¿Un hacker en la Comisión Europea? “Nadie es inmune”, dice Bruselas

La campaña, detectada el 22 de octubre, habría recurrido a herramientas de inteligencia artificial para localizar vulnerabilidades en plataformas internas de la institución. Bruselas suspendió temporalmente varias aplicaciones, informó al Supervisor Europeo de Protección de Datos y mantiene abierta una investigación para determinar el alcance de los incidentes

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Que Europa está en el punto de mira de una oleada de ciberataques ya no sorprende a nadie. Los funcionarios comunitarios han incorporado el término "guerra híbrida" al vocabulario habitual de las instituciones, junto a otros conceptos que se han convertido en protagonistas de la agenda europea, como competitividad, resiliencia o autonomía estratégica. Sin embargo, esta vez el objetivo de una de estas operaciones ha sido el propio corazón del Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea fue víctima en octubre de una campaña de ciberataques orquestados mediante inteligencia artificial, un episodio que vuelve a poner a prueba la seguridad de los sistemas sobre los que descansa buena parte del funcionamiento de las instituciones europeas.

Según ha confirmado un alto funcionario europeo, el incidente fue detectado el pasado 22 de octubre, aunque su confirmación oficial a nivel interno no llegó hasta cuatro días después. Bruselas sostiene que reaccionó "inmediatamente", abrió una investigación y adoptó medidas preventivas para contener la amenaza. La campaña habría aprovechado herramientas de inteligencia artificial disponibles públicamente para identificar vulnerabilidades en los servicios digitales de la institución.

Aunque distintos funcionarios consultados rebajan el alcance de lo ocurrido, el incidente podría haber afectado a algunas de las plataformas que utilizan los trabajadores comunitarios para actualizar información relativa a sus salarios o vacaciones. Se trata, por tanto, de sistemas internos vinculados a la gestión del personal, cuya exposición vuelve a evidenciar que la superficie de riesgo de las administraciones públicas no se limita a los servicios que prestan a ciudadanos y empresas. "Yo recibí mi sueldo, más les vale", ironiza el personal en la capital europea. 

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"Las herramientas asistidas por IA pueden utilizarse indebidamente para detectar vulnerabilidades", explica una fuente del Ejecutivo comunitario, que confirma que no se trató de un único episodio aislado, sino de "una serie de incidentes". La Comisión insiste en que es consciente del contexto de amenazas en el que opera y admite que ninguna institución está al margen de este tipo de operaciones. "Nadie es inmune", reconocen desde Bruselas.

La inteligencia artificial como herramienta de intrusión

Uno de los elementos más relevantes del incidente es el posible empleo de ARTEX, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para automatizar pruebas de penetración y localizar vulnerabilidades en sistemas informáticos. Su desarrollo responde, en principio, a una finalidad legítima: permitir que los equipos de ciberseguridad autorizados identifiquen brechas en sus propias infraestructuras y puedan corregirlas antes de que sean aprovechadas por terceros.

Sin embargo, el uso de este tipo de herramientas también plantea nuevos riesgos. El FBI ha alertado de que ciberdelincuentes estarían recurriendo a ARTEX para automatizar determinadas fases de sus operaciones, transformando una tecnología concebida para reforzar la seguridad en un instrumento potencial para facilitar intrusiones.

Su funcionamiento permite conectarse a modelos externos de inteligencia artificial, como ChatGPT, y coordinar distintos agentes capaces de ejecutar tareas de ciberseguridad de forma automatizada. Entre sus posibilidades figuran el reconocimiento de redes expuestas, la identificación de configuraciones débiles y la búsqueda de información sensible. La automatización permite reducir el tiempo y los recursos necesarios para localizar puntos vulnerables, lo que amplía las capacidades de actores maliciosos y complica la respuesta de los equipos encargados de proteger las infraestructuras.

Fue el CERT-UE, el organismo comunitario especializado en la respuesta a incidentes de ciberseguridad, el que habría identificado el empleo de esta tecnología en la campaña contra los servicios europeos. El episodio refleja una de las principales preocupaciones de las autoridades de seguridad: que herramientas de IA accesibles públicamente puedan utilizarse para acelerar operaciones que antes exigían mayores conocimientos técnicos y una intervención humana más intensiva.

La amenaza no se produce, además, en un contexto de tranquilidad precisamente para las infraestructuras digitales europeas. El incidente en la Comisión se ha conocido apenas seis días después de una caída generalizada de los sistemas de Microsoft, en un escenario marcado por una sucesión de ataques y disrupciones que han afectado a servicios esenciales, desde cadenas de distribución hasta el transporte aéreo. La acumulación de episodios ha elevado la presión sobre las instituciones y empresas europeas para reforzar sus mecanismos de prevención y respuesta.

Bruselas suspende aplicaciones y activa los protocolos de seguridad

Al ser preguntado por lo ocurrido, el servicio de portavoces de la Comisión ha tratado de situar el incidente dentro de la oleada de amenazas que se está registrando a escala internacional durante las últimas semanas y meses. El Ejecutivo evita presentarlo como un episodio excepcional, aunque reconoce que ha tenido que activar sus mecanismos de protección."Puedo confirmar que la Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña detectada", afirmó este jueves el responsable de soberanía digital, Thomas Regnier.

La respuesta de los servicios comunitarios incluyó la suspensión temporal de varias aplicaciones que figuraban entre las principales sospechosas de estar relacionadas con el origen de la vulnerabilidad. Estas herramientas habrían sido restablecidas posteriormente, una vez adoptadas las medidas de protección correspondientes. Además, Regnier aseguró que la institución informó de la situación al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la autoridad independiente encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de protección de datos por parte de las instituciones y organismos de la Unión. La comunicación resulta especialmente relevante por la posible exposición de plataformas internas que gestionan información vinculada a los empleados comunitarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas Philipp von Ditfurth/dpa -

"La investigación está aún en curso", añadió el responsable comunitario. Por el momento, las fuentes consultadas sostienen que no se ha detectado una filtración de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión. La institución evita, no obstante, dar por cerrada la investigación y mantiene abiertas las pesquisas para determinar el alcance de los incidentes y las posibles consecuencias sobre sus sistemas.

La Comisión justifica el silencio por razones de seguridad

Uno de los aspectos que rodean el episodio es el tiempo transcurrido entre la detección de la campaña y su conocimiento público. La información ha trascendido a través de la prensa europea, mientras que el Ejecutivo comunitario defiende que actuó conforme a sus protocolos habituales y que la gestión de este tipo de incidentes exige preservar determinados detalles mientras se desarrolla la investigación. "El primer paso es que, cuando te enfrentas a una campaña cibernética, estas medidas no quieres hacerlas públicas para que sean eficaces", respondió Regnier al ser preguntado por los motivos que llevaron a los servicios comunitarios a no informar públicamente de lo ocurrido en un primer momento.

En el edificio Berlaymont insisten en que se han "seguido los procedimientos según la práctica habitual". La justificación se apoya en la necesidad de evitar que la difusión prematura de información sobre las medidas de contención pueda comprometer su eficacia o proporcionar pistas a los responsables de los ataques. Una cautela que, sin embargo, vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre la transparencia institucional y la seguridad de las infraestructuras digitales.

La Comisión tampoco quiere entrar, por ahora, a valorar quién podría estar detrás de la operación, cuáles eran sus objetivos o qué tipo de información pretendía obtener. El argumento es, de nuevo, la seguridad de la investigación. Desde Bruselas sí descartan que el atacante haya solicitado algún tipo de rescate económico al Ejecutivo comunitario, lo que aleja, al menos por el momento, la hipótesis de un ataque de ransomware con exigencias de pago.

La ciberseguridad, otra prioridad de la autonomía estratégica europea

El incidente llega en un momento en el que la Comisión intenta reforzar su capacidad de respuesta frente a las amenazas digitales. El pasado verano, el Ejecutivo presentó un plan de acción para mejorar la protección de sus sistemas y prepararse ante un entorno en el que los ciberataques forman parte de las herramientas de presión empleadas contra instituciones, empresas y servicios públicos.

La cuestión va más allá de la seguridad informática de una institución concreta. La Comisión es el principal motor de la iniciativa legislativa europea y concentra una parte sustancial de la actividad administrativa y regulatoria de los Veintisiete. Una interrupción de sus sistemas o una eventual exposición de información interna puede afectar tanto a su funcionamiento cotidiano como a la confianza en la capacidad de las instituciones para proteger sus propias infraestructuras. Además, el uso de inteligencia artificial añade una dificultad adicional. Las mismas tecnologías que permiten mejorar la detección de amenazas y reforzar los sistemas defensivos pueden ser aprovechadas por terceros para identificar brechas, automatizar procesos y ampliar el alcance de sus operaciones. La carrera entre las capacidades ofensivas y defensivas de la inteligencia artificial se ha convertido así en uno de los nuevos frentes de la seguridad europea.

Bruselas lleva meses reclamando a los Estados miembros y al sector privado que eleven sus estándares de protección y reduzcan las dependencias estratégicas en ámbitos tecnológicos críticos. Ahora, el desafío alcanza directamente a la institución que impulsa buena parte de esa agenda. La investigación sigue abierta y todavía quedan preguntas por responder sobre el origen, el alcance y los objetivos de la campaña. Pero el mensaje que deja el episodio es difícil de ignorar. Ni el corazón administrativo de la Unión Europea está a salvo de una amenaza que evoluciona al ritmo de la inteligencia artificial.