El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha ratificado este jueves en su totalidad los cargos formulados contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, al que se le atribuyen crímenes de lesa humanidad en el marco de la denominada 'guerra contra las drogas', y ha resuelto finalmente abrir juicio contra él.
La Sala de Cuestiones Preliminares I ha avalado por unanimidad los tres cargos por presuntos crímenes de lesa humanidad tras las vistas previas celebradas en los últimos meses, según ha detallado la propia corte en un comunicado oficial.
En su resolución, el tribunal considera que existen indicios “significativos” de que Duterte es “responsable de estos crímenes y de los delitos de asesinato y de intento de asesinato” con base en el artículo 7 del Estatuto de Roma, tratado constitutivo del TPI. “Estos delitos fueron cometidos como parte de un ataque sistemático a la población civil en el territorio filipino entre noviembre de 2011 y 2019”, ha precisado el TPI, en referencia a una parte de su etapa como jefe de Estado.
La sala ha alcanzado esta conclusión tras examinar las pruebas y alegaciones de la Fiscalía y después de desestimar los intentos de la defensa de introducir nuevos informes sobre la situación médica del exdirigente, de 81 años. Asimismo, ha tenido en cuenta la documentación aportada por las partes interesadas, entre ellas colectivos de víctimas y familiares.
El órgano judicial ha subrayado que el expediente pasa ahora a fase de juicio y ha reiterado que la corte actúa de forma “imparcial y justa” y que la defensa “tendrá el tiempo suficiente para prepararse”, siempre “respetando los derechos de las víctimas”, según recoge la decisión.
Para los integrantes de la Sala de Cuestiones Preliminares, todo apunta a que Duterte es “responsable individualmente de crímenes recogidos en el artículo 25 del estatuto, los cuales habría cometido como cómplice, de forma indirecta”. “Entre el 1 de noviembre de 2011 y marzo de 2019, Duterte y sus cómplices compartieron un plan para neutralizar criminales en Filipinas, incluidos aquellos supuestamente relacionados con el consumo, venta o producción de drogas”, han señalado los jueces.
En este contexto, los coautores del plan contemplaron la “neutralización” de estas personas también mediante “crímenes violentos que incluyen el asesinato”, unas prácticas que, según el tribunal, se habrían aplicado de manera sistemática.
Instrumentalización de las fuerzas de seguridad
Durante su etapa como alcalde de Davao, Duterte y otros altos cargos “encargados de hacer cumplir la legislación, hicieron uso de policías de la ciudad y sicarios para asesinar a presuntos delincuentes”, indica la resolución, que sostiene que “mediante su autoridad de iure o de facto, uno o más coautores de estos crímenes controlaban la estructura de poder”.
El documento se refiere principalmente a la Policía local y a otros cuerpos de seguridad. “Duterte se encontraba, como alcalde, en la cúspide de las estructuras policiales y municipales, con control legal sobre las unidades de la Policía Nacional de Filipinas en la ciudad de Davao, así como sobre de funcionarios del Ayuntamiento de Davao y funcionarios de Barangay (la unidad política y administrativa más pequeña de Filipinas), que a veces participaban o facilitaban los crímenes”, ha detallado el TPI.
Según la corte, Duterte habría dirigido este tipo de dinámicas y estructuras, que se consolidaron y ampliaron cuando asumió la Presidencia. “Durante el periodo presidencial, Duterte y sus cómplices utilizaron la red nacional, incluyendo a sus miembros de bajo nivel, como herramientas para cometer los crímenes contemplados en ese plan común”, ha advertido el tribunal.
“En sus nuevas funciones, que ampliaron su alcance geográfico, los cómplices controlaron la voluntad de los perpetradores mediante un mecanismo que garantizaba su obediencia automática a sus órdenes. Este mecanismo se basaba en la autoridad que ejercían sobre los perpetradores a través de las cadenas de mando; el reclutamiento de personas leales y a quienes sabían que podían controlar (incluyendo subordinados ya conocidos por su participación en asesinatos en la región de Davao, trasladados a otras partes del país); amenazas y el uso de la violencia para asegurar el cumplimiento”, ha especificado.
La resolución añade que también se produjo “el aprovechamiento de circunstancias que les permitían ejercer presión sobre sus subordinados; la supervisión y el reporte de las operaciones; y los pagos y otros incentivos a los perpetradores”. “Los encargados de llevar estas acciones a término eran intercambiables dentro del aparato y quienes no acataban las órdenes corrían el riesgo de ser asesinados si se les percibía como opositores o una amenaza para el plan”, concluye el texto.
Duterte permanece recluido en la ciudad neerlandesa de La Haya desde marzo de 2025. Fue puesto a disposición del TPI en marzo de 2025 por las autoridades filipinas bajo el Ejecutivo de Ferdinand Marcos Jr, perteneciente a una familia antes aliada del exmandatario, tras su arresto en cumplimiento de la orden emitida por la corte. Pese a ello, su captura y entrega siguen generando controversia en Filipinas, donde conserva un núcleo duro de seguidores, mientras su hija, Sara Duterte, ha confirmado su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.