Las autoridades japonesas han reiterado este jueves que no contemplan remitir armamento letal a Ucrania en el contexto de la invasión rusa, pese a la reciente modificación de su normativa sobre exportación de material de defensa, que abre la puerta a que Tokio pueda vender armas a terceros países.
La Embajada de Japón en Rusia ha querido despejar las dudas expresadas por Moscú y ha subrayado que, por ahora, no existe esa opción. “Nuestro país no ha suministrado hasta ahora equipamiento letal ni destructivo a Ucrania y actualmente no contempla la posibilidad de transferir dicho material”, ha señalado la misión diplomática en un comunicado.
En este sentido, ha recalcado que Tokio no mantiene ningún tipo de acuerdo de este alcance con el Ejecutivo ucraniano, por lo que no se prevé el envío de equipos militares ni de tecnología vinculada a la defensa. “Kiev no puede recibir este tipo de materiales por nuestra parte”, ha precisado la Embajada.
El pasado martes, el Gobierno japonés dio luz verde a la revisión de los límites fijados por su legislación sobre exportaciones de material defensivo, un cambio que permite por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la posible venta de armamento a otros Estados.
Las nuevas directrices, promovidas por el Ejecutivo ultraconservador encabezado por la primera ministra, Sanae Takaichi, persiguen reforzar la base industrial de defensa del país, en un contexto que considera como el más delicado en materia de seguridad desde el final del conflicto mundial. La propia Takaichi ha defendido en redes sociales que “ningún país puede salvaguardar su propia paz y seguridad por sí mismo”, por lo que ve imprescindible “tener aliados para apoyarse en diversas áreas”.
La actualización de los principios que rigen la exportación de armamento limita los envíos a cinco tipos concretos de material: el vinculado a tareas de rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado.
Aun así, estas exportaciones solo se permitirán a Estados con los que Japón tenga suscritos acuerdos de cooperación en defensa, quedando excluidos los países inmersos en conflictos armados. No obstante, el marco legal contempla la posibilidad de estudiar excepciones, siempre que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Japón y las operaciones militares de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico.