Ceuta identifica più di 2.900 minori: quanti sono soli e cosa si deciderà giovedì

A fecha de hoy, 24 de agosto de 2026, el denominado crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta no figura aún como ley, real decreto-ley ni suplemento de crédito en tramitación parlamentaria. Se trata, según la información disponible, de una partida extraordinaria acordada políticamente por el Gobierno para financiar la atención a menores migrantes no acompañados en Ceuta, pendiente de su aprobación formal en el ámbito interadministrativo y presupuestario.

Qué se ha aprobado ya y en qué fase real está

El punto de partida es el anuncio del Gobierno de que habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, destinada a la atención de menores migrantes no acompañados:

• Según recogió el periódico Demócrata, el crédito será transferido por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que a su vez trasladará los fondos a la Ciudad Autónoma para financiar alojamiento, atención y asistencia de los menores tutelados en la crisis migratoria reciente (noticia de Demócrata).
• La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reiterado ese compromiso y ha explicado que la financiación formará parte del plan integral de acogida, en coordinación con Ceuta y con otras comunidades autónomas.

En paralelo, el propio Gobierno ha explicitado el foro en el que debe tomarse la decisión. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha sido convocada para finales de agosto con el objetivo expreso de tratar esta ayuda:

• Distintas informaciones de Demócrata indican que Gobierno y comunidades coinciden en la necesidad de un crédito extraordinario de 25 millones para Ceuta y que la Conferencia Sectorial “deberá abordar” esa partida (artículo sobre el PP y el reparto de menores).
• Otra pieza adelanta que la ministra Sira Rego presidirá la Conferencia Sectorial convocada “para aprobar la concesión de un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a Ceuta” (programación de comparecencias).

En consecuencia, el estado actual de la tramitación es el siguiente:

• El crédito extraordinario ha sido anunciado políticamente por el Gobierno y cuantificado en 25 millones.
• Se ha definido su objeto: reforzar el sistema de protección de menores en Ceuta.
• Está pendiente de aprobación formal en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de finales de agosto.
• No consta, a día de hoy, como proyecto de ley, real decreto-ley o suplemento de crédito específico registrado en Cortes; el recorrido es, por ahora, administrativo y sectorial.

Cuáles son los siguientes pasos para su aprobación

Aunque el diseño concreto puede variar, con la información disponible se puede describir el itinerario previsible para que este crédito extraordinario sea plenamente operativo:

1. Acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
   En esa reunión se someterá a las comunidades la propuesta de crédito extraordinario para Ceuta, tanto en su cuantía como en el marco general de acogida y reparto de menores. El primer hito es que la Conferencia apruebe ese acuerdo de financiación.
2. Formalización presupuestaria por el Gobierno.
   Una vez alcanzado el acuerdo sectorial, el Ministerio de Hacienda debe articular jurídicamente la operación:
   • mediante un acuerdo de Consejo de Ministros que autorice la aplicación del Fondo de Contingencia y/o la concesión del crédito extraordinario, o
   • mediante otra figura de modificación presupuestaria que habilite el crédito en favor de Juventud e Infancia y, desde ahí, la transferencia a Ceuta.
3. Publicación oficial.
   El acuerdo que concede el crédito extraordinario o fija la distribución territorial suele publicarse en el BOE (por ejemplo, como acuerdo del Consejo de Ministros o resolución del departamento competente). Esa publicación es la que da plena cobertura jurídica y publicidad al crédito.
4. Transferencia efectiva de fondos a Ceuta.
   Tras la habilitación presupuestaria, el Ministerio de Juventud e Infancia ejecuta la transferencia a la Ciudad Autónoma, conforme a lo pactado en la Sectorial (posibles hitos de justificación, plazos, destino del gasto, etc.).
5. Seguimiento y control.
   El uso de los 25 millones quedará sometido a los mecanismos habituales de justificación y control financiero, y es previsible que forme parte de las explicaciones políticas que el Gobierno está comprometiéndose a dar en el Congreso en la última semana de agosto, en las comparecencias monográficas sobre Ceuta.

Conclusión

Resumiendo: a 24 de agosto de 2026, el crédito extraordinario de 25 millones para Ceuta está comprometido políticamente, diseñado en sus líneas generales y pendiente de su aprobación formal en la Conferencia Sectorial de Infancia y de la consiguiente instrumentación presupuestaria por el Gobierno. No es todavía una norma en vigor ni un expediente concluido en Cortes, sino una medida en fase avanzada de preparación cuya activación definitiva llegará tras el acuerdo de la Sectorial, el acuerdo correspondiente del Consejo de Ministros y su publicación oficial, pasos tras los cuales Hacienda y Juventud e Infancia podrán transferir efectivamente los fondos a la Ciudad Autónoma.

Según la normativa estatal consultada, el Ministerio de Juventud e Infancia no tiene, a día de hoy, una competencia exclusiva y cerrada “en materia de menores migrantes” como tal, sino una atribución general sobre protección del menor, que se proyecta también sobre los menores de origen extranjero, mientras que las competencias de inmigración y extranjería y buena parte de la asistencia social y acogimiento recaen principalmente en otros departamentos y en las comunidades autónomas.

Norma básica que define el ámbito material del ministerio

La norma que crea y delimita el ministerio es el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE-A-2023-23537).

En el fragmento relativo al Ministerio de Juventud e Infancia, el real decreto establece literalmente:

«1. Corresponde al Ministerio de Juventud e Infancia la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de juventud y de protección del menor. 2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia.»

Esta es, hoy por hoy, la formulación legal directa más precisa de sus competencias materiales. No distingue entre menores españoles o extranjeros, por lo que, desde el punto de vista de la protección del menor, la competencia se extiende también a los menores migrantes, pero siempre en coordinación con otros niveles y departamentos.

Competencias directas del Ministerio de Juventud e Infancia

A partir de ese mandato general de “propuesta y ejecución” de la política gubernamental en materia de protección del menor, se pueden identificar como competencias propias del ministerio, relevantes para menores migrantes:

• Definición de la política estatal de infancia: dirigir la política general del Gobierno en infancia y adolescencia, incluyendo el enfoque de derechos de los menores extranjeros, acompañados o no acompañados, en coherencia con la legislación básica de protección de la infancia.
• Impulso normativo y estratégico: promover ante el Consejo de Ministros proyectos de normas, planes y estrategias estatales en materia de protección de la infancia, donde se encuadran cuestiones como la tutela, guarda y acogimiento de menores, con independencia de su nacionalidad.
• Coordinación interministerial en clave de infancia: velar porque las políticas de otros departamentos que afectan a menores (migración, interior, inclusión social, educación, sanidad, etc.) incorporen la perspectiva de derechos del niño, también tratándose de menores migrantes.
• Relación con órganos y consejos de participación infantil: por ejemplo, la regulación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia, atribuida a la Orden JUI/80/2026, de 29 de enero (BOE-A-2026-3001), en cuyo seno pueden abordarse específicamente las problemáticas de los menores migrantes.
• Gestión de subvenciones y programas en el ámbito de infancia y juventud: diversas órdenes (por ejemplo, Orden JUI/760/2025, de 10 de julio, y su modificación JUI/1530/2025) regulan subvenciones en “el ámbito de la infancia, la adolescencia y la juventud” a entidades del tercer sector (BOE-A-2025-14882 y BOE-A-2025-26842). Aunque no se refieren de forma exclusiva a menores migrantes, permiten financiar proyectos que los tengan específicamente por destinatarios.

Competencias que recaen en otros departamentos o niveles

La atención a menores migrantes se articula sobre un reparto competencial más amplio:

• Inmigración y extranjería: las potestades sobre entrada, estancia, autorización de residencia y retorno corresponden al Estado en materia de extranjería y migraciones, ejercidas fundamentalmente a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio del Interior. Así se refleja, por ejemplo, en resoluciones como la de 18 de junio de 2025 de la Secretaría de Estado de Migraciones sobre el programa «Vacaciones en Paz 2025» (BOE-A-2025-12606).
• Protección social y acogimiento material: la organización y gestión ordinaria de los sistemas de protección de menores (centros, acogimiento, asistencia social) recae principalmente en las comunidades autónomas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 43/2025, de 12 de febrero (BOE-A-2025-5740) se refiere justamente a la interacción entre “competencias sobre inmigración, extranjería y asistencia social” en el caso de menores extranjeros no acompañados en Canarias, dejando claro que la función protectora no puede excluir a los menores migrantes interceptados en costa o rescatados en el mar.
• Inclusión y programas específicos con personas extranjeras: acuerdos sucesivos del Ministerio de Inclusión con la Organización Internacional para las Migraciones (por ejemplo, BOE-A-2023-26100 y BOE-A-2025-1387) muestran que la ejecución de programas de reasentamiento, retorno, movilidad laboral e inclusión social de personas extranjeras –incluyendo familias con menores– está atribuida principalmente a ese departamento.

Síntesis

En términos estrictamente legales, el Ministerio de Juventud e Infancia tiene una competencia genérica: “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de… protección del menor” (Real Decreto 829/2023). Esa competencia se aplica también a los menores migrantes, pero:

• no gestiona directamente la política de extranjería ni las autorizaciones de residencia;
• no asume en solitario la acogida material y la asistencia social, que corresponden esencialmente a las comunidades autónomas;
• su papel es de diseño, impulso y coordinación de la política estatal de infancia, incluida la dimensión migratoria, y de financiación y apoyo a programas y entidades que trabajan con estos menores.

Las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta configuraron un escenario de fragmentación en el que el Partido Popular (PP) volvió a ser la fuerza dominante, pero sin mayoría absoluta, y donde la gobernabilidad depende de acuerdos con otras formaciones. Según la información disponible en las noticias recientes, el PP cuenta con 9 diputados y Vox con 4, lo que daría a ambos una “mayoría absoluta alternativa” si llegaran a pactar. El resto de los escaños se reparte entre el PSOE y las formaciones localistas Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Ceuta Ya!, aunque las fuentes consultadas no detallan con precisión el número de actas de cada una.

Resultados de las últimas elecciones autonómicas en Ceuta

Aunque las piezas periodísticas no recogen un cuadro numérico completo de votos y porcentajes, sí permiten extraer varias conclusiones claras sobre el resultado:

• Victoria del PP sin mayoría absoluta. El PP de Juan Jesús Vivas fue la lista más votada y se convirtió de nuevo en el eje de la gobernabilidad de la ciudad, pero sin alcanzar por sí solo la mayoría absoluta en la Asamblea.
• Presencia decisiva de Vox. Diversas informaciones subrayan que Vox dispone de 4 diputados y que, sumados a los 9 del PP, podrían articular una “mayoría absoluta alternativa” en la Cámara. Así lo recoge, por ejemplo, la cobertura de la crisis migratoria reciente, donde el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, reclama abiertamente un gobierno de coalición PP–Vox basándose en esa suma de escaños.
• Representación del PSOE y de fuerzas localistas. La Asamblea incluye también diputados del PSOE, del MDyC de Fátima Hamed y de Ceuta Ya!, una formación localista de izquierdas. La prensa ceutí y estatal alude de forma reiterada a estas tres fuerzas como parte del arco parlamentario y como actores clave en la investidura y estabilidad de Vivas, pero sin desglosar numéricamente sus escaños.

En conjunto, el resultado ha dado lugar a una Cámara plural donde el PP es primera fuerza, Vox dispone de un grupo relevante a la derecha y el espacio progresista y localista se articula en torno al PSOE y las marcas ceutíes MDyC y Ceuta Ya!.

Composición actual de la Asamblea y correlación de fuerzas

Desde la perspectiva política, más que por los números exactos de cada sigla (que las noticias no detallan al completo), la composición actual se entiende mejor por los bloques y acuerdos que estructuran la Asamblea:

• Gobierno de la Ciudad. La Presidencia de la Ciudad y de la Asamblea la ostenta Juan Jesús Vivas (PP), que encabeza un gobierno en minoría. El PP controla el Consejo de Gobierno, pero necesita apoyos externos para las votaciones clave.
• Apoyos parlamentarios “transversales”. Distintas crónicas describen una red de acuerdos entre el PP y parte de la oposición:
  • Se menciona que el PP mantiene “acuerdos” con el PSOE y con el MDyC, por ejemplo en la distribución de puestos institucionales (vicepresidencias de la Asamblea o del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria).
  • Estos entendimientos han permitido a Vivas sostener una línea de colaboración institucional con el Gobierno central y, al mismo tiempo, asegurarse mayorías variables en la Cámara.
• Oposición de Vox. Vox, con 4 escaños, se sitúa en la oposición y critica tanto al Gobierno central como al propio Ejecutivo de Vivas. Sus dirigentes sostienen que existe, aritméticamente, una “mayoría absoluta alternativa” PP–Vox (9+4) y exigen romper los acuerdos con PSOE y MDyC para formar un gobierno de coalición a la derecha.
• Rol del PSOE y de MDyC/Ceuta Ya!.
  • El PSOE de Ceuta combina su condición de principal fuerza progresista con una posición institucional relevante: por ejemplo, su secretario general, Miguel Ángel Pérez Triano, es delegado del Gobierno, y diputados socialistas como Melchor León ocupan cargos en la Mesa de la Asamblea.
  • MDyC y Ceuta Ya! actúan como fuerzas localistas clave, especialmente en cuestiones de convivencia, política social y gestión de la frontera. Son también un contrapeso al intento de Vox de reconfigurar la mayoría a la derecha.

A efectos prácticos, la Asamblea de Ceuta se estructura hoy en torno a tres espacios: un PP en el Gobierno y en minoría, una derecha dura representada por Vox que presiona para entrar en el Ejecutivo, y un bloque progresista-localista formado por PSOE, MDyC y Ceuta Ya!, que participa en la gobernabilidad mediante acuerdos puntuales pero también mantiene una oposición crítica a la gestión de Vivas y a las políticas del Gobierno central según los temas.

Las recientes crisis —especialmente la crisis migratoria— han puesto de relieve esta composición: la Asamblea ha sido capaz de aprobar declaraciones institucionales unánimes en defensa de la españolidad de Ceuta y de reclamar más recursos al Estado, pero al mismo tiempo los partidos discrepan de forma muy intensa sobre la orientación del Gobierno local y sobre los pactos que deberían sustentar la mayoría.