El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha manifestado este miércoles su “alarma” ante el repunte de las ejecuciones por delitos de drogas en Singapur, después de que en lo que va de año hayan sido ajusticiadas ocho personas condenadas por este tipo de cargos.
Turk, que ha subrayado que esta política entra en conflicto directo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha solicitado una moratoria “inmediata” a la pena de muerte en el Estado asiático, que durante 2025 ejecutó a un total de 17 personas, de las que 15 lo fueron por delitos vinculados a las drogas. Entre 2023 y 2024 se registraron 25 ejecuciones, 24 de ellas relacionadas con este tipo de crímenes.
La ejecución más reciente documentada es la de Omar bin Yacob Bamadhaj, ajusticiado la semana pasada por traficar con cannabis. “En todos los sentidos, quitarle la vida a este hombre es cruel e inhumano”, ha afirmado Turk, quien ha recalcado que “la pena de muerte es fundamentalmente incompatible con la dignidad humana y el derecho a la vida”.
En esta línea, ha señalado que los delitos de drogas que no conllevan la pérdida de vidas humanas no encajan en el criterio de “crímenes más graves” establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que restringe la aplicación de la pena capital a los crímenes de máxima gravedad.
Pese a que en los últimos años se ha observado una reducción del uso de la pena capital en Asia, Turk ha advertido de que resulta inquietante el incremento global del porcentaje de personas ejecutadas por delitos de drogas, señalando a Singapur como uno de los pocos países que sigue imponiendo este castigo para este tipo de infracciones que no incluyen asesinatos.
“Repito mi petición a Singapur, y a todos los demás Estados que aún llevan a cabo ejecuciones, para que impongan una moratoria como paso clave de cara a la abolición total de esta práctica inhumana”, ha concluido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.