La Asamblea de Estados Parte, máximo órgano de gobierno del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha aprobado este viernes por una amplia mayoría la destitución del fiscal jefe Karim Khan a raíz de un caso de conducta sexual inapropiada, pese a que el jurista británico ha rechazado las acusaciones que se le imputan.
“La Asamblea de Estados Parte ha votado a favor de destituir a Karim Khan del cargo de fiscal del Tribunal Penal Internacional”, ha anunciado en un comunicado Tayab Ali, uno de los abogados que representa a Khan en el proceso, quien ha dicho que la decisión “carece de fundamento legal”.
El letrado ha añadido que “impugnará la legalidad y la imparcialidad” de la resolución, adoptada en una sesión a puerta cerrada y sobre la que, por ahora, el tribunal no ha emitido confirmación oficial. “El fiscal de esta corte ha sido destituido por votación ejecutiva mientras se encontraba bajo sanciones y bajo una inmensa presión política”, ha dicho.
El abogado británico ha negado de forma reiterada las acusaciones formuladas por una trabajadora del TPI en la sede de La Haya, que llevaron en mayo de 2025 a que se retirase de manera temporal de sus funciones mientras se desarrollaban las pesquisas internas.
El magistrado sostuvo entonces que tanto él como la institución eran víctimas “de un amplio abanico de ataques y amenazas” por su labor judicial, en la que se incluyen las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos responsables del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
En febrero de 2025, Khan fue además objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en respuesta a las actuaciones dirigidas contra los dirigentes israelíes, lo que supuso el bloqueo de sus bienes y activos, así como la prohibición de entrada en el país norteamericano a altos cargos y empleados del TPI, extendida también a sus familiares directos.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha manifestado este viernes en redes sociales que el caso de Khan “ha expuesto la quiebra moral de un fiscal corrupto que se apresuró a presentar escandalosas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa, en un intento de desviar la atención de la grave conducta indebida que temía que fuera revelada”.
“Estas fueron órdenes de arresto politizadas y escandalosas contra líderes electos de una democracia con un sistema legal independiente que defiende a sus ciudadanos contra el terror. Estas órdenes, emitidas contra un país que ni siquiera es miembro de la CPI, nunca debieron solicitarse en primer lugar y deben revocarse de inmediato”, ha señalado.