La Unión Europea ha vuelto a denunciar este viernes la represión ejercida por las autoridades de Nicaragua y ha manifestado su inquietud por el agravamiento constante de las libertades fundamentales y del escenario político en el país centroamericano.
En una declaración emitida en nombre de los Veintisiete por la Alta Representante de la UE, el bloque comunitario ha instado de nuevo al Ejecutivo nicaragüense a poner en libertad a todos los presos políticos, a restablecer de forma íntegra el Estado de derecho y a permitir el retorno de las organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, Bruselas ha insistido en la urgencia de abrir un proceso de diálogo entre el Gobierno y las fuerzas opositoras con el fin de avanzar hacia una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis que vive el país. En esta línea, ha remarcado la necesidad de impulsar las reformas electorales pertinentes para asegurar unos comicios con plenas garantías.
La Unión Europea ha pedido igualmente a las autoridades nicaragüenses que convoquen las elecciones previstas y se aseguren de que se desarrollan conforme al calendario inicialmente fijado, respetando los estándares internacionales de transparencia, inclusión y credibilidad.
El bloque comunitario ha reiterado, además, su apoyo a la población de Nicaragua en su aspiración de consolidar un sistema democrático sustentado en el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de derecho.
Por último, la Unión ha recalcado que mantiene su voluntad de seguir con el diálogo político con Managua a través de los cauces diplomáticos pertinentes y en coordinación con los actores regionales, siempre sobre la base del respeto mutuo.
Con este posicionamiento, los Veintisiete se alinean con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien este miércoles ha acusado a las autoridades de Nicaragua de “reprimir las libertades civiles y políticas del país” y obstaculizar el “pleno ejercicio de los derechos” de la población, instándolas a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos que han sido privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de Derechos Humanos”.