La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, encargada de observar los procesos de selección de autoridades judiciales y electorales en Guatemala, ha expresado su “profunda consternación” ante la resolución emitida este viernes por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena repetir la calificación de los candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público.
Según el comunicado difundido por la Misión, “Esta intervención modifica de forma abusiva los criterios de evaluación y vulnera la integridad del proceso y la confianza pública en las instituciones, excluyendo la experiencia judicial. Dicho criterio parece arbitrario y es incompatible con el principio y el deber de priorizar la capacidad, idoneidad y honorabilidad de quien ocupará el cargo de Fiscal General”.
La Comisión de Postulación de Guatemala acató este viernes las instrucciones de la CC y elaboró una nueva lista con seis aspirantes al cargo de jefe del Ministerio Público (MP) y fiscal general de Guatemala, remitiéndola al presidente Bernardo Arévalo de León. Frente a ello, la Unión Europea, que ha subrayado el “alto grado de publicidad” del proceso inicial, sostiene que este debería “ser respetado”.
En el mismo texto, la Misión subraya que “Esta decisión contradice precedentes de la propia Corte que reconocían la relevancia de la experiencia en la judicatura. Ante esta decisión, la Misión recuerda que la Comisión de Postulación tiene que ejercer su mandato constitucional mediante una evaluación sustantiva, transparente, rigurosa y objetiva de las calidades de los aspirantes sin vulnerar el objetivo de la ley”.
Tras la orden de la CC de remitir una nueva nómina, la Comisión de Postulación, una vez cumplida la resolución y reiniciada la evaluación de los candidatos, revisó de nuevo los expedientes y los envió al presidente, que deberá designar al próximo fiscal general para el periodo 2026-2030.
La actual fiscal general, María Consuelo Porras, sobre la que pesan sanciones vigentes de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por “socavar la democracia” y “participar en actos ilícitos”, cesará en sus funciones el 16 de mayo. Esto se producirá después de que este miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala rechazara “in limine” --sin entrar a valorar el fondo del asunto al considerarlo infundado-- la petición de retiro de inmunidad presentada en su contra.