Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han rechazado abordar por ahora el posible traslado a la Península de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. Los populares reclaman al Gobierno que, antes de abrir una discusión sobre repartos entre territorios, determine con precisión cuántos menores hay actualmente en la ciudad autónoma, dónde se encuentran y cuántos permanecen fuera del sistema de protección.
El desencuentro se ha producido este jueves durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico encargado de preparar la próxima Conferencia Sectorial, prevista para el 27 de agosto y presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El Ministerio pretendía incluir en el orden del día de aquella reunión un punto específico de información y debate sobre la atención a los menores llegados a Ceuta. Los representantes de las comunidades del PP se han opuesto.
El PP exige cifras antes de hablar de traslados
Los populares sostienen que, dos semanas después de la entrada masiva desde Marruecos, el Ejecutivo todavía no ha ofrecido una radiografía suficientemente precisa de la situación.
Según argumentan, resulta el Gobierno debería poder concretar todavía cuántos menores permanecen en Ceuta, cuál es su ubicación y cuántos se encuentran desatendidos.
Los representantes autonómicos del PP consideran que no debe negociarse un sistema de reparto o traslado entre comunidades sin disponer antes de esos datos y reclaman al Ejecutivo que asuma sus responsabilidades en la identificación y protección de los menores.
El Gobierno, sin embargo, prevé volver a plantear la cuestión en la Conferencia Sectorial del próximo 27 de agosto, donde podrá someterse a votación una modificación del orden del día para introducir ese debate.
Gobierno y PP sí coinciden en los 25 millones para Ceuta
Pese al choque sobre los traslados, existe un punto de acuerdo entre el Ejecutivo central y las autonomías: la necesidad de aportar recursos extraordinarios a Ceuta para hacer frente a la presión sobre su sistema de protección de menores.
La Conferencia Sectorial deberá abordar un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a financiar la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad.
La entrada irregular registrada durante los días 30 y 31 de julio multiplicó la presión sobre una red de acogida preparada para un número de menores muy inferior.
La ministra Sira Rego ha reconocido que Ceuta atravesó una situación de "desborde", aunque el Gobierno sostiene que las administraciones están recuperando progresivamente el control.
El retorno a Marruecos, como solución prioritaria
Gobierno y PP mantienen también posiciones próximas sobre el destino final de una parte de estos menores. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Gobierno ceutí y las comunidades populares se ha situado como prioridad la reagrupación familiar y, cuando legalmente sea posible, el retorno a Marruecos.
Cualquier procedimiento deberá realizarse de manera individualizada y respetando las garantías específicas que la legislación española e internacional establece para los menores de edad.
El principal problema se encuentra, precisamente, en el periodo previo a cualquier eventual retorno. Mientras se estudia cada expediente, los menores necesitan alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, escolarización y protección administrativa.
Es en ese reparto temporal de responsabilidades donde persiste la principal discrepancia entre Gobierno y comunidades.
Miles de menores siguen pendientes de identificación
La dimensión exacta de la emergencia continúa siendo uno de los puntos más controvertidos. Alrededor de 1.500 menores ya habrían sido incorporados al sistema de protección, mientras las entidades sociales que trabajan sobre el terreno calculan que varios miles podrían continuar fuera de los recursos oficiales, aunque las cifras siguen siendo aproximadas precisamente por las dificultades para identificarlos y localizarlos.
Save the Children ha advertido de que algunos de ellos permanecen sin un lugar estable donde dormir y con un acceso limitado a servicios básicos. La organización ha alertado especialmente de la situación de los menores que se encuentran solos y de su exposición a violencia, explotación, trata o captación por redes criminales.
Asociaciones y entidades sociales de Ceuta han tenido que habilitar durante los últimos días recursos provisionales para proporcionar comida, productos de higiene y espacios de acogida.
Vox deja fuera a tres comunidades de la reunión técnica
La Comisión Sectorial de este jueves ha contado con representación de las direcciones generales de Infancia de prácticamente todas las comunidades autónomas.
No han participado Aragón, Castilla y León y Extremadura, territorios en los que las competencias relacionadas con menores están en manos de Vox y que habían adelantado su ausencia.
El verdadero pulso político queda así aplazado al 27 de agosto, cuando Gobierno y autonomías deberán votar los fondos para Ceuta y decidir si incorporan formalmente a la Conferencia Sectorial el debate sobre cómo atender y, en su caso, trasladar a los menores mientras se resuelve su situación.