El Parlamento de Turquía ha dado este lunes su visto bueno a un proyecto de ley que prevé la suspensión de investigaciones, procesos penales y ejecución de condenas contra integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), después de que la organización anunciara su disolución y el abandono definitivo de la lucha armada.
La propuesta legislativa ha sido aprobada tras un intenso debate en el hemiciclo, con un respaldo de 468 votos favorables, frente a 88 en contra y seis abstenciones, de acuerdo con los datos difundidos por la agencia de noticias Anatolia.
El texto fija un marco legal para paralizar durante un periodo de entre cinco y diez años las pesquisas penales, los procedimientos judiciales y la ejecución de determinadas penas de prisión impuestas a miembros del PKK, siempre y cuando el grupo y todas sus estructuras hayan cesado por completo su actividad armada.
Sin embargo, la norma excluye de este mecanismo los casos vinculados a homicidios y los delitos cometidos antes del 1 de junio de 2005 que lleven aparejadas penas de cadena perpetua o cadena perpetua agravada, lo que deja fuera a Ocalan. Además, la aplicación efectiva de la ley quedará supeditada a que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía certifique que la organización ha entregado las armas al Estado.
Este mismo lunes, el PKK ha denunciado “graves errores y deficiencias” de este proyecto alegando que excluye “la solución del problema kurdo y la democratización”. La formación, que anunció en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada, ha exigido además garantías para que los miembros que renuncien a desarmarse puedan participar en la vida política democrática sin riesgo de ser encarcelados por sus declaraciones.