El Grupo de Trabajo para la Justicia Transicional (TJWG), una ONG con sede en Corea del Sur, ha denunciado este martes un marcado incremento de las ejecuciones en Corea del Norte tras la pandemia de coronavirus. Entre 2020 y 2024, la organización ha documentado 153 ejecuciones o condenas a muerte en distintas zonas del país.
Según sus datos, tras el cierre de las fronteras norcoreanas por la expansión de la COVID-19, el número de ejecuciones y sentencias capitales creció un 116,7%, pasando de 30 a 65 casos, mientras que la cifra de personas afectadas por este tipo de condenas se disparó un 247,7%.
La mayoría de los procedimientos están vinculados a motivos religiosos, prácticas de superstición o al acceso y consumo de productos culturales extranjeros, especialmente series de televisión surcoreanas y discos de K-pop. Entre 2015 y 2019, estos casos se habían reducido por la presión de la comunidad internacional tras la publicación de una extensa investigación de la ONU.
No obstante, el informe de TJWG subraya que, tras el cierre por la pandemia, la tendencia volvió a repuntar. El documento identifica al menos 46 lugares donde se llevan a cabo ejecuciones en una decena de localidades repartidas por todo el territorio norcoreano.
“Tras las frecuentes ejecuciones en los primeros años del liderazgo de Kim Jong Un, el régimen restringió un poco el uso de esta práctica ante el debate sobre la idea de llevar a Kim ante el Tribunal Penal Internacional, pero las ejecuciones volvieron a crecer ante la ausencia de presión internacional por la COVID-19”, recoge el informe.
El proyecto, iniciado en 2015, tiene como objetivo “sensibilizar a la comunidad internacional sobre Corea del Norte como un país que ha abusado de la pena de muerte como herramienta para la supervivencia del régimen, junto con países como Irán y China”, en el marco del IX Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, previsto en París para los meses de junio y julio de este año.
Para sustentar sus conclusiones, el informe examina 144 casos de ejecuciones y condenas a muerte, así como la evolución anual, su distribución geográfica, los métodos utilizados, los escenarios de ejecución y las categorías de delitos castigados con la pena capital. Las cinco principales áreas donde se concentran estos casos son las ciudades de Hyesan, Pyonyang, Chongjin, Hamhung y Hoeryong.
Más del 70% de las ejecuciones registradas fueron públicas y, en su inmensa mayoría, se realizaron mediante fusilamiento. El documento advierte de que “a medida que el régimen busca una cuarta sucesión hereditaria al poder, existe un alto riesgo de que aumenten las ejecuciones para reforzar el control cultural e ideológico y mantener el dominio político”.