Pedro Sánchez ha respondido este viernes a la información sobre un correo interno del Pentágono que plantea posibles medidas contra España por su posición ante la guerra de Irán, incluida la suspensión del país de la OTAN. El presidente del Gobierno ha evitado elevar el tono y ha situado la posición española en el terreno de los documentos oficiales, no de las filtraciones o comunicaciones internas.
A su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Chipre, Sánchez ha defendido que el Gobierno español mantiene una posición clara respecto a sus alianzas internacionales, pero también respecto al marco legal en el que deben desarrollarse las operaciones militares.
Sánchez: “No trabajamos sobre emails”
“Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de Estados Unidos”, ha afirmado el presidente del Gobierno al ser preguntado por la información sobre el correo interno del Pentágono.
Con esa respuesta, Sánchez ha intentado rebajar la dimensión inmediata de la polémica y evitar que una comunicación interna atribuida al Departamento de Defensa estadounidense se convierta en una crisis diplomática formal antes de que exista una posición oficial de Washington.
La frase marca el eje de la reacción del Ejecutivo: España no se da por aludida oficialmente por una filtración, pero tampoco renuncia a defender su posición política y jurídica sobre la guerra de Irán.
“Absoluta colaboración” con los aliados, pero dentro de la legalidad internacional
El presidente ha insistido en que la posición española no implica una ruptura con la OTAN ni con los aliados. “La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, ha defendido Sánchez.
Ese matiz es el núcleo político del mensaje. España mantiene su compromiso con la Alianza Atlántica, pero rechaza que ese compromiso implique facilitar operaciones militares que el Gobierno considera fuera del marco de la legalidad internacional.
La respuesta llega después de que Reuters informara de un correo interno del Pentágono en el que se estudian fórmulas para castigar a países aliados que no habrían dado apoyo suficiente a las operaciones de Estados Unidos en la guerra contra Irán.
España, señalada por las bases y el espacio aéreo
El malestar de Washington se centra en la negativa de algunos aliados a conceder acceso a bases militares, permisos de estacionamiento y derechos de sobrevuelo para operaciones vinculadas al conflicto iraní. En el caso español, el foco está en las bases de Rota y Morón, así como en el uso del espacio aéreo.
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Según la información publicada, el correo interno del Pentágono menciona la posibilidad de suspender a España de la OTAN o apartar a países considerados “difíciles” de puestos relevantes dentro de la estructura de la Alianza.
La propuesta tendría, en todo caso, una enorme carga simbólica y una viabilidad jurídica incierta. El Tratado del Atlántico Norte no recoge un mecanismo ordinario para expulsar o suspender a un Estado miembro. Sí contempla, en su artículo 13, que un país pueda abandonar voluntariamente la Alianza.
Una crisis política de alto voltaje entre España y Estados Unidos
La reacción de Sánchez busca contener una crisis que amenaza con convertirse en uno de los choques más delicados entre España y Estados Unidos de los últimos años. El Gobierno español intenta separar la colaboración estratégica con la OTAN de la participación en una guerra que considera contraria a la legalidad internacional.
La Administración Trump, por su parte, está presionando a los aliados europeos para que asuman un papel más activo en la campaña contra Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz. Esa presión ha abierto una grieta dentro de la OTAN y ha situado a España en el centro del debate.