La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comunicado una subida del Ingreso Mínimo Integral, que agrupa salario y bonificaciones, hasta los 240 dólares. El anuncio ha sido cuestionado de inmediato por la oposición que encabeza Edmundo González, al considerar que la medida no supone una solución real para quienes la reciben.
Frente a estas críticas, Rodríguez ha subrayado que se trata del “aumento más importante en los últimos años”, concretamente desde 2018, y ha asegurado que la iniciativa dispone de fuentes de financiación propias con el fin de evitar “impactos inflacionarios”.
El nuevo paquete “de justicia social” presentado por Rodríguez incluye igualmente un incremento del 40%, hasta situarse en “un equivalente a 70 dólares” como “un avance necesario para los sectores más vulnerables”, si bien “el Ejecutivo mantiene el compromiso de seguir escalando estas cifras en función de la recuperación de las rentas del país”.
Además, Rodríguez ha detallado la puesta en marcha de un Bono de Reconocimiento Profesional con carácter retroactivo al 30 de abril. Esta ayuda se dirigirá en una primera fase a “sectores estratégicos” con el objetivo de “dignificar la labor técnica y profesional, estableciendo escalas salariales que se expandirán progresivamente a otras áreas de la administración pública”.
Por su parte, González reprocha que “cambiar los nombres no cambia la realidad” y denuncia que el Gobierno venezolano dispone de recursos suficientes “para sostener estructuras de control y para la persecución sindical”.
El dirigente opositor sostiene que el incremento anunciado por Rodríguez resulta claramente insuficiente, ya que, según sus cálculos, apenas cubre una tercera parte de la canasta alimentaria de quienes “sostienen al país”, sumido en “una brecha estructural entre ingresos y condiciones de vida” que, afirma, no puede corregirse “solo cambiando nombres”.