramientas suficientes para reaccionar ante eventuales incumplimientos estadounidenses sin poner en riesgo el marco general del entendimiento político.
El temor a una nueva escalada comercial
Von der Leyen llegó incluso a advertir de que los Veintisiete estaban preparados para “cualquier escenario” ante la posibilidad de que el pacto terminase rompiéndose si Trump optaba finalmente por aplicar un gravamen del 25% a los automóviles europeos, tal y como deslizó tras su enfrentamiento político con el canciller alemán, Friedrich Merz, a cuenta de las contribuciones militares europeas y del reparto de esfuerzos en materia de defensa.
Pese al acuerdo técnico alcanzado esta madrugada, en Bruselas nadie da todavía por cerrada la crisis comercial transatlántica. Las instituciones comunitarias son conscientes de que la estabilidad del pacto dependerá, en buena medida, de la evolución política en Washington y de la voluntad de la administración estadounidense de respetar unos compromisos que, aunque jurídicamente vinculantes en parte, continúan profundamente condicionados por el contexto geopolítico y electoral.
En paralelo, distintos diplomáticos europeos reconocen que la Unión ha optado por una estrategia eminentemente pragmática: evitar una guerra comercial abierta con Estados Unidos en un momento especialmente delicado para la economía europea, marcado por la desaceleración industrial, el encarecimiento energético y la creciente competencia china en sectores estratégicos.
Por ello, aunque el acuerdo alcanzado esta madrugada permite a Bruselas ganar tiempo y estabilizar temporalmente la relación transatlántica, dentro de las instituciones europeas persiste la percepción de que la disputa arancelaria con Washington está lejos de haberse resuelto de manera definitiva.