La Asamblea de Estados Parte, máximo órgano de gobierno del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha acordado este viernes, con una amplia mayoría, destituir al exfiscal jefe de la corte Karim Khan por un caso de conducta sexual inapropiada, pese a que el jurista británico ha rechazado los abusos que se le imputan.
“La Asamblea ha adoptado, por votación secreta y por mayoría absoluta de 82 Estados Partes, una decisión en la que constata que el fiscal Karim Khan ha cometido una falta grave y un incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, destituyéndole de sus funciones en aplicación del artículo 46 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, ha indicado en un comunicado.
Uno de los letrados de Khan, Tayab Ali, ha señalado en una nota que el procedimiento “carece de fundamento legal” y que “impugnará la legalidad y la imparcialidad” de la resolución, adoptada a puerta cerrada durante una sesión extraordinaria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
“El fiscal de esta corte ha sido destituido por votación ejecutiva mientras se encontraba bajo sanciones y bajo una inmensa presión política”, ha manifestado, denunciando que el proceso ha estado plagado de irregularidades, entre ellas la negativa a permitir a su cliente “presentar observaciones formales a la Asamblea” antes de la votación, de la que además fue excluido.
“A sus representantes legales también se les ha negado el permiso para asistir o para dirigirse a los Estados Partes. Los Estados que han decidido su destino lo han hecho sin escucharle a él ni a nadie que actuara en su nombre”, ha lamentado, añadiendo que “el procedimiento fue reescrito a mitad de su caso y en su perjuicio”.
En la misma línea, ha sostenido que las conclusiones de la investigación se han ampliado “a asuntos que nunca se le plantearon y sobre los que nunca se le solicitó que respondiera”. “A Khan y sus abogados se les impidió tener cualquier representación formal sobre la resolución presentada a la Asamblea y, por lo tanto, no pudieron corregir sus numerosos errores y caracterizaciones erróneas”, ha puntualizado.
El exfiscal ha negado de forma reiterada las acusaciones formuladas por una trabajadora del TPI en la sede de La Haya, que motivaron que en mayo de 2025 se apartara temporalmente del puesto mientras se desarrollaban las pesquisas internas.
En aquel momento, el magistrado sostuvo que tanto él como la Corte eran objeto “de un amplio abanico de ataques y amenazas” por su trabajo, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Además, en febrero de 2025, Khan fue sancionado por Estados Unidos en respuesta a las actuaciones contra los responsables israelíes, lo que supuso el bloqueo de sus bienes y activos y la prohibición de entrada al país norteamericano para altos cargos y empleados del TPI, así como para sus familiares directos.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha asegurado este viernes en redes sociales que el caso de Khan “ha expuesto la quiebra moral de un fiscal corrupto que se apresuró a presentar escandalosas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa, en un intento de desviar la atención de la grave conducta indebida que temía que fuera revelada”.
“Estas fueron órdenes de arresto politizadas y escandalosas contra líderes electos de una democracia con un sistema legal independiente que defiende a sus ciudadanos contra el terror. Estas órdenes, emitidas contra un país que ni siquiera es miembro de la CPI, nunca debieron solicitarse en primer lugar y deben revocarse de inmediato”, ha añadido.
Por su parte, la Fiscalía del TPI ha subrayado este viernes que su labor continuará sin alteraciones tras la destitución de Khan por parte de la Asamblea de los Estados Partes.
En un comunicado, la institución ha indicado que toma nota de la decisión aprobada este 24 de julio por la sesión especial de la Asamblea de los Estados Partes y ha confirmado que las fiscales adjuntas Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang seguirán al frente del organismo.
De este modo, ha recordado que ambas ya habían asumido las tareas de dirección, gestión y administración de la Fiscalía desde que Khan solicitó una licencia en mayo de 2025, por lo que mantendrán esas funciones hasta la salida definitiva del hasta ahora fiscal jefe.
La Oficina del Fiscal ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a las víctimas, a las comunidades afectadas, a los Estados parte, a las organizaciones de la sociedad civil y al resto de socios, remarcando que su labor “continúa sin interrupción” y que preserva su compromiso con investigaciones y procesos “independientes e imparciales” en todos los casos bajo la competencia de la Corte, con el propósito de garantizar justicia a las víctimas de los crímenes recogidos en el Estatuto de Roma.
Asimismo, la Fiscalía ha reiterado que mantiene una política de “tolerancia cero contra el acoso sexual y otras formas de mala conducta” y ha reafirmado su apuesta por el profesionalismo, la integridad y la rendición de cuentas en el desempeño de sus funciones. En este sentido, ha asegurado que proseguirá impulsando un entorno de trabajo “respetuoso, seguro e inclusivo”, con especial atención al bienestar de su plantilla.
La Oficina del Fiscal de la CPI es el órgano responsable de llevar a cabo exámenes preliminares, investigaciones y procesos penales sobre presuntos delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, actuando con independencia e imparcialidad conforme a las atribuciones del Estatuto de Roma.