El PP de Baleares ha advertido de que el "fracaso" en la implantación de la ley de eficiencia de la Justicia está generando "colapsos" en los juzgados, cortes en la atención al público y serias dudas sobre la protección de documentación judicial "sensible".
La diputada 'popular' en el Parlament Cristina Gil defendió esta postura durante el debate de una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, celebrada el miércoles.
La iniciativa, finalmente aprobada, reclama al Gobierno que admita el "fracaso" en la aplicación de la normativa y el "grave deterioro" que, a juicio del PP, está ocasionando en la prestación del servicio público de Justicia en el archipiélago.
"La supuesta eficiencia ha desembocado en desorganización, improvisación y más retrasos para ciudadanos y profesionales", señaló Gil, que centró sus críticas en la ausencia de "planificación y recursos" en la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.
La PNL, según ha explicado el PP en un comunicado, incorpora las advertencias de sindicatos y operadores jurídicos, que han denunciado situaciones de "colapso" en los órganos judiciales, interrupciones en la atención al público y dudas respecto a la seguridad de documentación judicial "sensible". "No se puede reformar la Justicia a coste cero y a espaldas de quienes la sostienen", reiteró la diputada.
Gil recordó además que, según el juez decano, los juzgados de Palma están funcionando al 170% de su capacidad y que, tanto en Mallorca como en Eivissa, los responsables judiciales coinciden en que la reforma ha entrado en vigor sin los medios adecuados ni refuerzos de personal, "agravando una situación ya crítica".
Con la aprobación de esta PNL, el Parlament insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reconocer la "grave" carencia de medios personales en la administración de Justicia, con plantillas "claramente infradotadas", y a dotar de inmediato los refuerzos necesarios, así como a crear los órganos judiciales precisos para asumir la carga real de trabajo, dejando atrás las "reorganizaciones internas improvisadas".
"Mientras Pedro Sánchez siga reformando leyes sin invertir en jueces, funcionarios ni infraestructuras, la Justicia seguirá hundiéndose y los ciudadanos quedarán desamparados en un derecho fundamental", concluyó Gil.