El Tribunal Supremo de Israel ha desestimado este miércoles el recurso presentado por más de una decena de organizaciones no gubernamentales internacionales que reclamaban seguir trabajando en los Territorios Palestinos Ocupados, respaldando así que puedan ser expulsadas de Cisjordania y la Franja de Gaza si no completan el registro exigido por las autoridades israelíes.
El fallo otorga un plazo de 30 días a estas entidades, entre las que figuran organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Acción contra el Hambre, para remitir toda la documentación requerida sobre su personal palestino y ajustarse al nuevo procedimiento de inscripción.
La petición ante la Justicia había sido elevada por AIDA, la plataforma que agrupa a las 19 ONG internacionales que operan en estas áreas y que se habían negado a entregar al Estado de Israel el listado de trabajadores locales por el temor a que sean señalados y reprendidos, pese a que Israel insiste en que estas exigencias responden a motivos de seguridad.
De acuerdo con el Gobierno israelí, la finalidad de estas normas no es restringir la ayuda humanitaria, sino “proteger su integridad y garantizar que llega a los civiles a través de canales legítimos”. La resolución judicial precisa que las organizaciones que se ajusten a los requisitos podrán continuar su labor si superan las comprobaciones correspondientes, mientras que aquellas que no faciliten los datos solicitados deberán detener todas sus actividades.
El Supremo ha concluido que este mecanismo es “legítimo y proporcionado” por razones de seguridad y se deriva del “deber del Estado de protegerse y proteger a sus residentes mientras habilita la posibilidad de entregar asistencia humanitaria a través de organizaciones internacionales”, según señala un comunicado difundido por la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
“Estos registros se adhieren a los poderes soberanos del Estado de Israel”, ha indicado. El ministro para los Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha celebrado el dictamen y ha asegurado que “envía un mensaje claro e inequívoco de que Israel no permitirá las actividades terroristas camufladas de ayuda humanitaria”.
Las cifras del Ejecutivo israelí indican que hasta marzo de 2026 se habían tramitado 129 solicitudes de registro que ya han sido examinadas: 30 han recibido luz verde, 19 han sido denegadas y 47 continúan en fase de evaluación.