La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial permanece en contacto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, y con la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Aurora de la Cueva, ante los incendios forestales que están afectando a ambas comunidades autónomas.
El objetivo de estos contactos es conocer de primera mano si la emergencia puede afectar al funcionamiento de juzgados, sedes judiciales, servicios de guardia o actuaciones previstas en las zonas alcanzadas por el fuego, especialmente en aquellos partidos judiciales que puedan verse condicionados por evacuaciones, cortes de carretera, restricciones de movilidad o problemas de acceso.
Posible aplicación del protocolo de emergencia
El CGPJ está evaluando si procede adoptar alguna de las medidas recogidas en el Protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe, cuyo texto actualizado fue aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces en su reunión del pasado miércoles.
Este protocolo está diseñado para garantizar la continuidad del servicio público de Justicia en circunstancias excepcionales, ya que la intervención judicial puede resultar esencial tanto para proteger los derechos de las personas afectadas como para investigar los hechos, ordenar diligencias urgentes y depurar las responsabilidades que puedan derivarse de la emergencia.
Medidas para mantener la actividad judicial
Entre las medidas contempladas figuran actuaciones relacionadas con las sedes judiciales cuando el acceso a los edificios resulte imposible o cuando su utilización suponga un riesgo para la seguridad de trabajadores, profesionales, usuarios o ciudadanos citados.
El protocolo también permite valorar la suspensión generalizada de señalamientos y actuaciones programadas en el ámbito territorial afectado, una medida que puede ser necesaria si las evacuaciones, los cortes de carretera o la situación de riesgo impiden acudir con normalidad a los juzgados.
Además, el texto prevé recurrir a medios electrónicos, actuaciones telemáticas y sistemas de comunicación remota para favorecer la continuidad de la actividad jurisdiccional cuando la presencia física no sea posible o no resulte aconsejable.
Los servicios de guardia funcionan con normalidad
Tanto la presidenta del TSJ de Castilla y León como la presidenta en funciones del TSJ de Madrid han comunicado al CGPJ que, por el momento, los servicios de guardia funcionan con normalidad y que no es necesario adoptar ninguna de las medidas extraordinarias de manera inmediata.
Esa normalidad no elimina la vigilancia institucional, porque la evolución de los incendios puede cambiar con rapidez y afectar a nuevas zonas. Por eso, el Consejo mantiene abiertos los contactos con los órganos judiciales de ambos territorios para reaccionar si la emergencia obliga a modificar horarios, suspender actuaciones, desplazar servicios o reforzar medios telemáticos.
Justicia también forma parte de la emergencia
La intervención judicial en una situación de incendios no se limita a la actividad ordinaria de los juzgados. En emergencias de esta magnitud pueden ser necesarias actuaciones urgentes relacionadas con personas desaparecidas, daños personales, levantamientos, entradas en zonas restringidas, protección de menores o personas vulnerables, investigación del origen del fuego y posibles responsabilidades penales o administrativas.
Por eso, el CGPJ insiste en garantizar que el servicio público de Justicia siga operativo, incluso si las condiciones sobre el terreno obligan a adoptar soluciones excepcionales. La prioridad es preservar la seguridad de las personas y, al mismo tiempo, asegurar que los juzgados puedan responder a cualquier necesidad urgente derivada de los incendios.
Seguimiento continuo en Madrid y Castilla y León
El Consejo General del Poder Judicial continuará siguiendo la evolución de la emergencia en Madrid y Castilla y León, dos territorios especialmente golpeados por los incendios forestales de los últimos días.
De momento, no hay medidas extraordinarias activadas, pero el protocolo ya está sobre la mesa por si la situación empeora y obliga a reorganizar la actividad judicial. La normalidad de los servicios de guardia permite mantener la atención urgente, mientras los tribunales superiores y el CGPJ valoran día a día si la emergencia exige nuevas decisiones.