Representantes de la mayoría sindical del comité de empresa de Tubos Reunidos han comparecido en el Parlamento Vasco para advertir de que la actuación de las instituciones públicas ha sido hasta ahora "insuficiente" a la hora de exigir transparencia a la dirección, supervisar el uso del dinero público aportado o promover salidas acordes con la gravedad del momento, que requiere "decisiones responsables" y un giro de enfoque, ya que el ERE planteado como "imprescindible, no ha solucionado nada".
La intervención de estos delegados sindicales se ha celebrado este martes, a instancias de la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de la Cámara vasca, con el objetivo de que ofrecieran "una valoración directa y la preocupación existente en torno al proceso de despido colectivo y expusieran la necesidad de abrir un debate real sobre el futuro industrial de la empresa".
En su exposición inicial y en las réplicas a los grupos, el comité ha reiterado que "el problema de fondo ha sido y sigue siendo financiero, agravado por decisiones de gestión y dirección" y por un diagnóstico "erróneo" que no deriva "ni de las condiciones de la plantilla ni de la huelga convocada", tal y como se ha difundido "interesadamente" desde la dirección para alentar el enfrentamiento entre los propios trabajadores.
Tras recordar que el origen de la crisis está en la "abultada deuda" generada en 2008 con un préstamo de 170 millones repartido entre los accionistas y convertido después en pasivo, han reprochado a la cúpula empresarial no haber asegurado la continuidad del proyecto industrial.
Según han denunciado, todo el itinerario que ha acabado en el concurso de acreedores se ha llevado a cabo con una "evidente falta de transparencia", sin "un espacio real de negociación y sin la participación efectiva de la representación de la plantilla, mediante decisiones planteadas desde la imposición, sin compartir información clave ni permitir un contraste real de alternativas".
En este sentido, han insistido en que el ERE presentado como "imprescindible, no ha solucionado nada, precisamente porque no abordaba el problema real de la empresa y que su suspensión, junto con la solicitud de concurso a acreedores, pone de manifiesto que las medidas planteadas estaban mal orientadas desde el origen".
Aun así, y tras remarcar en varias ocasiones que desde el comité mantienen "la mano tendida", han remarcado que el concurso "no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación pero, al mismo tiempo, abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas".
Han subrayado que la suspensión del ERE y la paralización del despido colectivo suponen "un punto de inflexión que permite reorientar el debate hacia donde siempre debió estar" y que, "a partir de aquí, el foco debe situarse en el verdadero núcleo del problema: la viabilidad industrial del proyecto y su sostenibilidad financiera".
En coherencia con ello, han explicado que el levantamiento de la huelga indefinida pretende "hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística".
Papel de las instituciones y control del dinero público
En este punto, han interpelado directamente a las administraciones, al considerar que su implicación ha sido "insuficiente en términos de exigencia, transparencia e impulso de soluciones acordes a la gravedad de la situación". "La situación actual exige decisiones responsables, transparencia y un cambio claro de enfoque", han recalcado.
Han señalado que han mantenido encuentros con distintas consejerías, en los que se les ha trasladado la intención de contactar con la SEPI para refinanciar la deuda, pero han lamentado que "luego nos damos cuenta de que todo el mundo habla de Tubos Reunidos, pero nadie habla con Tubos Reunidos".
Según han explicado, la empresa no se reúne con el comité desde el 13 de marzo y no ha querido sentarse "para nada", cuando "los conflictos se solucionan hablando, pero ellos no tienen ninguna intención de hacerlo".
En relación con la quita de la deuda con la SEPI, el comité considera que no ha existido una verdadera fiscalización sobre el destino del dinero público aportado, ya que, tal y como han indicado, "se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando".
Respecto a la labor de control de la SEPI, han relatado que, en todas las reuniones con la dirección, se les aseguraba que el organismo estatal estaba informado de todas las decisiones, pero ahora se preguntan si realmente conocía que se estaba atendiendo deuda privada y no la pública y "por qué lo ha asumido".
Reacciones de los grupos políticos
Todos los grupos del Parlamento Vasco han expresado su apoyo a la plantilla, un respaldo que han llevado más lejos Jon Hernández, de Sumar, y Ander Goikoetxea, de EH Bildu, al poner el acento en la responsabilidad de los propietarios y de los gestores de la compañía.
Hernández ha criticado que la empresa no haya presentado ningún plan de viabilidad y que se haya limitado a intentar trasladar las pérdidas acumuladas en los últimos años a los trabajadores mediante despidos, mientras que Goikoetxea ha definido la movilización obrera como "una lucha ejemplar" que "ha dejado en evidencia que "el problema nunca estuvo en la plantilla y que la solución nunca pasó por el cierre de la acería ni por los despidos".
Por su parte, Jorge Juez, del PSE-EE, ha reivindicado el papel de su partido y ha asegurado que, desde el Gobierno vasco y el central, han demostrado que "siempre están del lado de la industria, el empleo y de los trabajadores", por lo que ha apelado a actuar con responsabilidad y rigor.
En esta línea, ha defendido la necesidad de poner alternativas sobre la mesa, trabajar con seriedad en fórmulas de refinanciación, atraer nuevos socios industriales y garantizar que todo el procedimiento se desarrolle con plenas garantías legales.
En su intervención, Markel Olano, del PNV, ha admitido que la coyuntura es "grave y muy dura" y que, aunque su formación también muestra su solidaridad, "la solidaridad no es suficiente, porque hacen falta acciones y soluciones reales, no palabras bonitas".
A su entender, "echar culpas y responsabilidades a los demás tiene un recorrido muy corto porque no da solución a los problemas de base" y ha remarcado que, para su partido, la prioridad en esta nueva etapa del concurso de acreedores es "garantizar la viabilidad del proyecto".
Finalmente, Álvaro Gochi, del PP, ha confesado tener la sensación de vivir en un "día de la marmota perpetuo en Euskadi" en materia de industria y empresas en crisis, porque en dos años de legislatura han pasado ya varias compañías por situaciones similares y "parece que no aprendemos nada, no estamos avanzando ni controlando las cosas, ni apuntando a los responsables para que esto no vuelva a pasar".
"Cuando hablamos de responsables, evidentemente hay que hablar de los responsables de la empresa, pero también de las instituciones, que han sido los grandes ausentes", ha concluido.