La presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido este martes de que la comunidad autónoma “está entre las tres comunidades con peores datos”, ya que, aunque “es cierto que en Extremadura hay 1.800 parados menos, también es cierto que también hay 5.300 trabajadores menos”.
Por ello, ha recalcado que “que baje el paro porque la gente se vaya de Extremadura nos parece que no es precisamente para sacar pecho”, ya que, a su juicio, estas cifras implican que la comunidad cuenta con “menos masa laboral, menos trabajadores en sectores que más lo necesitan”, ha dicho.
Irene de Miguel se ha expresado así en una rueda de prensa celebrada este martes en Mérida, en la que ha analizado los datos de la EPA, que muestran que el desempleo se redujo en 1.800 personas en el primer trimestre respecto al trimestre previo.
En este contexto, ha subrayado que “Extremadura necesita más personas para generar riqueza y empleo, y el acuerdo que se ha firmado por Partido Popular y Vox es un acuerdo vergonzoso” que, según ha indicado, “lo único que hace es complicar aún más la llegada de trabajadores a nuestra tierra y ellos vienen precisamente a trabajar y a contribuir a generar riqueza”, ha dicho.
Por este motivo, ha calificado de “absoluto cinismo” que la Junta de Extremadura se “arrogue como propia” esta “relativa mejora de los datos de empleo”, cuando, según ha criticado, lleva seis meses con un gobierno “paralizado”. Ha insistido en que los resultados del mercado laboral “tienen que ver con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo interprofesional o con las mejoras del ingreso mínimo vital” que, según ha recordado, dependen del Gobierno central.
Según las cifras aportadas por Irene de Miguel, “uno de cada cuatro trabajadores de sectores como la construcción, el campo, la hostelería son trabajadores migrantes”, y ha preguntado a Vox si cuando hagan falta empleados en estos ámbitos “van a ir ellos”, ya que, como ha señalado, “no sabemos si para esto también van a aplicar la prioridad nacional o para esto no”, ha planteado.
Ha advertido de que la prioridad nacional “es un suicidio económico para Extremadura”, una comunidad que, en su opinión, debe “atraer población, y hacerlo con dignidad y con derechos”, ha remarcado Irene de Miguel, antes de incidir en que “tratar a las personas migrantes con dignidad no es una cuestión de economía, es una cuestión de derechos humanos”.