La Cámara de Representantes ha incorporado al NDAA de 2027 una versión reforzada de la UAP Disclosure Act, el proyecto bipartidista de Schumer y Rounds que quedó recortado en 2023. El texto crea una junta independiente con poder de citación, contempla reclamar posibles materiales en manos privadas y obliga a justificar el secreto, pero no confirma vida extraterrestre, no abre todos los documentos de inmediato y todavía puede desaparecer durante su negociación con el Senado.
El último episodio del Expediente X legislativo de Estados Unidos no comienza con una luz imposible atravesando el cielo ni con un piloto militar persiguiendo un objeto desconocido. Empieza de una forma mucho menos cinematográfica, aunque quizá más trascendente: con 62 páginas de lenguaje jurídico, una votación oral sin registro nominal y una macroley de Defensa de más de mil disposiciones.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles por 216 votos contra 212 su versión de la National Defense Authorization Act para el año fiscal 2027, conocida por sus siglas NDAA. Dentro del gigantesco proyecto quedó incorporada una versión reforzada de la Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, destinada a localizar, preservar, revisar y eventualmente publicar los documentos del Gobierno relacionados con los llamados fenómenos anómalos no identificados.
La medida recupera buena parte del ambicioso proyecto que el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mike Rounds presentaron en 2023, inspirado en el sistema creado para desclasificar los expedientes sobre el asesinato de John F. Kennedy. Aquella propuesta acabó mutilada durante la negociación entre las dos cámaras del Congreso. Tres años después, un republicano de la Cámara, Eric Burlison, intenta devolverle los elementos que entonces fueron eliminados.
La historia contiene todos los ingredientes de un Expediente X político: agencias que conservan documentos durante décadas, acusaciones de programas fuera del control parlamentario, contratistas privados, materiales de origen desconocido, denunciantes, archivos clasificados y un nuevo organismo con acceso a los compartimentos más restringidos del sistema de seguridad nacional.
Pero conviene empezar por lo que esta votación no significa. El Congreso no ha reconocido la existencia de extraterrestres. Estados Unidos no ha anunciado que posea naves recuperadas. Tampoco se ha ordenado una publicación inmediata de todos los documentos secretos. Y la UAP Disclosure Act aún no es ley.
Qué se aprobó realmente el 22 de julio
La Cámara aprobó H.R. 8800, su proyecto de NDAA para el ejercicio fiscal 2027. Antes de la votación final, incorporó la propuesta de Burlison como la enmienda número 315, identificada por el Comité de Reglas como Rules #1044 Revised.
La enmienda no se sometió a una votación nominal propia. Fue introducida en el quinto paquete de modificaciones —En Bloc 5— y aprobada mediante voice vote, una votación oral en la que los congresistas responden a favor o en contra, pero sus posiciones individuales no quedan registradas. El registro del Comité de Servicios Armados confirma que el paquete fue aceptado por voz antes de la aprobación definitiva del NDAA.
Por eso no es posible saber cuántos republicanos y cuántos demócratas respaldaron específicamente la UAP Disclosure Act. Tampoco sería correcto afirmar que 216 congresistas votaron a favor de revelar los secretos sobre los ovnis: el resultado de 216-212 corresponde a la totalidad de la ley de Defensa, no a la enmienda de Burlison.
La votación final del NDAA reunió el apoyo de 209 republicanos, seis demócratas y el único miembro independiente de la Cámara. Votaron en contra siete republicanos y 205 demócratas; otros tres representantes no participaron. Sus votos respondían al conjunto de la política de Defensa estadounidense —presupuesto autorizado, armamento, personal militar, operaciones y centenares de asuntos adicionales—, no necesariamente al capítulo sobre UAP.
La enmienda no se introdujo hoy después de aprobarse el NDAA
La circulación este jueves del articulado ha generado otra confusión: que la Cámara habría aprobado primero el NDAA y añadido después la enmienda sobre UAP. No ocurrió así.
El documento oficial de Burlison está fechado el 20 de julio de 2026 y ya aparece identificado como la versión revisada de la enmienda 1044. Ese texto comienza directamente con la sección 1741 y ya denomina sección 1743 al apartado dedicado a los motivos que permiten aplazar la divulgación de documentos. La numeración, por tanto, no fue añadida este jueves mediante una modificación posterior.
La secuencia correcta es la siguiente: la propuesta fue preparada y revisada antes del pleno; el 22 de julio quedó incorporada al NDAA mediante la aprobación oral del paquete En Bloc 5; y después, a las 16.37 horas de Washington, la Cámara aprobó el proyecto completo por 216-212. Lo que ha ocurrido el día 23 es que el texto y sus implicaciones han comenzado a difundirse ampliamente, no que se haya introducido una nueva enmienda después de la votación.
Qué es la NDAA y por qué todo acaba dentro de ella
NDAA significa National Defense Authorization Act. Es la gran ley anual mediante la que el Congreso determina la política de Defensa de Estados Unidos para el siguiente ejercicio fiscal.
Autoriza programas y niveles de gasto para el Departamento de Defensa, las actividades nucleares de seguridad nacional gestionadas por el Departamento de Energía, la estructura de las Fuerzas Armadas, el personal militar, las adquisiciones y numerosos asuntos relacionados con la inteligencia y la seguridad nacional.
Hay una diferencia técnica importante: la NDAA autoriza programas y cantidades, pero no proporciona por sí sola todo el dinero necesario para ejecutarlos. La facultad efectiva de gastar procede de las posteriores leyes de asignaciones presupuestarias. Dicho de otra manera, la NDAA decide qué puede hacerse, bajo qué reglas y hasta qué niveles; las appropriations bills ponen después el dinero disponible.
La NDAA lleva aprobándose anualmente desde hace décadas y se considera una de las leyes de tramitación prácticamente obligada en Washington. Esa condición la convierte en un vehículo legislativo extraordinariamente valioso: congresistas y senadores tratan de colocar dentro de ella medidas que, presentadas como proyectos independientes, podrían quedar bloqueadas o no llegar nunca al pleno.
Pero cada cámara elabora su propio texto. Primero, la Cámara de Representantes aprueba su versión. El Senado prepara otra. Después deben negociar un documento común, aprobar exactamente el mismo articulado y enviarlo al presidente para su firma o veto.
La votación de este miércoles solo fija la posición inicial de la Cámara. La disposición sobre los UAP puede conservarse, ser modificada, rebajarse de nuevo o desaparecer en la negociación final.
El primer gran paso: el Congreso obliga al Pentágono a investigar
El primer gran escalón de esta etapa legislativa moderna llegó con la NDAA del ejercicio fiscal 2022, promulgada en diciembre de 2021.
Su sección 1683 ordenó al secretario de Defensa, en coordinación con el director de Inteligencia Nacional, crear una oficina dedicada a los fenómenos aéreos no identificados. Debía normalizar la recopilación de casos, establecer un repositorio centralizado, investigar incidentes, realizar análisis científicos y tecnológicos, estudiar posibles vínculos con gobiernos extranjeros y evaluar las amenazas para Estados Unidos. También debía informar periódicamente al Congreso.
Ese mandato desembocó en julio de 2022 en la creación de AARO, la All-domain Anomaly Resolution Office. El Pentágono le encargó coordinar los esfuerzos federales para detectar, identificar y atribuir objetos anómalos observados cerca de instalaciones, zonas de entrenamiento, espacios militares y otras áreas de interés. Su ámbito comprende objetos espaciales, aéreos, sumergidos y transmedio.
AARO representaba la fase investigadora: recibir avistamientos, examinar sensores, buscar explicaciones y evaluar amenazas.
Lo que no establecía era un organismo exterior e independiente encargado de revisar décadas de archivos clasificados y corregir las decisiones de las agencias que los habían mantenido en secreto.
Schumer y Rounds convierten los ovnis en un problema de transparencia
El salto cualitativo llegó en julio de 2023.
Chuck Schumer, entonces líder de la mayoría demócrata en el Senado, y el republicano Mike Rounds presentaron la Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act. En la iniciativa participaron también senadores de ambos partidos, entre ellos Marco Rubio, Kirsten Gillibrand, Todd Young y Martin Heinrich.
No era una resolución simbólica ni una declaración redactada desde los márgenes de la política. La promovían dirigentes del Senado y miembros con responsabilidades en Defensa e Inteligencia.
Su modelo era la President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act de 1992. Aquella ley había creado un sistema especial para reunir, revisar y publicar los documentos gubernamentales relacionados con el asesinato de Kennedy. Schumer y Rounds proponían aplicar una arquitectura semejante a los registros sobre UAP.
El razonamiento era sencillo: si las agencias que clasificaron los documentos conservaban también la última palabra sobre su publicación, el Gobierno se convertía simultáneamente en autor, custodio y juez de su propio secreto.
La propuesta original trataba de romper ese círculo mediante cuatro grandes instrumentos.
Una colección centralizada en los Archivos Nacionales
El primer elemento era la creación de una colección específica en la National Archives and Records Administration.
Las agencias debían identificar sus registros relacionados con UAP, organizarlos y enviarlos a los Archivos Nacionales. El objetivo era evitar que el conocimiento permaneciera fragmentado entre el Pentágono, la CIA, el FBI, el Departamento de Energía, otras oficinas federales y empresas contratistas.
La colección no estaría formada únicamente por documentos ya públicos. También incluiría registros clasificados, aplazados o pendientes de revisión, debidamente protegidos hasta que pudieran divulgarse.
Una presunción favorable a la publicación
La propuesta adoptaba como principio la presunción de divulgación.
Eso no significaba publicar de manera automática todos los documentos. Significaba invertir la carga política y jurídica: mantener un expediente oculto debía justificarse mediante un riesgo concreto, y no simplemente por la costumbre institucional de clasificarlo.
La transparencia se convertía en el punto de partida. El secreto pasaba a ser la excepción.
Una junta independiente con acceso real
El tercer elemento era el más importante: una junta independiente designada por el presidente y confirmada por el Senado.
Sus miembros podrían revisar documentos, recibir testimonios, exigir información, celebrar audiencias y recomendar al presidente qué materiales debían publicarse y cuáles podían continuar protegidos.
La idea era retirar a las agencias el monopolio sobre el proceso de desclasificación. La junta funcionaría como árbitro externo, con especialistas capaces de acceder al material clasificado y evaluar si los argumentos para mantenerlo oculto eran suficientes.
El dominio eminente sobre posibles materiales privados
El cuarto elemento era el más extraordinario.
La propuesta permitía al Gobierno federal ejercer su poder de eminent domain —una figura equiparable, en términos generales, a la expropiación— sobre eventuales tecnologías recuperadas de origen desconocido o evidencias biológicas de inteligencia no humana controladas por particulares o empresas.
La disposición respondía a una hipótesis recurrente en las denuncias presentadas ante el Congreso: que determinados materiales pudieran haber sido transferidos a contratistas privados del sector aeroespacial, quedando fuera de la supervisión parlamentaria ordinaria.
El texto no afirmaba que esos materiales existieran. Creaba el mecanismo para localizarlos y ponerlos bajo control federal en el supuesto de que existieran.
Esa diferencia verbal es esencial. Una previsión jurídica sobre cómo actuar ante una eventualidad no constituye una prueba de que esa eventualidad se haya producido.
Cómo quedó descafeinada la ley en 2023
El Senado incorporó la propuesta Schumer-Rounds a su versión del NDAA. Pero durante la negociación con la Cámara de Representantes desaparecieron sus dos elementos más poderosos: la junta independiente y el dominio eminente sobre posibles materiales en poder de empresas.
Lo que sobrevivió sí fue relevante. La NDAA promulgada en diciembre de 2023 ordenó crear una colección UAP en los Archivos Nacionales, obligó a las agencias a identificar y organizar sus registros y prohibió destruir, alterar o volver a clasificar determinados documentos que ya hubieran sido publicados.
También estableció un plazo general de 25 años desde la creación de cada documento para su publicación íntegra, salvo que el presidente certificase un daño identificable para la defensa, la inteligencia, las investigaciones policiales o las relaciones exteriores suficientemente grave como para imponerse al interés público.
Pero el proceso de revisión continuaba esencialmente en manos de los responsables originales de la clasificación. No había una junta ciudadana independiente con acceso transversal, personal propio y capacidad coercitiva.
Schumer y Rounds criticaron públicamente el resultado. Rounds señaló como principales carencias la eliminación de la junta y del mecanismo para obtener eventuales materiales entregados a entidades privadas. Schumer denunció que la desclasificación seguiría dependiendo, en gran medida, de las mismas instituciones acusadas de bloquearla.
Por eso es inexacto decir que la primera UAP Disclosure Act fracasó por completo. Una parte se convirtió en ley y continúa siendo la base del sistema actual. Lo que no sobrevivió fue su arquitectura fuerte e independiente.
Burlison recupera el proyecto tres años después
Eric Burlison, representante republicano por Misuri, ha recuperado ahora buena parte del diseño original.
Su enmienda no se limita a añadir obligaciones aisladas. Deroga expresamente el capítulo aprobado en la NDAA de 2024 y lo sustituye por un sistema nuevo, aunque conserva los documentos, trabajos, plazos y materiales ya incorporados al proceso anterior para evitar que la transición obligue a comenzar desde cero.
El texto crea una colección permanente que abarcaría registros gubernamentales, proporcionados por el Gobierno o financiados con recursos federales relativos a UAP, tecnologías de origen desconocido e inteligencia no humana. También incluye a personas y empresas privadas que hayan trabajado mediante contratos u otros acuerdos con el Gobierno federal.
Además, prohíbe destruir, alterar o mutilar los documentos UAP y establece que los registros ya divulgados públicamente no podrán volver a ocultarse, censurarse o reclasificarse.
Una junta independiente de nueve ciudadanos
La principal novedad respecto al sistema que quedó vigente en 2023 es la creación de la Unidentified Anomalous Phenomena Records Review Board como agencia independiente y temporal.
Estaría integrada por nueve ciudadanos estadounidenses nombrados por el presidente con el consentimiento del Senado, sin atender a su afiliación política. Los candidatos deberían tener prestigio profesional y capacidad para actuar de forma imparcial. Entre sus miembros habría al menos un experto actual o anterior en seguridad nacional, un diplomático, un científico o ingeniero, un economista, un historiador profesional y un sociólogo.
Los integrantes no podrían haber participado previamente en los llamados legacy programs: programas o estructuras vinculados, según la definición legal del proyecto, a la recopilación, explotación o ingeniería inversa de tecnologías de origen desconocido o al examen de supuestas evidencias biológicas no humanas.
El texto no demuestra que esos programas existan. Define el universo de posibles conflictos de interés y excluye de la junta a quienes pudieran haber formado parte de ellos.
Acceso a programas especialmente clasificados
La junta y su personal recibirían de manera acelerada las autorizaciones de seguridad necesarias, incluidas las correspondientes a relevant special access programs y programas compartimentados.
Los Special Access Programs son compartimentos con restricciones de acceso adicionales sobre la información clasificada ordinaria. No basta con poseer una habilitación general de alto nivel: también es necesario estar específicamente autorizado y tener necesidad de conocer el programa.
La inclusión de estos accesos es políticamente importante. Una junta independiente sería poco útil si pudiera revisar expedientes ordinarios, pero quedara excluida de los compartimentos donde hipotéticamente se encontraría la información más sensible.
Poder para citar testigos, reclamar documentos y escuchar a denunciantes
La junta podría ordenar a las oficinas gubernamentales que entregaran documentos adicionales, investigar las circunstancias que rodean determinados registros y exigir explicaciones por escrito cuando archivos relacionados con UAP hubieran sido destruidos.
También podría celebrar audiencias, administrar juramentos y citar testigos y documentos. Para obligar a particulares a proporcionar declaraciones o información, estaría facultada para solicitar al fiscal general que emitiera las correspondientes citaciones.
El organismo tendría acceso a testimonios de testigos, observadores próximos, empleados de presuntos programas históricos y denunciantes que ya estuvieran en poder del Gobierno. Además, podría solicitar nuevos testimonios y aplicar las protecciones previstas para determinados whistleblowers del ámbito de la inteligencia y la Defensa.
La junta contaría con una autorización de 20 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2027 y tendría carácter temporal: salvo una futura ampliación legislativa, finalizaría sus trabajos el 30 de septiembre de 2030. Después transferiría todos sus registros a los Archivos Nacionales, sin posibilidad de destruirlos.
El artículo más polémico: materiales en manos privadas
La sección 1747 recupera una de las piezas eliminadas en 2023.
Ordena al Gobierno federal ejercer el dominio eminente sobre cualquier tecnología recuperada de origen desconocido y sobre evidencias biológicas de inteligencia no humana que pudieran estar controladas por personas o entidades privadas.
Es el pasaje más llamativo y el que exige mayor cautela.
El propio texto incorpora inmediatamente la expresión “should it exist”, “en caso de que exista”. La ley proyectada no declara que el Gobierno haya encontrado tecnología no humana ni que una empresa la conserve. Establece qué debería ocurrir si esos materiales aparecieran: quedarían bajo control federal y deberían ponerse a disposición de la junta para su examen.
La redacción define “tecnologías de origen desconocido” de manera muy amplia. Incluye materiales, metamateriales, restos de accidentes, mecanismos, maquinaria, equipos, modelos de ingeniería, vehículos aeroespaciales y naves de superficie o submarinas asociados con UAP o que incorporen ciencia y tecnología sin atribución convencional ni medios conocidos de fabricación humana.
La definición de “inteligencia no humana” también es extraordinariamente explícita: se refiere a cualquier forma de vida inteligente y consciente no humana, con independencia de su naturaleza u origen final, que pudiera presumirse responsable de UAP o de la que el Gobierno federal hubiera tenido conocimiento.
De nuevo, una definición legal no equivale a una constatación científica. Las leyes definen conceptos hipotéticos para determinar su ámbito de aplicación. Que un contrato regule qué sucedería ante un naufragio no demuestra que el barco se haya hundido.
Qué dice exactamente la sección 1743
La sección 1743 regula los motivos por los que la publicación de un expediente UAP puede aplazarse.
El principio general no es una desclasificación absoluta. El texto permite mantener oculto un documento cuando existan pruebas “claras y convincentes” de que su publicación causaría un daño suficientemente grave como para superar el interés público en conocerlo.
Las autoridades podrían aplazar información cuya divulgación:
- revele la identidad de un agente de inteligencia que siga necesitando protección;
- exponga una fuente o un método de inteligencia todavía utilizado o razonablemente susceptible de utilizarse;
- perjudique de forma demostrable y sustancial la defensa, las operaciones de inteligencia o las relaciones exteriores de Estados Unidos;
- revele la identidad de una persona viva que hubiera proporcionado información confidencial y pudiera sufrir un daño relevante;
- suponga una invasión injustificada y sustancial de la privacidad personal;
- o rompa un compromiso de confidencialidad todavía protegido entre un agente federal y un colaborador o Gobierno extranjero.
Por tanto, la futura junta no podría publicar indiscriminadamente nombres de agentes, fuentes operativas, tecnologías de vigilancia, información diplomática sensible o datos personales de testigos.
La norma intenta construir un equilibrio: presume que los documentos deben abrirse, pero conserva excepciones cuando el daño de la divulgación pueda probarse de manera concreta.
La sección 1743 no es completamente nueva
Hay un matiz decisivo que se pierde al leer únicamente las capturas.
La ley reducida aprobada en 2023 ya contiene una sección muy parecida: la 1843. También utiliza el estándar de prueba clara y convincente y reconoce excepciones por defensa, inteligencia, relaciones exteriores, privacidad y protección de fuentes.
La gran diferencia no está tanto en la lista de excepciones como en quién controla el proceso.
En el sistema actual, la autoridad original de clasificación y las propias agencias desempeñan el papel central al decidir si un documento puede aplazarse. En el proyecto de Burlison, esas mismas reglas quedarían integradas en un modelo supervisado por una junta independiente con acceso clasificado, personal propio, capacidad de citación y facultades para exigir documentación.
Ese es el verdadero cambio institucional: no eliminar todas las razones para conservar un secreto, sino impedir que las agencias sean las únicas encargadas de valorar sus propias decisiones.
El límite general de 25 años
La enmienda establece que cada registro deberá divulgarse íntegramente, como regla general, antes de que hayan transcurrido 25 años desde su primera creación.
El aplazamiento más allá de ese límite requeriría una certificación presidencial que identificara un daño para la defensa, las operaciones de inteligencia, las investigaciones policiales o las relaciones exteriores y concluyera que ese perjuicio es suficientemente grave como para imponerse al interés público.
Los expedientes aplazados deberían revisarse periódicamente. La continuidad del secreto tendría que acompañarse de una explicación pública no clasificada y publicarse en el Federal Register, dentro de los límites permitidos por la seguridad nacional.
La junta también elaboraría un Controlled Disclosure Campaign Plan, una hoja de ruta para programar futuras publicaciones, sustituciones, resúmenes y revisiones de aquellos documentos o materiales que no pudieran divulgarse inmediatamente.
El verdadero Expediente X está en los archivos
Durante décadas, el debate sobre los ovnis se ha concentrado en lo que aparece en el cielo. La UAP Disclosure Act desplaza la pregunta hacia un terreno menos espectacular y quizá más importante: qué documentos existen, quién puede examinarlos y quién tiene autoridad para mantenerlos ocultos.
La Cámara no ha respondido si existe inteligencia no humana. Ha planteado otra cuestión: si el Gobierno puede seguir investigándose a sí mismo y conservar en exclusiva la llave de sus archivos.
La diferencia es enorme. La noticia rigurosa no es que 216 congresistas hayan votado para revelar extraterrestres. Es que la Cámara ha aprobado su ley anual de Defensa con un mecanismo destinado a retirar a las agencias el monopolio sobre el secreto UAP.
Y ese mecanismo, como ocurrió en 2023, todavía deberá sobrevivir al lugar donde suelen desaparecer las disposiciones más incómodas de Washington: la negociación final entre la Cámara y el Senado.