Trump se vuelca en Ucrania e Irán con reuniones separadas con Zelenski y Netanyahu en la Casa Blanca

En estos momentos, los acuerdos de coproducción de sistemas de defensa entre Ucrania y Estados Unidos están en una fase avanzada pero todavía básicamente ejecutiva e industrial, no tanto de “tratado clásico” ya ratificado por los Parlamentos. El hito clave es la autorización estadounidense para licenciar la producción de misiles Patriot en Ucrania y el posterior pacto de cooperación entre Kiev y Raytheon, cuyos detalles operativos siguen en negociación. Paralelamente, se trabaja en un acuerdo sobre drones que incluiría exportaciones de sistemas ucranianos a EEUU, aún pendiente de cierre. La arquitectura general se completa con un gran acuerdo económico sobre minerales estratégicos y fondos de inversión, que sirve de marco de largo plazo, pero que no se traduce todavía en un tratado específico y cerrado de coproducción armamentística global.

Licencia Patriot y acuerdo con Raytheon: núcleo de la coproducción

El punto más concreto de coproducción es el relativo a los misiles Patriot. Según el periódico Demócrata, Trump comunicó a Zelenski durante la cumbre de la OTAN en Ankara que Washington concedería a Ucrania la licencia necesaria para fabricar esos misiles en su territorio (noticia sobre la licencia Patriot, crónica de la cumbre de Ankara). El propio Zelenski había explicado previamente que, “por primera vez”, el equipo estadounidense reaccionaba de forma positiva a esta petición (entrevista sobre la licencia).

Tras esa luz verde política y de licencias, Zelenski anunció el 23 de julio de 2026 la firma de un acuerdo de cooperación con Raytheon para iniciar la producción de misiles Patriot en territorio ucraniano, precisando que “nuestros equipos, tanto del gobierno como del sector privado, se pondrán en contacto para ultimar todos los detalles” (pacto con Raytheon, ampliado en [enlace] y [enlace]). Esto indica que:

• La decisión política y de licencias estadounidenses ya está tomada.
• Existe un acuerdo de cooperación empresa–Estado (Raytheon–Ucrania) firmado.
• La “tramitación” actual es la de concretar los aspectos técnicos, industriales y contractuales de esa producción conjunta.

Además, Demócrata recoge que Zelenski ha subrayado ante el embajador de EEUU en la OTAN que más sistemas Patriot siguen siendo una “prioridad crítica” y menciona un acuerdo sobre drones que contempla exportaciones ucranianas a Estados Unidos en el que “nuestros equipos están trabajando actualmente” y que “esperamos poder concluir pronto” (reunión con el embajador de EEUU en la OTAN). Ese texto sugiere que el expediente sobre drones está aún en fase de negociación técnica, no cerrado.

Marco político y negociaciones gubernamentales

La autorización para licenciar la producción Patriot se ha ido tejiendo en varias reuniones de alto nivel: Zelenski explicó que Trump había respaldado positivamente la idea de que Ucrania fabrique Patriot con licencia propia durante un encuentro en la cumbre del G7 de Évian (reunión en el G7) y posteriormente, ya en Ankara, el presidente estadounidense anunció públicamente que “les vamos a dar una licencia para fabricar misiles Patriot” (declaraciones de Trump, resumidas también en mapa de la defensa europea y comentadas en entrevista con Carmen Romero (OTAN)).

En paralelo, Zelenski ha utilizado fechas simbólicas como el 4 de julio para reivindicar el papel de los Patriot y de las armas estadounidenses en la defensa de Ucrania (discurso del 4 de julio), reforzando la dimensión política de estos acuerdos. También se han mantenido contactos previos con Raytheon para explorar “posibles cooperaciones” y “oportunidades de producción conjunta” entre Ucrania y Estados Unidos, sin detalles concretos entonces (reuniones iniciales con Raytheon, [enlace]).

Otros marcos económicos y acuerdos conexos

Existen además acuerdos de fondo entre Ucrania y Estados Unidos con fuerte componente económico-estratégico. En abril de 2025 se firmó un Memorando de Intención para un Acuerdo de Asociación Económica y un fondo de inversión para la reconstrucción, que sienta bases para explotar minerales ucranianos y atraer capital estadounidense (cobertura de elDiario.es). Ese memorando debía transformarse en un acuerdo completo sometido a ratificación parlamentaria en ambos países, pero en la información disponible no se detalla que se haya completado todo el ciclo legislativo.

Sobre esa misma línea, medios como El País y elDiario.es describen un acuerdo marco de explotación de minerales y tierras raras que incluye una declaración de apoyo a la defensa ucraniana, pero sin detallar compromisos concretos de coproducción militar.

En el plano estrictamente militar, Zelenski también ha respaldado principios para un convenio con Estados Unidos sobre la entrega de armamento, del que por ahora solo se conocen formulaciones genéricas (“acuerdos a gran escala”) sin texto público completo (pieza de Demócrata), y Washington ha autorizado ventas adicionales de sistemas Patriot a Kiev (venta de sistemas Patriot).

Balance del estado de tramitación

Con la información disponible, la situación puede resumirse así:

• La licencia estadounidense para producir Patriot en Ucrania está políticamente aprobada y anunciada.
• Hay un acuerdo de cooperación ya firmado entre Ucrania y Raytheon para producir esos misiles en territorio ucraniano, con los equipos técnicos trabajando en la implementación.
• El acuerdo sobre drones con componente exportador hacia EEUU sigue en negociación, sin constar aún como concluido.
• Los grandes marcos económicos (minerales, fondo de inversión) avanzan en clave de asociación estratégica, pero no se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre una ratificación final de un tratado específico de coproducción de sistemas de defensa.

En todo caso, mi especialización principal es el contexto político y regulatorio español y europeo; en el ámbito estrictamente bilateral Ucrania–EEUU solo puedo apoyarme en la información publicada por medios y comunicados disponibles, sin acceso a documentación clasificada o borradores internos de esos acuerdos.

Otros enlaces de contexto citados en las fuentes que ayudan a situar el esfuerzo de coproducción y apoyo a Ucrania, aunque centrados en la UE y la OTAN, son: reunión de ministros de Defensa de la OTAN, situación de Ucrania sin apoyo de EEUU, cumbre del G7, préstamo europeo a Ucrania, excepciones para comprar armamento fuera de la UE, así como los documentos de la Comisión Europea sobre integración industrial y apoyo militar a Ucrania (comunicado UE-Ucrania, Q&A Libro Blanco, acuerdo sobre drones UE-Ucrania).

En el sistema israelí, el primer ministro es el jefe del poder ejecutivo y la figura central del Gobierno, cuyas competencias se regulan principalmente en la Ley Fundamental: El Gobierno. Sus funciones abarcan la formación y dirección del Ejecutivo, la conducción de la política general, la coordinación del trabajo ministerial y un papel clave en materia de seguridad y en la relación con la Knéset (Parlamento). Además, la legislación le otorga capacidad para proponer la disolución de la Cámara, cesar ministros y asumir ciertas competencias en situaciones de emergencia. Todo ello se encuadra en un sistema parlamentario en el que el primer ministro depende políticamente de la confianza de la Knéset.

Marco jurídico y posición institucional

Israel no tiene una constitución única, sino un conjunto de Leyes Fundamentales. La posición del primer ministro está definida sobre todo en la Ley Fundamental: El Gobierno, que establece:

• Que el primer ministro es el jefe del Gobierno y coordina la actividad de todos los ministros.
• Que debe ser un miembro de la Knéset que goce de su confianza.
• Que el Gobierno ejerce el poder ejecutivo en nombre del Estado y bajo la dirección del primer ministro.

Estas leyes delimitan tanto las competencias propias como su relación con la Knéset, con el presidente del Estado y con el resto del Gabinete.

Formación y composición del Gobierno

Tras las elecciones, el presidente del Estado encarga normalmente al líder del partido o bloque mayoritario intentar formar Gobierno. En ese marco, las competencias del primer ministro incluyen:

• Negociar coaliciones y acuerdos de gobierno con otros partidos para alcanzar una mayoría parlamentaria.
• Presentar a la Knéset la lista de ministros propuesta, incluyendo sus carteras y, en su caso, viceprimer ministro o ministros sin cartera.
• Distribuir y reorganizar carteras durante la legislatura, proponiendo cambios que deben ser formalmente aprobados pero que dependen políticamente de su liderazgo.

Una característica clave del sistema israelí es que la dimisión, incapacidad o fallecimiento del primer ministro suele implicar la caída de todo el Gobierno, lo que subraya su centralidad institucional.

Dirección política y coordinación del Ejecutivo

La Ley Fundamental: El Gobierno establece que el primer ministro dirige la política general y el funcionamiento del Ejecutivo. De esto se derivan varias competencias esenciales:

• Fijar las prioridades del programa de Gobierno y la agenda del Consejo de Ministros.
• Coordinar la acción gubernamental, resolviendo conflictos de competencias entre ministerios.
• Supervisar la ejecución de las decisiones del Gobierno y, en su caso, reasignar responsabilidades.
• Representar al Gobierno ante la Knéset, presentando líneas programáticas, defendiendo proyectos de ley y respondiendo a interpelaciones.

En la práctica, el primer ministro suele presidir comités ministeriales clave (por ejemplo, asuntos de seguridad nacional o legislativos), lo que refuerza su capacidad para orientar las decisiones estratégicas.

Relación con la Knéset y estabilidad política

En un sistema parlamentario, la relación con la Knéset es central. Entre las competencias legales del primer ministro destacan:

• Responsabilidad política ante la Knéset: el Gobierno en su conjunto está sujeto a mociones de censura constructiva y a la retirada de confianza parlamentaria.
• Iniciativa para la disolución de la Knéset: el primer ministro puede proponer la disolución anticipada, que, si se aprueba, conduce a elecciones.
• Impulso legislativo: canaliza los proyectos de ley del Gobierno, especialmente en presupuestos y reformas estructurales.

La legislación prevé también supuestos de sustitución (primer ministro interino) y mecanismos para el caso de incapacidad temporal o permanente, de forma que se garantice la continuidad del Ejecutivo.

Poderes en materia de seguridad y emergencia

En un contexto de seguridad complejo como el de Israel, el primer ministro tiene un papel singular en defensa y política exterior. Las Leyes Fundamentales y la normativa de seguridad prevén que:

• El primer ministro presida el gabinete de seguridad, órgano reducido que concentra las decisiones clave en defensa y operaciones militares.
• Pueda, junto con el Gobierno, declarar estados de emergencia y aprobar reglamentos de emergencia, siempre sometidos al control posterior de la Knéset.
• Tenga una influencia determinante en el nombramiento de altos cargos de seguridad y diplomacia (jefes militares, servicios de inteligencia, etc.), aunque formalmente participen otros órganos.

Aunque formalmente muchas decisiones corresponden al Gobierno en pleno, la posición del primer ministro como coordinador y principal interlocutor internacional le otorga un peso político decisivo.

Nombramiento y cese de ministros

Otra competencia nuclear es la capacidad de configuración del Gabinete:

• Proponer el nombramiento de ministros al presidente del Estado, con la aprobación final de la Knéset.
• Solicitar el cese de ministros, motivado por razones políticas, de gestión o de confianza.
• Reasignar funciones y carteras mediante decisiones de Gobierno impulsadas desde la oficina del primer ministro.

Esta facultad de nombrar y cesar refuerza la disciplina interna dentro de la coalición y permite al primer ministro ajustar el Gobierno a la evolución de la situación política y social.

Conclusión

En síntesis, según la legislación israelí, el primer ministro concentra la dirección del Ejecutivo, la iniciativa en la formación y remodelación del Gobierno, una fuerte capacidad de coordinación política, un papel central en seguridad y emergencia, y resortes claves en la relación con la Knéset. Aunque muchas decisiones se adoptan colegiadamente por el Gobierno, el entramado de Leyes Fundamentales está diseñado para situar al primer ministro en el vértice del poder ejecutivo dentro de un sistema de responsabilidad parlamentaria.

Para que Estados Unidos pueda autorizar la transferencia de tecnología militar de alto nivel, como misiles o interceptores Patriot, deben concurrir varios elementos: una decisión política y técnica del Ejecutivo, un procedimiento formal de notificación y control por parte del Congreso y un régimen de control de uso y reexportación que mantiene a Washington con la última palabra sobre cómo y dónde se emplea ese armamento. En operaciones recientes, como la venta de 730 misiles Patriot PAC‑3 MSE a Arabia Saudí, el Departamento de Estado ha aprobado la operación y la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) la ha notificado al Congreso, que debe autorizarla, según explica el periódico Demócrata en esta pieza. Además, regulaciones como las denominadas ITAR dan a Estados Unidos capacidad legal para condicionar el uso y la transferencia posterior de esas armas a terceros países, como recordaba el comisario europeo de Defensa en un acto recogido por Nueva Economía Fórum. Conviene tener en cuenta que mi especialidad es la política y la regulación en España y la UE; sobre el derecho interno estadounidense solo puedo ofrecer una síntesis general basada en lo que reflejan estas fuentes.

1. Decisión del Ejecutivo y papel del Departamento de Estado

Las grandes exportaciones de armamento estadounidense se estructuran habitualmente como “ventas militares al extranjero” gestionadas por el Gobierno de EE UU. En el caso de los Patriot, el artículo de Demócrata sobre Arabia Saudí señala que “el Departamento de Estado ha tomado la decisión de aprobar una posible venta militar” y que esa decisión se formaliza a través de la DSCA, que publica el alcance de la operación y su valor estimado, en este caso 9.000 millones de dólares por 730 misiles Patriot PAC‑3 MSE y equipos asociados (enlace).

Ese paso implica, de facto, que el Ejecutivo ha evaluado que la transferencia es compatible con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y con su política exterior. Operaciones similares que afectan a Taiwán o Israel se vehiculan con el mismo esquema: anuncio por la DSCA, identificación del material (sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles, etc.) y justificación en términos de equilibrio regional y defensa de aliados, como recoge Demócrata en esta crónica sobre Taiwán y en esta otra sobre Israel.

2. Notificación y control del Congreso

Las fuentes de Demócrata subrayan que, una vez adoptada la decisión por el Departamento de Estado, la DSCA “notifica su decisión al Congreso de los EE UU, que deberá autorizar la operación” en el caso de Arabia Saudí (Patriot a Arabia Saudí). Ese control parlamentario encaja con el marco más amplio de gobernanza de la política de defensa norteamericana: la Cámara y el Senado fijan anualmente las grandes líneas a través de la National Defense Authorization Act (NDAA), que “determina la política de Defensa de Estados Unidos”, como explica otra pieza del periódico sobre la apertura de archivos de ovnis (artículo sobre la NDAA).

En la práctica, esto significa que la exportación de sistemas tan sensibles como los Patriot no es un mero acto discrecional del Ejecutivo: requiere superar un periodo de revisión en el que el Congreso puede objetar y bloquear o condicionar la operación. Esa doble llave política (Ejecutivo–Legislativo) es especialmente relevante cuando los destinatarios son países implicados en conflictos regionales o con situaciones cuestionadas en materia de derechos humanos.

3. Régimen de control del uso y de la tecnología (ITAR)

Más allá de autorizar la venta, la legislación estadounidense mantiene un control muy estrecho sobre dónde y cómo se pueden usar los sistemas exportados. El comisario europeo de Defensa, citado por Nueva Economía Fórum, recordaba que, según la normativa estadounidense conocida como ITAR (International Traffic in Arms Regulations), Estados Unidos “mantiene el poder legal para decidir dónde se pueden usar o no esas armas”intervención del comisario).