Las autoridades palestinas han informado de que colonos israelíes volvieron a atacar el pasado viernes los pozos de Ein Samia, en Cisjordania, en lo que supone el tercer sabotaje en apenas una semana. Este nuevo asalto compromete gravemente el suministro de agua a unas 20 localidades de la zona, donde residen alrededor de 100.000 palestinos.
La Autoridad del Agua de Jerusalén explicó a la agencia oficial palestina WAFA que al menos seis poblaciones —Jifna, Dura al Qara, Ein Sinya, Birzeit, Al Mazra'a Al Gharbiya, Kobar y Abu Shkheidem— han sufrido ya las consecuencias directas de esta acción y difundió imágenes del incidente. En las fotografías se aprecia a un individuo enmascarado destrozando una de las tuberías principales de distribución.
La estación de bombeo de Ein Samia, situada al noreste de Ramala, se ha convertido desde comienzos de año en objetivo recurrente de los colonos, que la han saboteado en más de una decena de ocasiones. Esta infraestructura es considerada clave en la disputa por los recursos hídricos en Cisjordania, al ser un punto neurálgico para el abastecimiento de la región.
Crisis estructural del agua en el territorio palestino
Un informe relevante del Parlamento Europeo ya advertía en 2016 de la grave escasez de agua en el territorio palestino. Según ese documento, cerca del 80 por ciento de las reservas hídricas se encuentran bajo control israelí en virtud de los acuerdos de Oslo II, mientras que la población palestina ha aumentado de forma notable y la expansión de los asentamientos israelíes reduce de manera constante la capacidad de suministro disponible.
La franja comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo se caracteriza además por una limitada disponibilidad de recursos hídricos. Fenómenos climáticos como las sequías recurrentes, la reducción de las precipitaciones y la elevada evaporación del agua de lluvia amplían aún más la distancia entre la oferta y la demanda de agua en la zona.
La Autoridad del Agua de Jerusalén subraya que estos ataques contra las infraestructuras de abastecimiento suponen una agresión directa a los servicios básicos y vulneran el derecho de la población palestina al acceso al agua potable.