Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han recibido como un hito el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declara a Birmania responsable del genocidio perpetrado contra la comunidad rohingya durante las operaciones militares "de limpieza" llevadas a cabo entre 2016 y 2017.
HRW subraya que la resolución, definitiva y sin posibilidad de recurso, supone "un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohingyas han padecido a manos del ejército de Birmania", en palabras de la abogada principal de Justicia Internacional de HRW, María Elena Vignoli.
Desde Amnistía Internacional, la decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas ha sido presentada como una "victoria excepcional" para las víctimas y supervivientes. La organización remarca que el pronunciamiento de la CIJ implica un reconocimiento judicial de las atrocidades infligidas a la población rohingya tras años de "negación, impunidad y supresión de la verdad".
La secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, ha calificado la resolución como una "conclusión inequívoca" que marca un avance histórico para quienes sufrieron los crímenes y sus allegados.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha destacado el carácter pionero del caso, al tratarse de la primera ocasión en que un tribunal internacional se pronuncia sobre si Birmania ha cometido genocidio contra los rohingyas. "Este es un día de especial importancia para muchos rohingyas, muchos de los cuales son nuestros compañeros o pacientes que acuden a los servicios de MSF", han señalado.
MSF ha advertido, sin embargo, de que "la persecución sistemática del pueblo rohingya no terminó en 2017", recordando que aún se les siguen negando "sus derechos más básicos, incluida la ciudadanía de la que fueron despojados en 1982".
"Los rohingyas que permanecen en Rajine siguen sufriendo violencia selectiva, además de las consecuencias del conflicto más amplio", ha añadido el director de la ONG para Bangladés, Malasia y Birmania, Paul Brockmann.
El fallo de la CIJ responde a la demanda planteada por Gambia contra Birmania por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. A juicio de HRW, la decisión constituye también "un precedente significativo" para las víctimas de genocidio y de otros crímenes graves que reclaman justicia en distintas partes del planeta.
ONG reclaman que Birmania cumpla el fallo "rápidamente"
Tras conocerse la sentencia, HRW y Amnistía Internacional han reclamado a las autoridades birmanas que acaten "rápidamente" el dictamen y pongan fin a la opresión contra esta minoría. Al mismo tiempo, han pedido a los gobiernos preocupados por la situación que tengan en cuenta las conclusiones de los organismos independientes y de las cortes internacionales, respalden a la población rohingya y refuercen la presión sobre la junta militar para asegurar la aplicación efectiva del fallo.
Callamard ha instado además a los líderes mundiales a evitar cualquier forma de reconocimiento internacional a las autoridades militares birmanas y a suspender el suministro de armamento, equipos de seguridad y vigilancia, así como cualquier cooperación militar con el país.
En esta misma línea, ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe un embargo global de armas y remita la situación de Birmania al Tribunal Penal Internacional. "El incumplimiento de este fallo solo envalentonaría al Ejército de Birmania en su desafío al derecho internacional y perpetuaría el ciclo de impunidad", ha alertado.
Retorno seguro de los rohingyas y justicia para las víctimas
HRW ha reclamado que se garantice el regreso de los refugiados rohingyas a Birmania en condiciones de seguridad y de forma voluntaria.
Amnistía Internacional, por su parte, insiste en que la resolución de la CIJ no debe dar por cerrada la búsqueda de justicia. La organización exige reparaciones plenas y efectivas para las víctimas, la continuidad de la ayuda humanitaria, opciones de reasentamiento y un mayor apoyo político y económico a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
Ambas organizaciones confían en que la sentencia marque el inicio de una etapa de responsabilidades judiciales en Birmania. Para ello, consideran esencial investigar todos los crímenes internacionales, tanto los cometidos en el pasado como los que siguen produciéndose, y llevar ante los tribunales a los responsables.
Estas reacciones se producen después de que la CIJ haya condenado este jueves a Birmania por cometer genocidio durante las operaciones militares desarrolladas entre 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine, donde murieron alrededor de 10.000 personas.
La corte ha concluido que miles de civiles rohingyas fueron "asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza" en 2017, según ha anunciado el juez Yuji Iwasawa, que también ha reconocido ataques de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y civiles.