El Ejecutivo de Venezuela ha comunicado que estará presente en las “audiencias del proceso incoado”, previstas a partir del 4 de mayo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en relación con el conflicto territorial que mantiene con Guyana. Esta decisión se adopta pese a que Caracas no reconoce la autoridad de dicho tribunal y sostiene que el procedimiento impulsado por Guyana vulnera el Acuerdo de Ginebra.
“La República Bolivariana de Venezuela informa sobre su participación, a partir de este 4 de mayo de 2026, en las audiencias del proceso incoado unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte internacional de Justicia, en claro desconocimiento y trasgresión del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional”, ha destacado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en un comunicado publicado en redes sociales.
En la nota oficial, el Gobierno vuelve a dejar clara su postura de no reconocer la competencia de la CIJ en la controversia relativa a la zona que denomina Guayana Esequiba y alude al resultado del referéndum consultivo celebrado en el país el 3 de diciembre de 2023.
“Fiel a su posición histórica y al mandato popular expresado en el referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023, Venezuela ratifica que no reconoce la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto. Por tanto, su asistencia a estas audienciasno implica, en modo alguno, su consentimiento ni el reconocimiento a dicha jurisdicción”, resalta el comunicado.
El texto insiste además en que “Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”.
“La única solución posible para la controversia territorial, en el marco del Derecho Internacional, se encuentra en el Acuerdo de Ginebra”, subraya el comunicado, que destaca que Venezuela “no renunciará jamás al territorio que desde su nacimiento le pertenece”.
La franja reclamada por Caracas permanece bajo administración de Guyana en virtud de un laudo arbitral de 1899. Las autoridades de Georgetown sostienen que el área fue incorporada por Reino Unido mediante un pacto con Países Bajos en 1814 y que Venezuela debe respetar los límites fijados por ese laudo.
Caracas, en cambio, argumenta que el vigente Acuerdo de Ginebra avala sus reclamaciones al considerar que el fallo de 1899 fue el resultado de un acuerdo político entre representantes británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, miembro del tribunal y cuyo voto resultó determinante.
Según la posición venezolana, que se remonta a su separación de la Gran Colombia en 1830, la frontera legítima está marcada por el curso del río Esequibo. Durante el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, las instituciones venezolanas designaron a un gobernador para el territorio en disputa tras los comicios legislativos celebrados en mayo de 2025.