El número de palestinos que han tenido que abandonar sus hogares en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón ha aumentado este lunes hasta los 2.649, en el contexto de las operaciones militares lanzadas por el Ejército israelí como represalia por el ataque registrado la semana pasada en la zona, en el que murieron dos soldados israelíes a manos de dos palestinos posteriormente abatidos.
Según han indicado las autoridades locales, las fuerzas israelíes han instalado alrededor de 120 puestos de control militar en el área, al tiempo que se intensifican las incursiones, el despliegue de efectivos, el refuerzo de los cercos y la incautación de vehículos, de acuerdo con la información publicada por el diario palestino ‘Filastin’.
El gobernador de Hebrón, Jaled Dudin, ha denunciado que las fuerzas israelíes están “destruyendo deliberadamente hogares e intimidando a los residentes” y las ha acusado de establecer “centros de interrogatorio en el terreno”. “Han detenido a más de 70 ciudadanos hasta la fecha, lo que pone de relieve el hostigamiento y los abusos que sufren los habitantes de la gobernación”, ha manifestado.
Testigos en la zona han asegurado haber visto a soldados israelíes abrir fuego contra vehículos civiles durante estas operaciones, que, tal y como ha alertado Dudin, han forzado el desplazamiento de al menos 450 familias, más de 2.300 personas, solo en las áreas de Deir Baha y Al Jalda.
Las autoridades han señalado igualmente que se han efectuado registros en más de 500 viviendas, lo que ha contribuido a la fragmentación territorial de la gobernación y a limitar severamente la libertad de movimiento de la población, que denuncia que estas zonas han quedado “bloqueadas”.
En paralelo, se ha documentado al menos 272 ataques perpetrados por fuerzas israelíes y colonos en la gobernación de Hebrón durante el pasado mes de septiembre, de los cuales 122 habrían sido llevados a cabo por colonos. En ese mismo periodo se registraron 19 demoliciones que afectaron a 91 instalaciones, situando a Hebrón como la gobernación de Cisjordania con el mayor número de infraestructuras derribadas en dicho mes.
Durante el fin de semana, el alcalde de Hebrón, Yusef al Yaabari, advirtió de que la ofensiva israelí buscaba provocar la salida de otras 2.500 personas de sus casas en dos barrios adicionales de la ciudad, los mismos en los que residían los presuntos atacantes, identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba. El Ejército israelí calcula que en la zona viven alrededor de 2.000 miembros del clan Yaaba y lo vincula con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Las Fuerzas Armadas israelíes indicaron entonces que han permitido abandonar el área a los civiles que “han pedido la evacuación”, siempre a través de controles militares y tras un exhaustivo registro e interrogatorio de seguridad, y adelantaron que las operaciones se prolongarían durante varios días.
Las autoridades israelíes mantienen que los edificios demolidos fueron levantados de forma ilegal en la Zona C de Cisjordania, bajo control exclusivo de Israel, donde no se conceden licencias de construcción desde hace años.
La ONU critica medidas “punitivas” y exige reparaciones
Este lunes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado una “agresiva operación” por parte de Israel que incluye, además del desplazamiento forzoso de palestinos en la zona de Hebrón, “la demolición de viviendas y locales comerciales, y ha privado a los residentes de la posibilidad de circular libremente”.
“Las medidas de gran alcance adoptadas suscitan graves preocupaciones por el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, al que hay que poner fin”, ha reclamado en un comunicado, en el que ha denunciado también unas acciones “de carácter punitivo y diseñadas para infundir miedo”. “Esto es inaceptable”, ha zanjado.
Turk ha instado al Gobierno israelí a permitir que los desplazados regresen a sus casas y a abonar “indemnizaciones y reparaciones” por unos desalojos y demoliciones que, insiste, son “ilegales”.