La Fiscalía de Argentina ha decidido dar curso a una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo de derechos humanos especializado en la persecución de delitos de tortura, que señala a responsables del Servicio Penitenciario de la Unidad 51 de Magdalena por presuntas torturas y abusos sexuales cometidos contra cinco mujeres presas el pasado 3 de junio.
“El 3 de junio (...) cuatro mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena fueron víctimas de torturas y malos tratos: abuso sexual, golpizas, submarino húmedo, gas pimienta arrojado a corta distancia sobre la cara y otros hechos graves perpetrados por agentes incluyendo las autoridades del penal. Luego de horas de torturas, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes rotos y la que permaneció en el lugar (...) intentó suicidarse”, ha denunciado la organización a través de un comunicado.
El fiscal Álvaro Garganta ha admitido la presentación de la CPM, que en un primer momento había sido desestimada por un juzgado de La Plata al considerarla “prematura”, a pesar de la severidad de los hechos narrados y de la evidencia acompañada en la causa.
De acuerdo con las primeras diligencias, todo se habría desencadenado tras una supuesta pelea, cuando la directora del penal, Daiana Balmaceda, y otros cinco funcionarios varones retuvieron a dos internas. En ese contexto, las habrían obligado a “besar las botas” de Balmaceda y, a continuación, las sometieron a torturas y agresiones sexuales.
“Atrocidades cometidas por varias personas, muchas de ellas autoridades, solo pueden entenderse desde la sistematicidad de prácticas institucionales que suelen ser naturalizadas y avaladas por un poder judicial que, como en este caso, obstaculiza la intervención de la CPM, que intenta como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura que se investiguen y sancionen estás conductas delictivas”, ha denunciado el secretario de la CPM, Roberto Cipriano, en declaraciones al diario ‘Página 12’.
Al día siguiente, tres de las afectadas fueron derivadas a otros establecimientos penitenciarios. Sus pertenencias, ya dañadas por los agentes, fueron mezcladas con residuos, y posteriormente el mismo patrón se habría repetido con las otras tres víctimas, distribuidas en tres prisiones distintas.
Ese mismo 3 de junio, un informe clínico firmado por la enfermera Raquel Boccardo indicaba que una de las internas “no presentaba lesiones visibles recientes” durante la exploración física. Sin embargo, peritajes posteriores y evaluaciones de la CPM documentaron lesiones claras. Según la organización, la mujer continuó en aislamiento, sin recibir comida y en la misma celda donde intentó quitarse la vida.
La gravedad de lo sucedido llevó a que, el viernes 5, las reclusas que seguían en la Unidad Penal 51 de Magdalena protagonizaran una protesta, que fue sofocada por personal penitenciario. La investigación sostiene que, como consecuencia de esa represión, una de las internas sufrió una lesión de consideración en un ojo.
El Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) contabilizó 332 personas víctimas en cárceles federales argentinas durante 2025. Estos ataques se agruparon en 223 episodios verificados, de los cuales 199 fueron agresiones individuales y 24 hechos colectivos contra varios presos al mismo tiempo.
El informe oficial no ofrece un desglose preciso sobre el volumen de denuncias por violencia sexual en prisión, aunque advierte “al contexto de encierro y al ámbito sanitario como escenarios especialmente propicios para la violencia sexual, en razón de las relaciones de poder y dependencia que caracterizan a estos espacios”.