El asalto ejecutado el pasado 25 de abril en Malí por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), en coordinación con los rebeldes separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA), ha vuelto a situar al Sahel en el centro de la preocupación internacional. Esta franja del continente se ha transformado en los últimos años en el principal epicentro del yihadismo a escala global, donde las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico continúan ganando terreno y consolidando su dominio sobre amplias zonas.
La organización dirigida por Iyad ag Ghali, surgida en 2017 de la fusión de varios grupos entre los que figuran Ansar Dine y el Frente para la Liberación de Macina, se ha convertido en el actor más influyente en una región marcada por fronteras fácilmente franqueables y una débil implantación estatal en un territorio inmenso. A ello se suma que los tradicionales conflictos entre pastores y agricultores se han transformado en un instrumento que todos los contendientes tratan de manipular en su propio beneficio.
Malí, Burkina Faso y Níger, los tres Estados más golpeados por la violencia yihadista, están actualmente bajo el control de juntas militares que dieron sendos golpes de Estado entre agosto de 2020 y julio de 2023 contra gobiernos elegidos en las urnas, alegando, entre otros motivos, que estos no estaban combatiendo con suficiente firmeza a los grupos terroristas.
Los tres regímenes castrenses han seguido una pauta similar, iniciada por Malí y luego replicada por Burkina Faso y Níger: un progresivo distanciamiento de Francia, su antiguo socio y potencia colonial, y un acercamiento acelerado a Rusia. Moscú se ha convertido en un aliado esencial para la seguridad mediante el envío de armamento y, sobre todo, con el despliegue de mercenarios del Grupo Wagner, actualmente reconfigurado como Africa Corps y bajo la órbita del Ministerio de Defensa ruso, especialmente en el caso de Bamako.
Fracaso de la estrategia militar
Pese a este giro geopolítico, la respuesta eminentemente militar con la que las juntas han tratado de contener el avance yihadista, iniciado en el norte de Malí en 2012 al calor de la rebelión tuareg, no ha logrado los resultados pretendidos. Las organizaciones armadas han expandido su radio de acción hacia el centro y el sur de Malí y han irradiado su actividad a la vecina Burkina Faso y al oeste de Níger, con la mirada puesta ahora en los países del golfo de Guinea.
Los abusos cometidos por los ejércitos de estos tres países y por las fuerzas auxiliares que los respaldan, así como por los mercenarios rusos, han sido denunciados de forma reiterada por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW). Estas violaciones han erosionado aún más la confianza de la población en las autoridades y, en numerosos casos, han empujado a jóvenes de las comunidades locales a alinearse con los grupos yihadistas.
En este escenario, JNIM ha sabido capitalizar el descontento para reforzar su influencia. El grupo de Iyad ag Ghali, antiguo combatiente tuareg, controla amplias áreas del norte, centro, sur y oeste de Malí, mantiene presencia en el norte, oeste y este de Burkina Faso y también en el suroeste de Níger, de acuerdo con un reciente informe de Crisis Group, que subraya que “ha desarrollado una forma de gobernanza que le permite presentarse como alternativa a los Estados”.
Según este centro de análisis, “ha puesto en marcha una estructura administrativa ligera pero suficiente para ejercer un control social inspirado en su visión de la ley islámica, hacer justicia y recabar impuestos”. No obstante, el propio 'think-tank' puntualiza que, aunque JNIM ha ido ampliando de forma gradual su área de influencia, su cúpula no ve con buenos ojos una expansión territorial desmesurada, ya que exigiría más combatientes y aumentaría su exposición frente a eventuales ofensivas de las fuerzas de seguridad.
Escalada cualitativa en las tácticas
Además de su expansión geográfica, la filial de Al Qaeda en el Sahel ha experimentado en los últimos tiempos una evolución en sus métodos, incorporando el uso de drones armados y exhibiendo una mayor capacidad para presionar a la junta militar encabezada por Assimi Goita.
De acuerdo con el último informe del comité de la ONU encargado de vigilar las actividades de Al Qaeda y Estado Islámico, publicado en febrero, JNIM “amplió sus operaciones más allá de los objetivos militares y pasó a incluir objetivos económicos, en particular atacando explotaciones mineras e instalaciones industriales gestionadas por inversores extranjeros, así como realizando secuestros para obtener rescate y lanzando ataques contra rutas logísticas estratégicas clave”.
El documento alude al cerco impuesto por el grupo el pasado verano sobre Bamako, bloqueando la llegada de combustible a la capital con el propósito de asfixiar económicamente a la junta y forzar concesiones. En el terreno de los secuestros, se recuerda que JNIM liberó en noviembre a dos ciudadanos emiratíes a los que mantenía cautivos, supuestamente tras el pago de un rescate de 50 millones de dólares.
Demostración de fuerza y presión política
El reciente ataque, coordinado con el FLA y lanzado de forma simultánea en varios puntos del país, ha supuesto una clara demostración de fuerza y ha evidenciado la magnitud de la amenaza que representa JNIM. La organización logró golpear en Kati, localidad fuertemente militarizada y próxima a Bamako donde se ubica la sede de la junta, y causó la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara.
Expertos coinciden en que, por ahora, el grupo yihadista no persigue gobernar directamente Malí, pero sí busca forzar a la junta a abrir algún tipo de diálogo que le permita consolidar su control en las zonas rurales e, incluso, influir en la vida política nacional. Mientras esa negociación no se materializa, JNIM ha proclamado un bloqueo total sobre Bamako que ya estaría aplicando sobre el terreno.
Los últimos episodios también suponen un potente instrumento de propaganda para la rama de Al Qaeda, que ha aprovechado los asaltos a distintas bases del Ejército maliense y del Africa Corps para apoderarse de nuevo armamento y reforzar así su arsenal, incrementando su capacidad de acción futura.
Radiografía del yihadismo en el Sahel
Según el recuento más reciente sobre la actividad yihadista en África elaborado por el African Center for Strategic Studies (ACSS), dependiente del Pentágono, el Sahel concentró el 41% de las 23.968 víctimas mortales registradas en el continente a causa de este fenómeno.
Burkina Faso encabeza la lista de países más castigados, con el 50% de los fallecidos de la región, seguida de Malí, con el 29%, y Níger, con el 17%. Estas cifras se corresponden con las del Índice Global de Terrorismo, que sitúa a los tres Estados entre los diez más afectados del mundo (Burkina Faso, segundo; Níger, tercero, y Malí, cuarto).
JNIM estuvo implicado en el 78% de las muertes en el Sahel y en 2.502 de los 3.039 incidentes violentos documentados en 2025, según el estudio del ACSS consultado por Europa Press, mientras que su principal rival, Estado Islámico en el Sahel (ISS), estuvo relacionado con el 19%.
El ISS mantiene su feudo principal en el oeste de Níger, aunque también opera en el este de Malí. Esta filial ha protagonizado en el último año intensos enfrentamientos con JNIM por el control de enclaves estratégicos, especialmente en Burkina Faso, pero también en el norte de Malí, según el citado informe del comité de la ONU. Todo apunta a que tratará de sacar partido de la inestabilidad generada por los últimos ataques.
En los últimos días han circulado informaciones que apuntan a que los combatientes de ISS habrían tomado Labbezanga, un puesto clave en la frontera entre Malí y Níger, e intentado asaltar Ménaka, aunque el Africa Corps ha asegurado que la ofensiva fue repelida y no logró su objetivo.