Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado a la Administración de Donald Trump que remita un memorando del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que sustenta jurídicamente los polémicos ataques aéreos del Pentágono contra embarcaciones en el mar Caribe y en las aguas orientales del océano Pacífico. Estas operaciones, iniciadas en septiembre de 2025, han sido denunciadas como ejecuciones extrajudiciales por representantes de la ONU, diversas ONG y varios gobiernos, y se han saldado hasta la fecha con más de 230 fallecidos.
El magistrado del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, ha tumbado dos de los tres motivos esgrimidos por la Casa Blanca para mantener en secreto el documento y ha ordenado al Ejecutivo que lo entregue al tribunal para un examen confidencial en un plazo máximo de dos semanas, de acuerdo con la resolución judicial consultada por Europa Press.
Engelmayer ha rechazado específicamente los argumentos basados en el privilegio del proceso deliberativo y en el privilegio abogado-cliente. No obstante, ha optado por no decidir aún si el privilegio de comunicaciones presidenciales —que, a diferencia de los anteriores, tiene fundamento constitucional— podría amparar que el memorando siga sin hacerse público.
El auto responde a la demanda interpuesta en 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), su sección en Nueva York y el Centro de Derechos Constitucionales. Estas organizaciones reclaman la divulgación del citado informe, un memorando de más de 40 páginas de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia que detalla los criterios legales utilizados para justificar dichas operaciones, según ha publicado el diario “The New York Times”.
A raíz del pronunciamiento de Engelmayer, la Administración Trump deberá “poner el memorando de la OLC a disposición del Tribunal para su revisión a puerta cerrada”.
La campaña de bombardeos en el Caribe y en el Pacífico oriental, que la Administración Trump presenta como una herramienta legítima en la lucha contra el narcotráfico, ha sido calificada como una extensa serie de ejecuciones extrajudiciales por distintas autoridades. Entre ellas figuran el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Ben Saul, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y gobiernos como los de Cuba y Venezuela bajo Nicolás Maduro.