Un tribunal de Estados Unidos ha sentenciado a un ciudadano identificado como Lu Jianwang por gestionar una “comisaría ilegal” ligada al Gobierno de China en la ciudad de Nueva York, en el contexto de una operación destinada a localizar y controlar a supuestos disidentes chinos que residen en territorio estadounidense.
El acusado, conocido también como Harry y de 64 años, se arriesga a una condena de hasta 30 años de cárcel después de que el jurado le considerara culpable de actuar como “agente ilegal del Gobierno chino” y de haber “creado y gestionado una comisaría de Policía” en el barrio neoyorquino de Chinatown, en Manhattan, según detalla el Departamentok de Justicia en un comunicado oficial.
Lu fue arrestado junto a otro ciudadano de origen chino, Chen Jinping, en abril de 2023. Ambos fueron imputados por administrar dicha comisaría en representación del Ministerio de Seguridad Pública de China, que habría supervisado sus actividades desde el extranjero.
No se trata de un fenómeno aislado en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Canadá y varios países europeos han identificado instalaciones de características similares, cuya existencia salió a la luz por primera vez gracias a la organización de defensa de los Derechos Humanos Safeguard Defenders, con sede en España.
Según esta entidad, este tipo de “comisarías” suelen operar de manera discreta y se emplean para presionar a ciudadanos chinos residentes fuera del país con el objetivo de que regresen a China y se sometan a procesos judiciales en su contra.
Las autoridades chinas han reconocido en ocasiones la presencia de estos servicios en el exterior, aunque han rechazado de forma reiterada que se trate de “actividad policial”, como sostienen varias organizaciones que acusan a Pekín de perseguir a la disidencia. En este sentido, el Gobierno chino afirma que mantiene una red de oficinas de servicio en otros países, pero niega la existencia de “comisarías policiales clandestinas”.
Distintos grupos de Derechos Humanos calculan que podrían operar alrededor de un centenar de estas comisarías en al menos 50 Estados. El Ministerio de Exteriores chino insiste, sin embargo, en que su finalidad es “prestar ayuda a ciudadanos chinos” en el extranjero y sostiene que su actividad “no viola la ley porque no se desempeñan actividades delictivas” en estos centros.