La segunda semana del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por los presuntos amaños en la adquisición de material sanitario ha girado en torno al testimonio de la expareja de Koldo García, Patricia Uriz, al encargo de ocho millones de mascarillas para Puertos del Estado y a la declaración de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien reconoció haber remitido el currículum de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes acusado, José Luis Ábalos, a Ineco.
En las tres vistas celebradas de lunes a miércoles comparecieron algunos de los más de 70 testigos citados para aclarar la supuesta implicación de los acusados, entre ellos Ábalos, su antiguo asesor y el empresario Víctor de Aldama, en la presunta trama de contratos irregulares.
El lunes, Uriz declaró ante el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, donde sostuvo que los mensajes de WhatsApp que los investigadores asocian a dinero utilizando términos como “chistorras”, “soles” (200 euros) y “lechugas” (100 euros) “no encajan” con su forma habitual de expresarse.
La testigo señaló que “tiene que haber algo antes o después” de esos mensajes que figuran en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y recordó que cuando ambos trabajaban en el Ministerio, Koldo podía llegar a enviarle “200 mensajes en un solo día”.
“Porque los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no, que eso no lo he podido escribir yo, porque no encajan con mi manera de escribir y de expresarme”, insistió ante el Supremo.
Los gastos de Ábalos y los pagos “siempre en efectivo”
Uriz explicó también que tanto ella como Koldo asumían gastos personales del exministro debido a la mala relación de éste con su expareja, y que lo hacían ya antes de conocer a Aldama. Detalló que iba “a comprar el tabaco”, “libros” o “le llevaba la ropa a la tintorería”, además de adelantar el pago de billetes de avión y tren. Según su versión, “normalmente, Ábalos solía decir que, dentro de lo que encajara”, se eligieran “las opciones más económicas”.
La testigo aseguró que desde la sede del PSOE en la calle Ferraz se abonaba “siempre en efectivo”, mientras que en el Ministerio “algunas pagaban por transferencia y algunas lo daban en efectivo”. Para recuperar los importes, explicó, se “recolectaban todos los tickets y se hacía una hoja de Excel con la fecha, el lugar y el importe, y se le pasaba a Ferraz”, ya que los socialistas “solo pagaban si tenían los tickets” o “una justificación”. Relató incluso que Koldo perdió un justificante “y se quedó sin cobrarlo porque Ferraz era muy rígido”.
Durante el interrogatorio de su abogada, Leticia de la Hoz, que también ejerce la defensa de Koldo, Uriz negó haber recibido nunca un “pago directo” de Aldama, aunque admitió que había oído a su entonces pareja referirse a él “como alguien que le había pedido ayuda”.
“8 millones de mascarillas o nada” para Puertos del Estado
El martes fue el turno de Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Estado de Transportes en la etapa de Ábalos, quien relató que Koldo le trasladó que era necesario elevar de cuatro a ocho millones el número de mascarillas a adquirir porque la empresa Soluciones de Gestión —señalada como epicentro de la trama y vinculada a Aldama— imponía esa condición.
“Me indicó que la decisión final era que fueran ocho millones de mascarillas porque el suministrador decía que eran ocho millones o nada”, declaró Gómez. Según explicó, Ábalos le convocó a su despacho el 19 de marzo de 2020 para encargarle la compra de mascarillas: “Me reuní con mi equipo, estudiamos la mejor forma de poder llevarlo a cabo y le propusimos que, en vez del Ministerio, la realizaran empresas del grupo”.
Finalmente, Puertos del Estado fue quien adquirió esos ocho millones y, posteriormente, Adif encargó otros cinco millones a Soluciones de Gestión, al considerar que estas entidades tenían mayor experiencia en grandes suministros, una capacidad logística superior y mejor posición financiera.
La decisión de duplicar la compra, atribuida a Ábalos
Gómez afirmó que a Ábalos “le pareció bien” que la operación se canalizara a través de empresas públicas del grupo y que, como subsecretario, preparó “por prudencia” una primera orden para que Puertos del Estado comprara cuatro millones de mascarillas, orden que “el ministro llegó a firmar” al día siguiente.
“Pero cuando la íbamos a enviar al BOE, cambiamos la orden y el ministro firmó una nueva por ocho millones” minutos después, apuntó, añadiendo que fue Koldo quien le comunicó que Soluciones de Gestión exigía esa cantidad. El propio asesor fue quien le entregó en mano la oferta: “Se la tendría que haber dado a Puertos del Estado, porque iba a ser el órgano de contratación, pero me la dio a mí y yo lo que hice fue escanearla y, como estábamos en una emergencia y para agilizar y para que le llegara lo antes posible, le pedí a mi equipo que se la enviara a Puertos”.
Gómez sostuvo que la decisión de comprar mascarillas correspondió a Ábalos como “autoridad competente” y que esa fue “la única oferta” que se valoró, interpretando que la indicación de Koldo para duplicar la cantidad reflejaba la voluntad del entonces ministro. Investigado en la Audiencia Nacional por el ‘caso Koldo’, al igual que Uriz, defendió que su papel se limitó a preparar las órdenes con las necesidades de mascarillas, sin intervenir en la adjudicación.
El empleo de Jéssica Rodríguez y el “conflicto de interés claro”
El miércoles compareció Isabel Pardo de Vera, quien reconoció que envió a Ineco el currículum de Jéssica Rodríguez, pero remarcó que lo hizo sin exigir su contratación y que, cuando supo que mantenía una relación con Ábalos, llegó a llamar al entonces ministro para advertirle de que no iba a consentir que siguiera en el puesto por tratarse de un “conflicto de interés claro”.
Pardo de Vera subrayó que no tenía competencias directas sobre Ineco y que “mandar un currículum no supone absolutamente nada”. “Yo nunca lo transmití como una exigencia, porque no tengo competencias de dar órdenes ninguna a Ineco. Simplemente lo que hice con ese currículum fue trasladárselo a la presidenta de Ineco diciendo que había llegado de parte del Gabinete del ministro”, en concreto de Koldo García, y solo en el caso de que encajara en alguna vacante, según relató.
La exresponsable de Adif afirmó que debió “de ser la última” en conocer que Ábalos “había tenido una relación con esa persona” y que, en ese momento, se decidió poner fin al contrato porque “eso sí que es un conflicto de interés claro”. Añadió que no tenía relación previa con Rodríguez, que “no había habido ninguna pega al respecto del cliente”, que Ábalos no la contactó para hablar de ella y que desconocía que posteriormente fuera contratada por Tragsatec.
“Yo llamé al ministro y le dije que no era posible continuar la relación contractual de esta persona. A lo que el ministro me contestó: 'Lo que tú hagas, por supuesto, faltaría más, bien hecho estará'. Y yo ahí doy por concluido esto”, explicó Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por la presunta contratación irregular de Rodríguez en empresas públicas.