La Justicia de Estados Unidos ha dictaminado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solo podrán llevar a cabo detenciones en los tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York bajo condiciones muy estrictas, tras una demanda presentada por organizaciones civiles en el contexto de la campaña de arrestos masivos de migrantes impulsada por la Administración Trump.
El juez federal Peter Kevin Castel, del distrito sur de Nueva York, ha resuelto en su auto que los funcionarios del ICE deberán respetar la normativa de 2021 aprobada durante el mandato del expresidente Joe Biden, la cual establece fuertes límites a la posibilidad de practicar arrestos en juzgados especializados en inmigración.
La resolución judicial —que aún no es firme, al enmarcarse en una causa más amplia— bloquea de forma temporal que los agentes del ICE lleven a cabo detenciones generalizadas en al menos tres tribunales de Manhattan, salvo en los supuestos en que exista una orden judicial y se acrediten graves riesgos para la seguridad pública.
El pronunciamiento llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobara en enero de 2025 una directriz que dejaba sin efecto la regulación de 2021 para el ICE con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Diversas ONG, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), interpusieron una demanda contra estas políticas "draconianas" de detención tras las denuncias de varias personas que aseguraban haber sido arrestadas durante comparecencias rutinarias ante cortes de inmigración.
Las organizaciones reclamaron entonces una medida cautelar mediante una suspensión, que el tribunal rechazó parcialmente en septiembre de 2025. Posteriormente, los abogados del Departamento de Justicia admitieron que el memorando emitido en enero de 2025 —que anulaba la normativa del ICE de 2021— no autorizaba las detenciones en esos tribunales, lo que llevó a ACLU y al resto de ONG a recurrir de nuevo ante la Justicia.
"Durante casi un año, hemos visto cómo agentes enmascarados del ICE emboscaban a personas no ciudadanas en los pasillos de los juzgados, tiraban al suelo a inmigrantes neoyorquinos y separaban a los niños de sus padres", ha afirmado la directora de litigios sobre derechos de los migrantes de ACLU, Amy Belsher, en un comunicado.
Por su parte, el codirector legal de Make the Road New York, Harold Solis, ha celebrado el fallo, recordando que a sus clientes "se les denegó la medida cautelar, basándose en información" que posteriormente el propio Gobierno "reconoció como falsa".
"Los juzgados de inmigración se habían convertido en lugares de miedo en lugar de un espacio para el debido proceso. Casi a diario, padres eran separados de sus hijos, estudiantes eran detenidos y seres queridos desaparecían en centros de detención inhumanos como resultado de estos arrestos en los juzgados de inmigración", ha argüido.