El Parlamento de Ghana aprobó este viernes el Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de 2025, conocido popularmente como la “ley anti-gay”. La normativa criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y establece que identificarse como LGTBI+ puede ser sancionado con hasta tres años de prisión.
Además, la ley contempla penas de entre tres y cinco años para quienes financien, promuevan o patrocinen actividades relacionadas con el colectivo. Entre las disposiciones más debatidas se encuentra la obligación de reportar ante las autoridades cualquier acto homosexual del que se tenga conocimiento. La normativa modifica también la legislación sobre extradición, incluyendo los delitos contemplados en la ley como susceptibles de ser reclamados por la justicia ghanesa.
La 'ley anti-LGTBI+'
El texto aprobado introduce algunas exenciones respecto a la versión anterior:
- Periodistas y medios de comunicación que informen sobre temas LGTBI+ quedan exentos de sanciones.
- Abogados que ofrezcan asesoría o representación legal a personas LGTBI+ no podrán ser castigados.
- Profesionales de la salud que proporcionen atención médica, psicológica o servicios de orientación también quedan exentos.
Estas modificaciones generaron críticas entre miembros de la oposición parlamentaria, que señalaron deficiencias jurídicas en la propuesta original y la necesidad de correcciones sustanciales.
Proceso de aprobación y envío al presidente
El proyecto fue aprobado mediante votación a viva voz, tras recibir el respaldo unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, según informó el vicepresidente primero, Bernard Ahiafor.
La ley será enviada ahora al presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien dispone de siete días hábiles para decidir sobre su promulgación. El mandatario enfrenta presiones de líderes religiosos y del Congreso Nacional Democrático para aprobar la normativa.
Antecedentes y contexto internacional
La primera versión de esta ley se aprobó en febrero de 2024 durante el mandato del expresidente Nana Akufo-Addo, pero quedó suspendida por recursos que cuestionaban su constitucionalidad. Con el cierre de la legislatura, aquella versión perdió vigencia y fue sometida nuevamente al Parlamento.
Actualmente, más de sesenta países en el mundo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, y cerca de la mitad de ellos se encuentran en África, muchas veces basadas en legislaciones heredadas de la época colonial.