Amnistía Internacional acusa a la UE de ser cómplice en violaciones de derechos por parte de Túnez

Amnistía Internacional ha urgido a la Unión Europea a cesar inmediatamente su colaboración en materia de control fronterizo con Túnez, aludiendo a las extensas violaciones de derechos humanos perpetradas por este país contra migrantes y refugiados. La organización ha expresado que, sin este cese, la UE se convierte en cómplice de las acciones del gobierno tunecino.

‘La UE debe suspender de inmediato cualquier asistencia en materia de migración y control fronterizo encaminada a contener a personas en Túnez, y dejar de financiar a las fuerzas de seguridad y otras entidades responsables de violaciones de Derechos Humanos contra personas refugiadas y migrantes. La cooperación de la UE con Túnez debe (…) garantizar que existen en el país medidas de protección y procedimientos de asilo adecuados (…) para evitar la complicidad en las violaciones’, indicó Heba Morayef, directora para Oriente Próximo y norte de África de AI.

La entidad ha criticado que el acuerdo entre la UE y Túnez siga vigente, ‘pese a los alarmantes y bien documentados informes de violaciones’ de derechos humanos. AI ha documentado en su último informe ‘Nadie te oye cuando gritas: giro peligroso en la política migratoria de Túnez’ abusos graves, incluyendo detenciones con ‘sesgo racista’, expulsiones masivas y maltratos, llegando incluso a la ‘tortura’.

El informe, basado en testimonios de 120 migrantes y refugiados de diversas nacionalidades, también recoge 14 casos de violación o violencia sexual, y denuncias de comportamientos peligrosos de la guardia costera tunecina. AI ha urgido a las autoridades a revertir estas políticas y permitir que ACNUR gestione las solicitudes de asilo, una competencia que fue retirada en junio de 2024. Además, la organización lamentó la expulsión de más de 11.500 personas a zonas desérticas, poniendo en riesgo extremo sus vidas.

Finalmente, AI ha denunciado la represión contra organizaciones que brindan apoyo a migrantes y refugiados, destacando la detención ‘arbitraria’ de trabajadores de estas entidades desde mayo de 2024.